La solicitud llegó después de que el Parlamento rechazara tramitar su renuncia y decidiera continuar con el proceso de destitución. Peña permanece formalmente en la Presidencia, mientras el Senado debe resolver si concede el tiempo adicional o mantiene el calendario previsto para juzgar las acusaciones vinculadas al colapso de la entidad financiera.
Una notificación nocturna y un expediente de 300 fojas
En una carta dirigida al presidente del Congreso, Basilio Núñez, Peña afirmó que recibió la notificación para formular su defensa a las 22:15 del jueves 5 de noviembre. La audiencia ante el Senado estaba programada para las 10:00 del viernes, lo que dejaba menos de 12 horas para revisar los antecedentes, organizar su equipo jurídico y preparar una respuesta.
El documento remitido al mandatario incluía un libelo acusatorio de 15 páginas y anexos que, según su presentación, sumaban aproximadamente 300 fojas. Peña sostuvo que ese plazo no permitía ejercer adecuadamente su derecho a defensa y solicitó formalmente una extensión de 72 horas.
En la carta argumentó que, al tratarse de un procedimiento que puede terminar con una sanción institucional, deben respetarse garantías básicas del debido proceso. También señaló la necesidad de contar con tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y analizar los antecedentes presentados por los legisladores acusadores.
La controversia no es menor. La discusión ya no se limita a las acusaciones políticas contra el mandatario: también involucra la legitimidad del procedimiento que podría separarlo del cargo. Una decisión cuestionada por falta de garantías podría convertirse en un nuevo foco de conflicto jurídico e institucional.
El Congreso rechazó la renuncia y mantuvo abierto el juicio político
La solicitud de prórroga se produjo después de una secuencia de decisiones parlamentarias que dejó a Peña en una situación institucional excepcional. El jueves, mientras la Cámara de Diputados debatía la acusación constitucional, el mandatario anunció públicamente su renuncia. Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y resolvió continuar con el juicio político.
La renuncia había sido presentada en medio de la pérdida de respaldo dentro del Partido Colorado, la misma organización política que llevó a Peña al poder. El apoyo de Horacio Cartes, principal referente partidario y expresidente, al proceso de acusación terminó de mostrar que el conflicto había dejado de ser exclusivamente una iniciativa de la oposición.
La decisión de no aceptar la dimisión también tiene consecuencias jurídicas. Si Peña abandonara la Presidencia mediante una renuncia aceptada, se abriría el mecanismo de sucesión correspondiente al vicepresidente Pedro Alliana. En cambio, si el Senado lo declara culpable en el juicio político, la separación del cargo tendría otro fundamento constitucional y efectos distintos.
La oposición ha sostenido que completar el juicio es importante para evitar que la salida voluntaria de Peña le permita conservar las prerrogativas que corresponden a los expresidentes. Entre ellas está la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, con el régimen de inmunidades asociado a esa condición. Esa interpretación forma parte de la disputa política y jurídica que rodea la renuncia.
Qué establece la Constitución paraguaya
El procedimiento está regulado por el artículo 225 de la Constitución Nacional. La norma establece que el presidente puede ser sometido a juicio político por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio del cargo o delitos comunes. La Cámara de Diputados formula la acusación y el Senado actúa como órgano juzgador.
La Constitución exige una mayoría de dos tercios en Diputados para formular la acusación y una mayoría absoluta de dos tercios en el Senado para declarar culpable al acusado. La sanción del juicio político tiene como efecto la separación del cargo. Cuando existen hechos que podrían constituir delitos, los antecedentes deben remitirse a la justicia ordinaria.
El texto constitucional establece las competencias de ambas cámaras y las mayorías necesarias, pero no desarrolla un calendario detallado para cada etapa ni fija expresamente un plazo de 72 horas para preparar la defensa presidencial. Esa ausencia explica parte de la controversia: el Congreso debe organizar el procedimiento sin desconocer las garantías que corresponden a quien enfrenta una sanción de esta naturaleza.
El punto jurídico central es determinar si el tiempo concedido resulta razonable frente al volumen de los antecedentes y la complejidad de las acusaciones. La rapidez parlamentaria no elimina la obligación de respetar el derecho a defensa; al mismo tiempo, la solicitud de una prórroga no implica que el Senado esté obligado automáticamente a conceder exactamente el plazo requerido.
El antecedente de Fernando Lugo y el riesgo de cuestionamientos internacionales
El proceso también reabre el debate sobre el precedente de Fernando Lugo, destituido en junio de 2012 mediante un juicio político que generó cuestionamientos nacionales e internacionales por la velocidad del procedimiento. La controversia sobre las garantías de defensa de Lugo se convirtió en un antecedente inevitable cada vez que Paraguay utiliza este mecanismo constitucional contra un presidente.
La comparación tiene límites. Los procedimientos, las acusaciones y las circunstancias políticas no son idénticos. Sin embargo, el antecedente muestra que la discusión sobre el debido proceso puede trascender el ámbito parlamentario y terminar en instancias internacionales. El presidente del Congreso, Basilio Núñez, reconoció públicamente la importancia de evitar que el trámite actual genere cuestionamientos posteriores.
La referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no significa que exista una resolución internacional que invalide automáticamente el proceso contra Peña. El caso de Lugo y las discusiones sobre garantías judiciales constituyen un marco de advertencia institucional, no una sentencia anticipada sobre la legalidad del procedimiento actual.
Ueno Bank: el origen de la crisis que llegó al Congreso
El juicio político tiene como detonante la intervención y resolución de Ueno Bank, entidad que llegó a atender a cerca de tres millones de clientes y que mantenía importantes depósitos de organismos públicos. El Banco Central de Paraguay informó que, después de ajustes en los estados financieros durante el proceso de regularización, el índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La crisis adquirió dimensión política por los vínculos empresariales que Peña mantuvo con el entorno del banco y por el volumen de recursos públicos depositados en la entidad. El mandatario había tenido participación accionaria en una sociedad relacionada con el grupo controlador, aunque sostuvo que se desprendió de ella en marzo de 2025.
Las acusaciones parlamentarias apuntan a posibles conflictos de interés, fallas de supervisión y decisiones relacionadas con la colocación de fondos públicos. Esas imputaciones deben distinguirse de los hechos que ya constató el regulador y de las responsabilidades penales que deberá establecer la Fiscalía. La apertura del juicio político no equivale a una condena judicial.
La crisis también provocó investigaciones penales sobre la administración de la entidad, las operaciones crediticias y la actuación de funcionarios y ejecutivos. La Fiscalía anunció tres líneas de investigación relacionadas con el caso, incluidas denuncias que involucran a Peña y a otras autoridades. El presidente ha señalado que colaborará con las investigaciones.
La decisión sobre la prórroga puede cambiar el calendario político
Al momento de publicarse la información de Emol, el Senado debía resolver la solicitud de 72 horas. El titular del Congreso había señalado que consultaría con los líderes de bancada y no descartaba volver a convocar una sesión bicameral para tratar la renuncia, que había quedado sin resolución por falta de cuórum.
La alternativa de conceder la prórroga permitiría ampliar el tiempo de preparación de la defensa y podría desplazar el calendario previsto para el juzgamiento. Rechazarla mantendría el cronograma parlamentario, pero dejaría abierta la discusión sobre si el plazo ofrecido fue suficiente para responder a un expediente de esa extensión.
La decisión también tendrá un efecto político. Una postergación puede reducir la presión inmediata sobre la defensa presidencial, pero prolongaría la incertidumbre sobre la continuidad de Peña y la sucesión. Mantener el calendario, por su parte, aceleraría la definición parlamentaria, aunque exigiría justificar con especial cuidado las condiciones en que se desarrolla el procedimiento.
Una crisis con dos escenarios de responsabilidad
El caso paraguayo tiene dos planos que no deben confundirse. El primero es político: el Senado debe determinar si las conductas atribuidas a Peña constituyen mal desempeño de sus funciones y si corresponde separarlo del cargo. El segundo es penal: la Fiscalía debe investigar si hubo delitos y quiénes podrían ser responsables de ellos.
La decisión sobre la prórroga no resolverá ninguno de esos dos asuntos de fondo. Sí puede determinar si el juicio político avanza con condiciones de defensa suficientes y si la resolución parlamentaria queda expuesta a cuestionamientos posteriores. En una crisis que ya comprometió la confianza en el sistema financiero y en los organismos de supervisión, la legitimidad del procedimiento adquiere una importancia adicional.
El desenlace dependerá tanto de las pruebas sobre el caso Ueno como de la capacidad del Congreso para conducir un proceso constitucional sin convertir la urgencia política en una justificación para reducir garantías. Paraguay enfrenta así una doble exigencia: establecer responsabilidades por el colapso financiero y asegurar que la respuesta institucional se ajuste a las reglas que el propio Estado reconoce como obligatorias.
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