Harold Mayne-Nicholls viajó a fines de julio de 2024 a los Juegos Olímpicos de París con dos colaboradores y pasajes pagados por la Corporación Santiago 2023. En un oficio al Instituto Nacional de Deportes atribuyó el viaje a París Santiago 2023 a una instrucción del entonces presidente Gabriel Boric, dada el 4 de julio en La Moneda. La actual administración de José Antonio Kast examina ese desembolso dentro de una denuncia penal por $23.727 millones observados.
Contexto y desglose del hecho principal
Los Panamericanos y Parapanamericanos terminaron en noviembre de 2023. Ocho meses después, el director ejecutivo de la corporación organizadora se instaló en Francia. Lorena Castillo, entonces directora subrogante del IND, le pidió objeto y justificación. Mayne-Nicholls respondió el 14 de agosto de 2024.
El oficio reserva cita una reunión en Palacio con la subsecretaria Gabriela Illanes. El dirigente escribió que el Primer Mandatario ordenó que Santiago 2023 estuviera presente en París “en coordinación con el Ministerio del Deporte”. Enmarcó la gira en una “estrategia de legado” para el alto rendimiento y el Team Chile.
La agenda que él mismo enumeró mezcla diplomacia menor y gestión comercial. Presentó un libro de fotografías en la Embajada. Asistió a dos recepciones, una de ellas para 14 carabineros destacados en los Juegos. Entró como auditor a un foro de la Unesco. Se reunió con GL Events, proveedora francesa de infraestructura temporal con la que existía un diferendo contractual.
Mayne-Nicholls añadió una entrevista con Radio Televisión Española, condicionada —dijo— a que el diálogo ocurriera en París y no por videollamada. Contactado esta semana, declinó hablar. El documento interno que revisan los abogados del gobierno de Kast objeta viajes al extranjero, compra de libros y venta de charlas a empresas después del cierre deportivo.
«En reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, efectuada el 4 de julio de 2024 en el Palacio de La Moneda, y en presencia de la subsecretaria de Deportes, Gabriela Illanes Riquelme, recibí la instrucción del Primer Mandatario.»
Análisis de datos y cifras clave
El Ministerio del Deporte presentó el 24 de agosto denuncia ante la Fiscalía por el manejo financiero de la corporación. El IND rechazó partidas por $23.727 millones y exigió su reintegro. De $320.439 millones transferidos, se rindieron $295.846 millones. El 6% observado no es un saldo menor: equivale a casi un año de presupuesto ordinario de varias federaciones juntas.
La Tercera precisó que el 94% de las rendiciones fue aprobado. Ese porcentaje no cierra el expediente. Quedan 236 demandas laborales y tres juicios con proveedores. Las indemnizaciones por despidos de honorarios se acercan a $1.600 millones. La corporación debió iniciar liquidación a los 12 meses del evento; pidió prórroga hasta noviembre de 2025 y aún opera con agente liquidador.
Comparado con Lima 2019, Santiago concentró más transferencias fiscales en menos tiempo y bajo una figura privada sin fines de lucro alimentada por el IND. Contraloría ya había objetado, en 2023, decenas de miles de millones sin aclarar. El patrón se repite: rendir no es lo mismo que aprobar, y aprobar el 94% deja un 6% del tamaño de un ministerio pequeño.
- Transferencias totales a la corporación: $320.439 millones.
- Monto rendido: $295.846 millones.
- Partidas rechazadas y con orden de reintegro: $23.727 millones.
- Pagos en exceso a FAST Engenharia: 5,629 millones de dólares.
- Demandas laborales abiertas: 236.
- Viaje a París: fines de julio de 2024, tres personas, fondos públicos, ocho meses después de los Juegos.
El capítulo FAST suma un perjuicio distinto al viaje. La denuncia afirma que se aplicó IVA de 19% cuando correspondía 15% (1,089 millones de dólares) y que otros 4,540 millones se pagaron de más. Junto a $790 millones ligados a una compra masiva de divisas, el cuadro deja el pasaje a París como pieza menor de un inventario mayor.
Impacto a nivel institucional o gubernamental
El ministro Francisco Riveros argumentó obligación institucional, no revancha. Kast asumió el 11 de marzo. Su administración hereda una corporación que debió apagarse en noviembre de 2024 y sigue viva por juicios y rendiciones. El IND, ente pagador, pasó de socio a denunciante.
Una instrucción presidencial verbal, si se acredita, no convierte en automático el gasto. La Ley de Presupuestos y los convenios de transferencia exigen pertinencia con el objeto social. Un libro de fotografías en embajada y una entrevista condicionada al desplazamiento físico tensionan ese test cuando la entidad ya estaba en fase de cierre.
Diputados de la Comisión de Deportes pidieron investigación “caiga quien caiga”. El expediente mezcla dos planos que la Fiscalía deberá separar: la legalidad del viaje de 2024 y el universo de $23.727 millones observados en 2023-2024. Confundirlos beneficia a quien quiera diluir responsabilidades y a quien quiera convertir cada pasaje en prueba de un saqueo.
La visión de los medios y las reacciones internacionales
Como adelantó Ex-Ante al publicar el oficio reservado, la novedad no es que Mayne-Nicholls viajó: es que atribuyó la orden a Boric por escrito. En contraste con la cobertura de La Tercera, centrada en el 6% rechazado y en el liquidador, BioBioChile desmenuzó la denuncia penal: viáticos sin respaldo, contrataciones advertidas, estatutos no inscritos y un posible conflicto en la liquidación.
Cifras de transferencias coinciden con el rastreo histórico de El País sobre las primeras auditorías de Contraloría, cuando el saldo sin aclarar superaba los 46 millones de dólares antes incluso de que se encendiera el pebetero. El viaje a París no aparece en esos informes de 2023. Aparece ahora, cuando el gobierno cambió de signo y el Mindep eligió la vía penal.
Mayne-Nicholls fue después candidato presidencial independiente. Esa biografía posterior no altera el oficio de 2024. Sí altera la lectura política: cada peso objetado se leerá como expediente de gestión y como munición de campaña diferida. La Fiscalía no está obligada a esa lectura. Está obligada a los comprobantes.
Lo que dicen los documentos oficiales
El comunicado del Ministerio del Deporte habla de rendiciones rechazadas, perjuicios patrimoniales eventuales y administración de la liquidación. No nombra a Boric ni el vuelo a París. Ese silencio ministerial deja el oficio de Mayne-Nicholls como la única pieza que ata el viaje a una orden de La Moneda.
Los convenios de transferencia del Instituto Nacional de Deportes sujetan cada peso a rendición ante un organismo público y a fiscalización de Contraloría. Viajes posteriores al objeto deportivo deben demostrar nexo con el legado o con la liquidación. Una recepción a carabineros y un libro de fotos exigen ese nexo por escrito, no por recuerdo de una reunión.
La plataforma SISREC de la Contraloría General de la República es el repositorio donde el IND aprobó el 94% y rechazó el resto. El rechazo formal de junio-julio de 2026, con orden de reintegro, transforma observaciones administrativas en pretensión pecuniaria. De ahí el salto a Fiscalía.
El Ministerio Público deberá fijar competencia —Oriente u Occidente, según el ingreso— y decidir si el viaje es gasto improcedente, delito o ruido político. Tres juicios con proveedores y 236 causas laborales seguirán su propio calendario, con audiencias ya fijadas para 2027.
«Los antecedentes que motivan esta denuncia dicen relación con rendiciones de cuentas rechazadas, decisiones financieras que habrían significado eventuales perjuicios patrimoniales para la Corporación y aspectos vinculados a la administración del proceso de liquidación.»
Proyección a corto y mediano plazo
La Fiscalía pedirá el acta de la reunión del 4 de julio de 2024. Si no existe, quedará la palabra de Mayne-Nicholls contra la de Illanes y el silencio de Boric, hoy diputado sujeto a permiso de la Cámara para salir del país. Una instrucción verbal no desaparece; se vuelve más cara de probar.
El liquidador seguirá pagando juicios mientras el IND cobra el reintegro. Ese choque de cajas puede alargar la vida jurídica de una corporación que el reglamento quería muerta hace dos años. Cada mes extra encarece honorarios y alimenta la tesis de que el “legado” fue, también, una prórroga administrativa.
Chile vuelve a postular sedes internacionales. El propio Mindep lo recordó al denunciar: el país aspira a seguir organizando. Los comités evaluadores leerán el 6% rechazado y el vuelo a París con la misma lupa con que Contraloría leyó las transferencias de 2020-2022. La marca Santiago 2023 ya no es solo medallero.
¿Basta una frase en un oficio para transformar un viaje olímpico en política de Estado, o el Estado pagó una agenda que la corporación ya no tenía mandato para financiar? La respuesta saldrá de los pasajes, de las facturas de hotel y de si alguien, en La Moneda, dejó constancia escrita de aquella orden del 4 de julio.
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