Lucía Rivas Pereira
Santiago, Chile – En la madrugada del 23 de mayo de 2025, un vuelo chárter financiado por Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, trayendo de regreso a 45 chilenos deportados por incumplimiento de normativas migratorias. De ellos, 35 presentan antecedentes penales por delitos, mientras que solo 10 carecen de historial delictivo. Las autoridades chilenas han decidido mantener el listado de nombres en secreto, generando incertidumbre y especulaciones sobre las razones de las expulsiones.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que es "altamente probable" que haya más deportaciones bajo la estricta política migratoria que promueve la administración de Donald Trump.
Esta operación fue la primera gran deportación de chilenos desde que Trump comenzó su segundo mandato en enero de 2025. Según el Ministerio del Interior de Chile, las deportaciones se basaron en diversas infracciones migratorias, como la sobreestadía de visas, y en muchos casos, también por antecedentes delictivos. Los delitos incluyen robos, hurto, y violaciones a la ley de drogas. Notablemente, uno de los casos involucró actividades relacionadas con el crimen organizado.
Tres de los deportados contaban con órdenes de detención vigentes en Chile y fueron puestos a disposición de la justicia al llegar. Uno de ellos se encuentra en prisión preventiva por robo con violencia, según reportó la Policía de Investigaciones (PDI). Los otros 42 connacionales fueron liberados para reunirse con sus familias, mientras que las autoridades chilenas continuarán indagando sobre posibles vínculos con actividades delictivas.
El operativo fue coordinado entre el Gobierno chileno y las autoridades estadounidenses, involucrando el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio de Registro Civil e Identificación y la PDI. En un comunicado oficial, el Ministerio del Interior afirmó que "el retorno de los connacionales responde a la nueva política migratoria de EE. UU., que busca acelerar la expulsión de migrantes indocumentados y personas con antecedentes penales".
Los deportados también hablaron sobre malos tratos y condiciones inhumanas durante su detención en centros migratorios de EE. UU. Ricardo, un deportado, relató a la prensa que "abusan de nosotros" y "me perdieron todas mis cosas". Otro connacional, Ángel Espinoza, quien estaba detenido mientras trabajaba en una granja en Arkansas, mencionó que "me trataron como ilegal", a pesar de contar con un permiso laboral.
Los familiares de los deportados expresaron su indignación. David Gallardo, padre de Natalia Gallardo, una de las deportadas, afirmó que su hija llegó en un "estado deplorable". Estas denuncias han llevado al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a indicar que la Cancillería investigará si los deportados recibieron asistencia consular adecuada.
La deportación de estos 45 chilenos refleja la política migratoria agresiva de la administración Trump, que busca expulsar a más de 11 millones de migrantes indocumentados en EE. UU. Desde su llegada al poder, Trump ha priorizado la deportación de personas con antecedentes penales, intensificando redadas contra quienes han infringido normativas migratorias, sin importar su historial.
El ministro Elizalde reiteró que es "altamente probable" que se produzcan más expulsiones de chilenos, lo que preocupa al Gobierno chileno sobre el impacto en las relaciones bilaterales y el futuro del Programa Visa Waiver, que permite la entrada a Chileños en EE. UU. sin visa por 90 días.
El fenómeno de las "lanzas internacionales", bandas chilenas dedicadas al robo de residencias de lujo en EE. UU. y Europa, ha puesto a Chile bajo un intenso escrutinio. Casos notables, como el robo de un reloj Rolex al actor Keanu Reeves en Los Ángeles, han alimentado las críticas de autoridades estadounidenses, como el alguacil Michael Bouchard, quien ha solicitado la suspensión del Visa Waiver para Chile debido al "turismo delictual".
La llegada de los deportados ha generado un intenso debate en Chile. Algunos sectores piden mayor transparencia sobre los antecedentes penales de los expulsados, mientras que otros critican la falta de apoyo consular para los connacionales en EE. UU. La decisión de mantener en secreto el listado de nombres ha generado desconfianza y alimentado especulaciones en la sociedad chilena.
El Gobierno, liderado por el presidente Gabriel Boric, enfrenta el difícil desafío de equilibrar la cooperación con EE. UU. y la defensa de los derechos de sus ciudadanos. La PDI ha sido instada a investigar los vínculos de los deportados con el crimen organizado, tras las revelaciones de un connacional que admitió: "Yo estaba haciendo cosas ilegales, no miento".
La reciente deportación de 45 chilenos marca un momento crítico en las relaciones entre Chile y EE. UU. en el contexto de la política migratoria de Donald Trump, la cual ha demandado que el gobierno chileno gestione una crisis migratoria inversa. Este episodio, inédito desde el regreso de Trump al poder, comienza a evidenciar las vulnerabilidades de los ciudadanos chilenos en el extranjero, así como los desafíos que enfrenta Gabriel Boric para mantener un delicado equilibrio entre la cooperación internacional y la protección de sus ciudadanos.
La decisión de mantener el listado de nombres de los deportados en secreto podría ser una estrategia del gobierno chileno para evitar un posible escándalo público. Sin embargo, esta opacidad podría resultar contraproducente, aumentando la desconfianza y limitando la capacidad de la sociedad civil para exigir rendición de cuentas. La revelación de que 35 de los 45 deportados tienen antecedentes penales refuerza percepciones de que Chile está lidiando con un problema estructural de turismo delictual, lo que podría comprometer su participación en el Programa Visa Waiver.
El pronunciamiento de Elizalde sobre la probabilidad de más deportaciones sugiere que el gobierno anticipa un aumento en las tensiones con EE. UU. La administración Trump ha mostrado poco interés en diferenciar entre migrantes indocumentados y aquellos con permisos en trámite, como en el caso de Ángel Espinoza, quien fue tratado como ilegal a pesar de tener un permiso laboral. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de la asistencia consular chilena y la capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores para proteger a sus ciudadanos en un ambiente hostil.
Desde una perspectiva política, el Gobierno de Boric enfrenta un dilema: debe colaborar con EE. UU. para proteger acuerdos importantes como el Visa Waiver, al tiempo que responde a las críticas sobre la falta de apoyo a sus ciudadanos deportados. La investigación anunciada sobre las denuncias de malos tratos es un paso positivo, aunque su efectividad dependerá de la rapidez y la transparencia en la implementación.
Este caso resalta también la necesidad urgente de abordar el crimen organizado transnacional y la importancia de desmantelar las redes de "lanzas internacionales". La colaboración con agencias como el FBI podría ser esencial para evitar que Chile sea estigmatizado como un país exportador de delincuencia.
En conclusión, Chile enfrenta una situación particularmente delicada. La gestión de las deportaciones y las relaciones con EE. UU. demandarán un enfoque activo que combine diplomacia, transparencia y acciones concretas contra el crimen organizado. De lo contrario, el país no solo podría enfrentar la pérdida de beneficios migratorios, sino también un daño duradero a su reputación internacional.
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