Diego Arenas
En una decisión que ha generado controversia y debate en el ámbito político peruano, el Tribunal Constitucional de Perú anunció este martes la suspensión de todas las investigaciones judiciales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte. La resolución establece que estos expedientes permanecerán congelados hasta que Boluarte culmine su mandato, el 28 de julio de 2026. La determinación ha sido interpretada como un respaldo a la autoridad presidencial, a pesar de las críticas y el contexto de denuncias que enfrenta la mandataria.
El Tribunal Constitucional argumentó que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante el ejercicio de su función, salvo en casos específicos que permiten la destitución. Esto se incluye en el artículo 117 de la Constitución peruana, que menciona como motivos de destitución la traición a la patria, la disolución indebida del Congreso o la impedimento de elecciones.
Dina Boluarte se encuentra bajo escrutinio por varias acusaciones. Entre ellas, se incluye su presunta responsabilidad en las muertes de al menos 59 personas durante las protestas posteriores a su ascenso al poder, tras la detención de Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado. Otras indagaciones abarcan presuntos delitos de corrupción, incluyendo el caso denominado "Rolexgate", donde se le acusa de haber recibido regalos de lujo a cambio de favores políticos.
Además, Boluarte ha sido criticada por no haber informado sobre su estado de salud tras someterse a procedimientos estéticos. También es investigada por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, de donde es oriunda.
El Tribunal, compuesto por siete magistrados, adoptó esta decisión con cinco votos a favor. En su resolución, se destacó que "se protege la institución presidencial de toda intromisión o perturbación que incida sobre el desempeño regular del cargo". Adicionalmente, los jueces enfatizaron que el régimen de inmunidad no busca resguardar a la persona del presidente, sino la autoridad inherente a su función pública.
La decisión del Tribunal ha suscitado críticas de varios sectores. Desde su llegada al poder, Boluarte ha visto su popularidad desplomarse, alcanzando niveles de aceptación de solo un 3%, de acuerdo con encuestas recientes. A pesar de esto, ha mantenido el apoyo de ciertas fuerzas conservadoras en el Congreso, que han obstruido el avance de denuncias en su contra, archivando las solicitudes para levantar su inmunidad.
En declaraciones recientes, la presidenta del Tribunal, Luz Pacheco, afirmó que la resolución no está centrada en la figura de Boluarte, sino que "está pensada para cualquier que ejerza la Presidencia de Perú". Este punto es crucial, dado el contexto político en el que varios presidentes han enfrentado acusaciones durante sus mandatos.
El fallo del Tribunal no solo afecta a la presidenta actual. De haberse dado un tratamiento diferente a la inmunidad presidencial, Pedro Castillo podría haber permanecido al frente del gobierno a pesar de las acusaciones de corrupción que lo llevaron a su destitución. Esto plantea interrogantes sobre la impunidad y las reglas del juego político en Perú.
Boluarte, que se encuentra en su último año de mandato, deberá enfrentar elecciones en la primera mitad de 2024. La continuación de su gobierno y el futuro de Perú dependerán en gran medida de cómo navegue el clima político, las protestas sociales y la creciente insatisfacción de la ciudadanía.
La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de suspender las investigaciones contra Dina Boluarte hasta el final de su mandato es significativa y tiene repercusiones tanto políticas como sociales. Aunque la medida busca proteger la autoridad presidencial, también abre la puerta a un debate profundo sobre la justicia, la impunidad y la responsabilidad de los líderes en el contexto peruano. La resolución podría interpretarse como una oportunidad para que Boluarte estabilice su gobierno, pero también se presenta como un desafío para la democracia en el país.
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