El caso tiene una dimensión que excede la trayectoria de un banquero. Ueno era la principal pieza financiera de un conglomerado de 28 empresas, con miles de trabajadores y presencia en sectores que iban desde la tecnología hasta los medios de comunicación. Su expansión coincidió con el crecimiento de los depósitos estatales y con los vínculos empresariales que mantuvo el entonces presidente Santiago Peña con el grupo controlador.
De una empresa familiar a un conglomerado de 28 sociedades
La trayectoria de Vázquez está vinculada a dos historias empresariales familiares. Por la rama materna, su abuelo Miguel Jacobo Villasanti había iniciado un taller mecánico en Asunción en 1945, antecedente de negocios relacionados con el sector automotor. Por el lado paterno, su padre, Víctor Hugo Vázquez, fundó Credicentro en 1984, una financiera orientada a los créditos de consumo y a pequeños emprendedores.
Federico Vázquez comenzó a participar en el negocio familiar durante su adolescencia. En 2014 asumió el control de Credicentro y posteriormente impulsó una estrategia de expansión hacia los servicios financieros digitales, la tecnología y otras actividades. Su perfil público combinó una imagen de empresario innovador con una narrativa de continuidad generacional: él mismo se describió como un heredero que construía sobre el trabajo de sus antecesores.
La transformación decisiva llegó en 2021, cuando el Grupo Vázquez adquirió el paquete mayoritario de Financiera El Comercio, una institución con antecedentes que se remontaban a 1976. El Banco Central del Paraguay autorizó la operación en septiembre de ese año. La nueva marca, ueno, comenzó a operar en febrero de 2022, de acuerdo con la memoria anual de la propia entidad.
La cronología importa porque permite distinguir el origen de la institución de la etapa empresarial que la llevó a convertirse en un banco de gran alcance. Ueno no nació desde cero en 2023, como podría sugerir una lectura simplificada de su expansión: fue el resultado de la adquisición de una financiera existente, su transformación digital y, posteriormente, una operación de integración bancaria.
En 2024, Ueno concretó la fusión por absorción de Visión Banco. La operación amplió su escala y le permitió posicionarse entre las entidades con mayor cantidad de clientes y tarjetas del mercado paraguayo. El crecimiento se apoyó en una estrategia de digitalización, una extensa red de centros de experiencia y una fuerte exposición publicitaria, que incluyó el patrocinio de la selección nacional de fútbol.
El banco como centro de un imperio empresarial
Según una investigación de Revista Mercado citada por Emol, el Grupo Vázquez llegó a reunir 28 empresas en seis áreas de negocio y a emplear a más de 6.000 personas. El conglomerado tenía participación en seguros, tecnología, comercio electrónico, inversiones agropecuarias, actividades inmobiliarias y medios de comunicación, entre ellos La Tribuna y Crónica.
La dimensión del grupo ayuda a entender por qué la crisis bancaria amenaza con extenderse a otros sectores. El problema no se limita a una entidad que perdió solvencia: Ueno representaba una pieza central de la estructura financiera y económica del conglomerado. Emol consignó que el banco aportaba cerca del 59% del EBITDA del grupo, indicador que mide el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
La composición accionaria publicada en abril, también citada por Emol, atribuía a Vázquez el 75,94% del capital y el 94,02% de los derechos de voto. La diferencia entre participación económica y control de votos muestra una concentración relevante de poder dentro de la estructura societaria. Sin embargo, el alcance de las responsabilidades por las operaciones investigadas debe determinarse a partir de documentos y decisiones judiciales, no solamente de la posición accionaria.
La valoración que el banco habría alcanzado a comienzos de 2026, cercana a US$500 millones, también debe leerse con cautela. Se trataba de una estimación previa al deterioro de sus indicadores y no de un valor realizable después de iniciada la resolución. La diferencia entre valoración empresarial y patrimonio efectivamente recuperable será una de las cuestiones que deberán aclarar los interventores.
Los préstamos vinculados que encendieron las alarmas
El núcleo financiero de la investigación está en las operaciones de crédito concedidas a sociedades relacionadas con el Grupo Vázquez. Un informe de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas del Banco Central, fechado el 8 de junio de 2026 y divulgado posteriormente por ABC Color, describió desembolsos hacia tres compañías: Mowi, Grupo Hendy y Grupo M.
Según ese documento, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 Ueno habría desembolsado alrededor de US$146 millones a esas tres sociedades. La cifra acumulaba operaciones realizadas durante siete meses y equivalía al 35% del patrimonio efectivo del banco utilizado como referencia en el análisis periodístico. Los créditos habrían sido concedidos mediante préstamos y sobregiros, algunos sin garantías reales y con documentación que los supervisores cuestionaron.
El informe identificó además un problema con los límites prudenciales para operaciones con partes vinculadas. A abril de 2026, el patrimonio efectivo del banco se estimaba en unos US$410 millones. Con ese parámetro, el límite agregado de exposición crediticia señalado por ABC era de aproximadamente US$82 millones, mientras que el saldo adeudado por las tres sociedades alcanzaba unos US$123 millones.
Es importante distinguir ambas cifras: los US$146 millones corresponden a desembolsos acumulados en el período examinado, mientras que los US$123 millones representan el saldo pendiente que se reportaba a abril. No son magnitudes intercambiables. La diferencia resulta fundamental para evitar presentar como deuda vigente todo el dinero que circuló durante esos meses.
El mismo análisis supervisor describió movimientos de fondos desde las sociedades prestatarias hacia otras empresas del conglomerado. Esa circulación es relevante porque puede dificultar la identificación del destino económico final de los recursos y la evaluación de la capacidad real de pago de cada deudor. La Fiscalía investiga precisamente posibles irregularidades en préstamos, transferencias entre sociedades y operaciones que podrían haber comprometido el patrimonio del banco.
La dimensión política: depósitos públicos y vínculos empresariales
La crisis adquirió una dimensión institucional cuando se conoció el volumen de recursos públicos que Ueno administraba. Según los antecedentes divulgados por ABC Color y recogidos por Emol, los depósitos estatales en la entidad pasaron de menos de US$100 millones en enero de 2024 a más de US$800 millones durante el gobierno de Peña. La cifra representaba alrededor de una quinta parte de los depósitos estatales en el sistema bancario, según esos reportes.
El dato exige una lectura precisa. Que organismos públicos depositen fondos en una entidad privada no demuestra, por sí solo, que haya existido una intervención política irregular. Para establecer responsabilidades se necesita reconstruir qué instituciones tomaron las decisiones, bajo qué criterios de rentabilidad y riesgo, qué autorizaciones existieron y si se respetaron las normas de administración de recursos públicos.
La controversia se profundizó por la relación empresarial que Peña mantuvo con el Grupo Vázquez. Reuters informó que el mandatario había sido accionista de una sociedad vinculada al grupo hasta marzo de 2025, aunque no era accionista directo de Ueno Bank. Peña sostuvo que se había desprendido de su participación y negó haber cometido irregularidades. La investigación deberá determinar si existieron conflictos de interés y si los vínculos tuvieron alguna incidencia en decisiones estatales o regulatorias.
Otro foco de cuestionamiento fue Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central y había dirigido anteriormente una empresa financiera vinculada al entorno empresarial de Ueno. Carvallo presentó su renuncia el 3 de noviembre, a petición de Peña, cuando el regulador ya había iniciado el procedimiento de resolución. La coincidencia entre su trayectoria previa y su posterior responsabilidad supervisora abrió interrogantes sobre la independencia institucional, aunque no constituye por sí misma prueba de una conducta ilegal.
La intervención y el desplome de la solvencia
El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central del Paraguay resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La autoridad explicó que, después de ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización, el índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida se comunicó oficialmente el 3 de noviembre y activó los mecanismos legales para proteger a los depositantes.
La resolución no equivale a una declaración judicial de fraude ni determina automáticamente la responsabilidad de sus accionistas o ejecutivos. Es un procedimiento administrativo destinado a enfrentar la situación patrimonial de una entidad financiera, preservar sus activos y ordenar el tratamiento de sus obligaciones. La investigación penal, por su parte, debe establecer si hubo delitos y quiénes participaron en ellos.
La Fiscalía imputó a 27 personas en el caso. Entre ellas figura Vázquez, quien fue enviado a prisión preventiva junto con otros exdirectivos. La decisión judicial responde a una medida cautelar dentro de un proceso en curso: no existe una condena contra el empresario. Su defensa solicitó una medida menos gravosa y ofreció inmuebles como caución, pero el juez consideró insuficientes las garantías presentadas en los términos propuestos.
Los ahorristas y el costo de la crisis
El impacto inmediato se trasladó a los clientes que perdieron acceso normal a sus cuentas y ahorros. El Banco Central informó que el régimen ordinario de garantía de depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona y por entidad, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes según el valor comunicado por el organismo. La cobertura no se multiplica por el número de cuentas que tenga cada depositante.
El Congreso aprobó una modificación legal para anticipar parte de esa garantía. La norma sancionada el 4 de noviembre estableció un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por depositante, con compensación de las deudas vencidas que mantuviera con el banco. El Banco Central anunció que la primera etapa priorizaría a clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con la entidad y con una cuenta habilitada en otro banco o financiera.
El asesor financiero Amílcar Ferreira afirmó, según la entrevista recogida por Emol, que el 97% de los depositantes recuperaría la totalidad de sus ahorros. Esa estimación no debe confundirse con una garantía de recuperación inmediata para todos los clientes: los plazos, los saldos superiores a la cobertura y la disponibilidad efectiva de activos dependerán del procedimiento y de las reglas aplicables.
Las preguntas que todavía debe responder el caso Ueno
El derrumbe también tuvo consecuencias políticas. Santiago Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre, en medio del avance de un proceso de juicio político y de la pérdida de respaldo dentro de su propio partido. La crisis bancaria terminó convirtiéndose en una crisis de Gobierno porque puso bajo escrutinio simultáneo los vínculos empresariales del mandatario, la supervisión financiera y la administración de recursos públicos.
Pero la salida de Peña no resuelve las preguntas de fondo. Los interventores deberán establecer el valor real de los activos, la calidad de la cartera de créditos y las posibilidades de recuperación de los préstamos otorgados a sociedades vinculadas. La Fiscalía tendrá que reconstruir las decisiones de los directivos, las transferencias entre empresas y el eventual conocimiento que tuvieron los distintos responsables.
También será necesario determinar por qué las alertas supervisoras de junio y agosto no evitaron que el deterioro llegara a un punto crítico en noviembre. El Banco Central ha sostenido que se trata de un caso particular y no de una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo. Esa afirmación deberá contrastarse con la revisión de los controles aplicados, los tiempos de reacción y la exposición de otras entidades a operaciones similares.
La historia de Federico Vázquez es, en ese sentido, más que el ascenso y la caída de un empresario. Expone los riesgos de un modelo en el que una entidad financiera se convierte en el principal soporte de un grupo diversificado y, al mismo tiempo, concentra operaciones crediticias con sociedades de su propio entorno. El desenlace dependerá de si la investigación logra establecer responsabilidades individuales y de si Paraguay puede demostrar que sus mecanismos de supervisión funcionan con independencia, incluso cuando los intereses involucrados alcanzan a los niveles más altos del poder económico y político.
Nuestras redes Sociales