Elena Carvajal Gorosábel
En un contexto de creciente preocupación por la defensa de los derechos humanos en Chile, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos han presentado este miércoles en Santiago un recurso de protección contra el diputado Johannes Kaiser, tras sus polémicas declaraciones apoyando un posible golpe de Estado en el país. Durante una entrevista en el programa "De Frente", el parlamentario desató la indignación general al afirmar que "sin duda" respaldaría una acción militar si se replicaran las condiciones que llevaron al derrocamiento de Salvador Allende en 1973, lo cual fue calificado como un acto de incitación a la violencia.
Las manifestaciones de Kaiser son consideradas por muchos —especialmente organizaciones de derechos humanos— como una "incitación descarada a la violencia". Las críticas no tardaron en llegar desde diversos sectores políticos y sociales, quienes recalcaron la gravedad de trivializar el horror vivido durante la dictadura militar.
El abogado de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, se expresó al respecto: “No podemos aceptar que alguien esté incitando a un nuevo golpe de Estado en Chile, con todas las consecuencias que ello implica.” Gutiérrez recordó que las palabras de Kaiser tienen el potencial de profundizar las heridas aún abiertas en una sociedad que aún busca justicia por las víctimas de tortura, detenidos desaparecidos e ejecutados políticos.
La dictadura de Pinochet, que comenzó en 1973, dejó un legado de dolor que todavía persiste en Chile. Más de 3,000 personas fueron asesinadas y miles más fueron víctimas de torturas, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. A pesar de que han pasado décadas, la memoria de estas atrocidades sigue siendo un tema sensible, fundamental para la construcción de un país más justo y en paz.
Kaiser no solo mencionó su apoyo a un golpe de Estado, sino que también sugirió la proscripción del Partido Comunista de Chile, aludiendo a supuestos vínculos con organizaciones armadas. En este sentido, sus declaraciones no solo atentan contra los derechos individuales, sino que también pueden incitar a la división social en una nación que ha buscado, durante años, reconciliarse con su pasado.
Gaby Rivera, presidenta de la AFDD, hizo un llamado a la ciudadanía chilena: “Nadie puede seguir mancillando los nombres de nuestros compañeros y familiares. El repudio debe ser colectivo. No se puede aceptar que un diputado... incite a la violencia”. Su mensaje resuena con fuerza en la sociedad chilena, que se esfuerza por no repetir los errores del pasado.
Ante estas inquietantes declaraciones, el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones busca proteger el derecho al honor de las víctimas y sus familias. La intención es clara: frenar la normalización de la violencia política y recordarle a la sociedad que el horror vivido debe ser una lección, no un antecedente para futuras amenazas.
El dirigente de ex presos políticos, Miguel Retamal, advirtió que este tipo de discursos “no solo vulneran la memoria de las víctimas, sino que ponen en riesgo el pacto democrático que el país ha intentado construir durante décadas”. Su declaración subraya la necesidad de que todos los sectores sociales y políticos se pronuncien en contra de la violencia.
Por otro lado, Rivera también hizo hincapié en que, aunque la administración del presidente Gabriel Boric ha realizado avances en la búsqueda de detenidos desaparecidos, es indispensable establecer un marco legal que garantice que no se repitan estos horrores. “Se necesita una ley que garantice que nunca más en Chile tengamos detenidos desaparecidos...”, afirmó.
La decisión de recurrir a la justicia por parte de las agrupaciones de derechos humanos no solo busca sancionar a Kaiser, sino que también busca generar un espacio de reflexión en la sociedad chilena sobre la importancia de respetar la memoria histórica. La lucha por los derechos humanos continúa, y cada voz cuenta en el camino hacia un Chile más justo.
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