42.100 toneladas que nunca debieron aparecer como producción
La dimensión del caso quedó expuesta el 5 de noviembre, durante una junta extraordinaria de accionistas convocada para revisar las irregularidades y conocer los avances de las investigaciones. El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, informó que los antecedentes disponibles apuntaban a 24.000 toneladas incorporadas irregularmente en 2024 y otras 18.100 toneladas en 2025.
La suma alcanza 42.100 toneladas de cobre fino. No se trata necesariamente de mineral físicamente inexistente, sino de material cuya contabilización como producción terminada o cuya incorporación a los registros corporativos no correspondía a las condiciones exigidas por los procedimientos internos. En parte del caso, una misma cantidad de material habría sido registrada por más de una división.
La distinción es fundamental para comprender el mecanismo investigado. En minería, la producción reportada no depende exclusivamente de extraer mineral de un yacimiento. También exige cumplir criterios técnicos y metalúrgicos que permitan determinar cuándo un material puede reconocerse como producto terminado y contabilizarse como cobre producido.
La investigación apunta a dos problemas que deben analizarse separadamente: el reconocimiento improcedente de materiales que todavía necesitaban procesamiento y las eventuales duplicidades entre divisiones. Ambos afectaron la confiabilidad de los registros, pero no necesariamente responden a una misma operación ni a idénticos responsables.
Dos investigaciones que terminaron convergiendo
El primer antecedente público relevante se conoció el 20 de mayo de 2026, cuando Codelco informó los resultados de una auditoría interna sobre el reconocimiento de producción correspondiente a 2025. La revisión identificó 20.000 toneladas métricas de cobre fino asociadas a óxidos de Chuquicamata y otras 6.875 toneladas vinculadas a arsenito de calcio de Ministro Hales.
El problema, según la propia estatal, era que esos materiales requerían procesamiento posterior y no cumplían completamente las condiciones establecidas por la normativa interna para clasificarlos como productos terminados. Debían permanecer registrados como productos en proceso.
La auditoría también identificó uso improcedente de normas de excepción, deficiencias en aprobaciones obligatorias y efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos. La empresa informó entonces que había determinado responsabilidades individuales respecto de siete ejecutivos y un exejecutivo, y que resolvió despedir a uno de ellos mientras aplicaba amonestaciones a otros involucrados.
En esa primera etapa, Codelco sostuvo que los hallazgos no obligaban a modificar los estados financieros auditados al cierre de 2025, aunque sí requerían aclaraciones sobre las cifras de producción comunicadas públicamente.
La segunda línea de investigación adquirió mayor dimensión el 6 de octubre. El directorio informó nuevos antecedentes sobre posibles duplicidades en la contabilización de producción entre las divisiones Salvador y Ministro Hales. La hipótesis examinada era que un mismo material habría sido registrado como producción por más de una unidad operacional.
La empresa entregó esos antecedentes al Ministerio Público y encargó una auditoría forense a EY para establecer la magnitud de las duplicidades, sus causas, las responsabilidades involucradas y sus eventuales consecuencias económicas. Paralelamente, KPMG recibió el encargo de revisar la producción de todas las divisiones durante 2024 y 2025.
Los despidos y la dimensión ejecutiva del caso
El 29 de octubre, Codelco anunció la desvinculación de ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador, además de Casa Matriz. La medida fue adoptada después de que el directorio conociera nuevos antecedentes derivados de las investigaciones internas y externas.
Entre los cargos afectados se encontraban el gerente general de División Salvador, el gerente corporativo de Recursos Mineros y Desarrollo de Casa Matriz y los responsables de esa misma área en las divisiones Ministro Hales, Salvador y Chuquicamata. También fueron desvinculados responsables de valorización metalúrgica, operaciones de fundición y calidad y balance metalúrgico.
La cifra de nueve desvinculaciones que aparece en el debate público requiere una precisión: el grupo de ocho informado el 29 de octubre se suma al ejecutivo despedido en mayo por la primera investigación. Son dos etapas de medidas disciplinarias, no nueve despidos anunciados simultáneamente en octubre.
La salida de responsables de distintas áreas revela que el problema no se limitaba a una operación aislada. Los cargos afectados estaban vinculados a procesos de reconocimiento, consolidación, control y reporte de la producción, lo que abre interrogantes sobre la forma en que la información operacional llegaba desde las divisiones hasta la administración central.
El eventual impacto de US$140 millones y los incentivos económicos
Uno de los antecedentes más delicados conocidos durante la junta de accionistas fue la dimensión económica de las duplicidades. Codelco informó que estas habrían incrementado artificialmente los inventarios en 15.200 toneladas de cobre fino, con un impacto preliminar estimado entre US$120 millones y US$140 millones.
Esta cifra no debe confundirse con las 42.100 toneladas de producción irregular. La primera corresponde al volumen asociado a las duplicidades que incrementaron los inventarios y al eventual efecto económico que los auditores financieros están precisando. La segunda representa el total preliminar de las distintas irregularidades identificadas en los reportes de ambos ejercicios.
La diferencia importa porque evita presentar como pérdida efectiva de dinero todo el volumen de producción contabilizado incorrectamente. El impacto patrimonial definitivo dependerá de la valorización de los inventarios, los ajustes contables que correspondan y la determinación de eventuales perjuicios.
Existe, además, otra consecuencia que podría ampliar el alcance de las investigaciones: los registros irregulares habrían alterado el cálculo de los incentivos variables de trabajadores y ejecutivos. Si las metas de producción se utilizaron para determinar remuneraciones variables o bonos, las cifras artificialmente incrementadas podrían haber generado pagos superiores a los que correspondían.
La estatal informó que las cantidades definitivas todavía no estaban determinadas y que se evaluaba la recuperación de eventuales pagos en exceso. Esto convierte la revisión de los incentivos en una dimensión especialmente sensible, porque obliga a establecer quiénes recibieron beneficios, bajo qué reglas y con qué información se calcularon.
El problema de gobernanza: quién debía controlar los registros
Más allá de las desvinculaciones, el caso compromete la capacidad de supervisión de la empresa. La información de producción atraviesa distintas instancias técnicas y administrativas antes de consolidarse como resultado corporativo. Por ello, la pregunta central no es únicamente quién ingresó un dato incorrecto, sino también qué controles permitieron que permaneciera en los registros.
Durante la junta extraordinaria, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionó la actuación de los niveles superiores de administración. Según relató, el directorio había formulado preguntas sobre las inconsistencias, pero recibió respuestas que descartaban la existencia de problemas.
El secretario de Estado calificó el episodio como un engaño producido en los niveles superiores de la línea administrativa. Sus declaraciones elevaron la discusión desde el ámbito técnico hacia las responsabilidades de conducción y supervisión de la estatal.
El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, sostuvo que la compañía debía modificar una cultura excesivamente concentrada en cumplir metas de toneladas producidas. A su juicio, los indicadores deben reflejar la capacidad operacional efectiva y no estar condicionados por presiones para mejorar los cierres anuales.
La directora Tamara Agnic, presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, reconoció que esclarecer los hechos implica costos institucionales y reputacionales. La junta, por su parte, solicitó continuar las investigaciones, determinar responsabilidades y evaluar eventuales cambios en el diseño de la gobernanza corporativa.
El contexto financiero y el desafío de recuperar la confianza
La controversia se produce en un momento complejo para la principal minera estatal chilena. Codelco informó en marzo de 2026 que su producción propia de cobre fino alcanzó 1.334.445 toneladas durante 2025, frente a 1.328.000 toneladas aproximadamente en 2024. El incremento fue cercano al 0,5%, según las cifras corporativas publicadas antes de conocerse todos los ajustes derivados de las auditorías.
Las 42.100 toneladas ahora cuestionadas equivalen aproximadamente al 1,6% de la producción propia acumulada que la empresa había informado para ambos años. La comparación sirve para dimensionar el fenómeno, aunque no significa que toda esa cantidad corresponda a inventarios físicamente inexistentes ni que represente una pérdida económica equivalente.
La dimensión institucional también importa porque Codelco es una empresa estratégica para Chile y una fuente relevante de ingresos fiscales. En 2025 reportó un EBITDA de US$6.670 millones, utilidades consolidadas por US$2.423 millones y aportes al Fisco por US$1.778 millones.
En la junta del 5 de noviembre, Quiroz respaldó las medidas del directorio y recordó que el Estado había capitalizado el 100% de las utilidades del último ejercicio para fortalecer la posición financiera de la corporación y permitir el desarrollo de sus inversiones prioritarias. Ese respaldo supone, al mismo tiempo, mayores exigencias de disciplina financiera y transparencia.
Auditorías, Ministerio Público y cambios que todavía deben demostrarse
La respuesta de Codelco contempla actualizar los estándares de balance metalúrgico, fortalecer los controles de inventarios y mejorar la verificación de la información que se consolida desde las divisiones. El objetivo declarado es que cada tonelada reportada tenga respaldo técnico y documental comprobable.
Sin embargo, la aplicación de nuevas normas internas no resuelve por sí sola las preguntas sobre las responsabilidades individuales ni los eventuales efectos patrimoniales. La auditoría de KPMG debe completar la revisión de los registros de producción, mientras EY debe profundizar específicamente en las duplicidades y sus consecuencias.
También está pendiente conocer los resultados de las investigaciones de los organismos competentes. La entrega de antecedentes al Ministerio Público no equivale a una condena ni permite afirmar que todos los ejecutivos desvinculados hayan cometido delitos. Las responsabilidades administrativas, laborales, civiles y penales deben establecerse mediante procedimientos correspondientes y evidencia verificable.
La verdadera prueba para Codelco
El caso deja al descubierto una vulnerabilidad que supera las cifras de producción: la confianza en los sistemas que permiten administrar y controlar una empresa estatal de la magnitud de Codelco. La existencia de registros improcedentes durante dos ejercicios obliga a revisar cómo se construían los indicadores, quién los validaba y por qué las alertas no impidieron su consolidación.
La nueva administración enfrenta así una doble exigencia. Debe determinar qué ocurrió durante 2024 y 2025 y, al mismo tiempo, demostrar que los cambios anunciados pueden prevenir nuevas irregularidades. La recuperación de eventuales perjuicios y la revisión de los incentivos serán parte de esa evaluación.
El desenlace no dependerá solamente de cuántos ejecutivos salieron de la compañía. La prueba institucional será establecer responsabilidades con evidencia, transparentar los ajustes económicos y asegurar que las cifras futuras representen efectivamente el cobre producido. En una empresa cuyo desempeño compromete inversiones, ingresos fiscales y expectativas económicas nacionales, la confiabilidad de cada tonelada reportada constituye una obligación de gestión y rendición de cuentas.
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