El problema detrás del 62,2%: productos cuya seguridad no puede verificarse fácilmente
El dato que concentra la atención es el resultado obtenido en la categoría de cosméticos. Estos productos estaban presentes en el 94,3% de los establecimientos visitados y, entre los locales que los comercializaban, un 62,2% no exhibía certificación del Instituto de Salud Pública (ISP). A ello se suma que el 43,9% no contaba con información en español.
La distinción es importante: el levantamiento registró la ausencia de documentación o acreditación visible durante la observación. No significa que todos los productos encontrados en esos establecimientos carezcan de autorización sanitaria ni que se haya demostrado que sean peligrosos. Para determinar una infracción se requiere verificar los registros correspondientes y las condiciones específicas de comercialización.
Sin embargo, la falta de información representa un problema concreto para los consumidores. Cuando un cosmético no permite identificar claramente su registro sanitario, fabricante, importador, ingredientes o instrucciones, resulta más difícil comprobar su procedencia y conocer las condiciones bajo las cuales debe utilizarse.
La regulación chilena establece que los cosméticos deben contar con registro sanitario previo a su comercialización. El ISP también exige que los productos importados cumplan los procedimientos correspondientes para su ingreso y distribución. Por tanto, la discusión no se limita a la presentación del envase: involucra la trazabilidad de las mercancías y la responsabilidad de quienes las introducen al mercado.
Productos de limpieza, electrónicos y juguetes: las otras alertas del estudio
Las deficiencias identificadas por la CNC tampoco se concentran exclusivamente en los cosméticos. En los artículos de limpieza, el 77,8% de los establecimientos evaluados no presentaba el rotulado conforme a la norma NCh 1477/2003. Se trata de productos que pueden involucrar sustancias químicas y que requieren información adecuada para su manipulación, almacenamiento y utilización.
En los artículos electrónicos, el 51,4% de los locales no mostraba el código QR de certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Otro 34,7% carecía de información en español. La ausencia del sello visible impide que el consumidor compruebe fácilmente la certificación del producto mediante el mecanismo dispuesto por la autoridad.
La situación también alcanza a los juguetes. Estos artículos estaban disponibles en el 96,6% de los establecimientos observados. Sin embargo, el 38,1% de los locales no presentaba información en español y el 42,9% carecía de instrucciones o manuales de uso.
La combinación de estos resultados revela una dificultad transversal: el consumidor puede encontrar una amplia variedad de mercancías y precios, pero no necesariamente dispone de toda la información necesaria para evaluar su seguridad, procedencia y condiciones de utilización.
Las diferencias regionales abren otro frente de preocupación
Uno de los aspectos menos visibles del informe es la distancia entre Santiago y las otras regiones incluidas en la investigación. En los establecimientos de la Región Metropolitana, el 69,2% disponía de instrucciones o manuales para juguetes. Fuera de la capital, esa proporción descendía al 37,5%, una diferencia de 31,7 puntos porcentuales.
La brecha también aparece en los productos electrónicos. En Santiago, el 80,4% de los locales contaba con instrucciones, frente al 42,3% registrado en regiones. En alimentos, la presencia de resolución sanitaria alcanzaba el 79,1% en la capital y el 58,3% en los establecimientos ubicados fuera de ella.
Los datos sugieren que las condiciones de información y acreditación observadas no son homogéneas en el territorio. Aunque el estudio no permite determinar por qué se producen esas diferencias, sí plantea la necesidad de examinar la cobertura de las inspecciones y la capacidad de seguimiento de las autoridades regionales.
La situación de las patentes municipales refuerza esa preocupación. En la comuna de Santiago, el 47% de los establecimientos visitados exhibía su patente a la vista. En Tarapacá y Valparaíso, la proporción llegaba al 20%. En Biobío, La Araucanía y Los Lagos no se observó patente visible en ninguno de los establecimientos examinados.
Es necesario distinguir entre no exhibir una patente y no contar con ella. La observación del estudio no permite establecer automáticamente que esos establecimientos operaban sin autorización municipal. Sí evidencia una dificultad de identificación comercial que merece ser revisada por los municipios competentes.
Boletas y formalidad: el otro problema que detectó la CNC
El estudio también examinó el comportamiento de los establecimientos frente a las obligaciones de documentación de las ventas. Para ello, los investigadores realizaron compras directas en efectivo y observaron transacciones de terceros.
En las 87 compras directas efectuadas por el equipo investigador, el 14,9% no recibió inicialmente boleta o comprobante. El hallazgo adquiere relevancia porque la documentación de las operaciones permite respaldar las compras y facilita el ejercicio de los derechos de los consumidores.
Sin embargo, el informe también identifica una diferencia importante: en Biobío, La Araucanía y Los Lagos, todas las compras de terceros observadas recibieron documentos de venta, pese a que ninguno de los establecimientos evaluados exhibía patente municipal.
Este resultado demuestra que la formalidad comercial no puede evaluarse mediante un solo indicador. Un local puede emitir boletas y, al mismo tiempo, presentar dificultades para acreditar públicamente sus permisos o cumplir con las exigencias aplicables a determinados productos.
En materia de autenticidad, el 17,2% de los establecimientos presentaba productos de marcas conocidas cuya originalidad no podía determinarse visualmente. En otro 4,6% se observaron artículos clasificados como claramente no originales. La CNC advierte que estos antecedentes requieren verificaciones especializadas antes de establecer eventuales falsificaciones.
La fiscalización del Estado y las responsabilidades pendientes
El estudio vuelve a poner en primer plano la coordinación entre organismos públicos. La supervisión de este comercio no depende de una sola institución, porque los productos que se venden están sujetos a regulaciones diferentes según su naturaleza y los riesgos asociados.
El ISP tiene competencias sobre la regulación sanitaria de los cosméticos; la SEC interviene en la certificación de productos eléctricos y de combustibles; el SERNAC fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación de protección al consumidor. A su vez, los municipios tienen atribuciones relacionadas con las patentes comerciales y el Servicio de Impuestos Internos debe velar por el cumplimiento tributario.
La propia CNC plantea que estas instituciones deben compartir información y desarrollar operativos coordinados. El presidente del gremio, José Pakomio, sostuvo que es necesario reforzar los controles y verificar técnicamente las deficiencias detectadas, especialmente en las categorías asociadas a la salud y seguridad.
El planteamiento adquiere mayor relevancia porque el SERNAC ya había anunciado, el 25 de junio de 2026, una fiscalización nacional de más de 50 establecimientos de este tipo. El organismo informó que revisaría aspectos como la exhibición de precios, el rotulado en castellano, la garantía legal y la presencia del sello SEC.
Por eso, uno de los antecedentes que todavía requiere mayor desarrollo es el resultado de esas inspecciones: cuántos locales fueron fiscalizados efectivamente, qué infracciones se acreditaron, qué medidas se adoptaron y cuántos establecimientos corrigieron sus incumplimientos. El nuevo estudio de la CNC no responde por sí mismo esas preguntas.
Un antecedente de 2025 y los límites de la comparación
La investigación de noviembre de 2026 no es el primer levantamiento de la CNC sobre este fenómeno. En octubre de 2025, el gremio había publicado un estudio que examinó 62 establecimientos en cuatro regiones. En aquella oportunidad también identificó deficiencias en certificaciones, rotulado, patentes y documentación tributaria.
En el trabajo anterior, solo el 67% de los locales que comercializaban cosméticos exhibía certificación ISP, mientras que el cumplimiento del rotulado de artículos de limpieza llegaba al 23%. En el nuevo levantamiento, los resultados muestran nuevamente brechas importantes en esas categorías.
Sin embargo, no corresponde interpretar directamente las diferencias como una evolución nacional del incumplimiento. Las investigaciones utilizaron muestras distintas, incorporaron territorios diferentes y no constituyen una medición estadística representativa del universo completo de malls chinos en Chile.
El trabajo de campo de 2026 fue desarrollado por Ekhos entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre. Sus resultados describen los establecimientos y transacciones observados, por lo que deben utilizarse como señales para orientar las inspecciones y no como una estimación automática de la situación de todos los comercios de esta categoría.
La pregunta de fondo: quién garantiza que los productos cumplen la ley
La expansión de los malls chinos responde a un modelo comercial basado en una oferta diversificada, disponibilidad de productos y precios competitivos. Su presencia se ha convertido en parte del paisaje comercial de distintas ciudades, pero su crecimiento también exige que las obligaciones regulatorias se apliquen con el mismo estándar que al resto del comercio.
El problema no es el origen de los propietarios ni la procedencia extranjera de las mercancías. La cuestión es si cada producto cuenta con las autorizaciones correspondientes, si el consumidor recibe información suficiente y si los establecimientos cumplen sus obligaciones tributarias, sanitarias y comerciales.
La evidencia presentada por la CNC plantea un desafío que va más allá de aumentar las inspecciones ocasionales. Se necesita comprobar los incumplimientos, identificar a los responsables de la importación y distribución, aplicar las medidas que correspondan y verificar posteriormente que las deficiencias hayan sido corregidas.
El siguiente paso decisivo será conocer los resultados de la fiscalización estatal y determinar si los organismos involucrados están trabajando con información compartida. Mientras no exista esa trazabilidad, el consumidor seguirá enfrentando dificultades para verificar qué compra y bajo qué condiciones se comercializa. La discusión ya no consiste solamente en cuántos malls chinos existen, sino en la capacidad del Estado para garantizar que todos los actores del comercio operen bajo las mismas reglas.
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