Nuevos antecedentes en un reportaje de Teletrece expondrían un presunto esquema de fraude al fisco, asociado al controvertido mecanismo denominado “cortar la cola” o “la cuota Flores”. La senadora Camila Flores, del partido Renovación Nacional, y su equipo en la Región de Valparaíso estarían directamente involucrados. Según el abogado Carlos Gajardo Pinto, quien divulgó la información en su cuenta de X (@cgajardop), mensajes de WhatsApp muestran cómo funcionarios contratados con fondos públicos eran presionados a devolver en efectivo una parte de sus salarios.

Los chats incluyen conversaciones entre “Yolanda Olfos”, parte del equipo de Flores, y un testigo reservado. En uno de ellos, Olfos menciona: “Necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?”. El testigo pregunta sobre el sueldo total, evidenciando un esquema donde se exigía que los trabajadores devolvieran dinero a la senadora. Teletrece reporta que este mecanismo contaba con el conocimiento interno del Congreso como “la cuota Flores” y los montos levantan sospechas de superar los $300 millones de pesos.

La Fiscalía de Valparaíso está en medio de una investigación por potencial fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Las asignaciones parlamentarias deben usarse exclusivamente para contratar apoyo legislativo, y cualquier desvío es considerado un delito grave. Este escándalo no es el primer contratiempo del entorno de Flores; su cuñada fue condenada en 2019 por estafa al fisco, y su esposo ha enfrentado acusaciones por conflictos de interés.

Hasta el momento, la senadora Flores, quien ha sido una figura prominente de la oposición, no ha ofrecido comentarios sobre estas alegaciones. Gajardo Pinto ha solicitado una investigación “profunda y sin miramientos”, subrayando que los WhatsApp expuestos son prueba clara del fraude.

La situación ha generado reacciones en el Congreso, donde varios parlamentarios exigen claridad sobre la investigación. Se destaca que “no puede existir impunidad en el uso de recursos fiscales”, según un legislador que decidió mantener el anonimato.

Este caso se suma a una serie de denuncias sobre el manejo indebido de asignaciones parlamentarias, lo que ha ocasionado llamados de atención por parte de organizaciones como Chile Transparente y la Contraloría, enfatizando la necesidad de una fiscalización efectiva.

La Fiscalía continúa recabando testimonios y documentación bancaria, y se anticipa que en las próximas semanas podrían surgir formalizaciones. Este medio se compromete a seguir informando sobre el desarrollo de la causa, asegurando el respeto a la presunción de inocencia hasta que las instituciones determinen responsabilidades. La gravedad de estas alegaciones exige una respuesta inmediata y total transparencia de los organismos involucrados.

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