Elena Carvajal Gorosábel
Los parlamentarios Karen Medina y Roberto Arroyo han oficiado a diversas autoridades nacionales para solicitar información sobre la incautación de 40 toneladas de ácido clorhídrico, un precursor químico clave en la fabricación de drogas sintéticas, y para proponer mejoras en los sistemas de inteligencia y control de sustancias químicas en el país. Reiteraron la necesidad de establecer estrategias efectivas contra el crimen organizado y de coordinarse con países vecinos.
Recientemente, funcionarios de Aduanas informaron sobre el hallazgo de este peligroso cargamento en el Puerto San Vicente, proveniente del Puerto del Callao en Perú y destinado a Bolivia. La operación, liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos a través de la SACFI, ha despertado alarmas sobre la posible existencia de redes criminales que utilizan territorio chileno para el tráfico de sustancias químicas esenciales para la producción de metanfetaminas.
La diputada Karen Medina reconoció la actuación de las autoridades, pero enfatizó la necesidad de reforzar los sistemas de trazabilidad. "Es preocupante que Chile esté siendo usado como corredor químico por mafias internacionales. Esto no es solo un problema de salud pública, sino una amenaza directa del crimen organizado", apuntó.
Además, Medina cuestionó si se han actualizado los protocolos de fiscalización para el transporte de químicos y si el Plan Nacional contra el Crimen Organizado incluye medidas concretas para combatir este tráfico. También demandó información sobre los cargamentos similares detectados en los últimos años.
El diputado Roberto Arroyo apoyó vehementemente el reclamo y subrayó la falta de transparencia pública sobre las rutas de transporte de estos productos. "Este no es un caso aislado. Estas organizaciones están utilizando nuestros puertos y carreteras para mover insumos que terminan en drogas que destruyen vidas. Necesitamos claridad sobre la frecuencia de estos incidentes y las medidas de prevención que se están adoptando", declaró.
Ambos legisladores coincidieron en que es crucial una mayor articulación interinstitucional en Chile y con agencias de países como Perú y Bolivia, para frenar el tráfico de precursores químicos. También solicitaron información acerca de los resultados de laboratorio, los agentes involucrados en el operativo y la existencia de cooperación internacional en la materia.
"Las drogas sintéticas representan una amenaza creciente. Si no controlamos el tráfico de sus componentes, la situación se volverá inmanejable. Por eso exigimos información detallada, medidas preventivas y acciones inmediatas", concluyó Arroyo.
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