Victor Manuel Arce Garcia
Este jueves se llevó a cabo el primer vuelo de expulsión masiva de migrantes en situación irregular bajo la administración del presidente José Antonio Kast. Un Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) partió desde Santiago, con destino a Colombia, Bolivia y Ecuador, trasladando a 40 personas. La aeronave despegó alrededor de las 7:30 horas y realizó una escala técnica en Iquique para incorporar más migrantes antes de continuar su viaje.
Según el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migraciones, el grupo estaba compuesto por aproximadamente 19 colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos. Todos los expulsados fueron escoltados por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI). Las expulsiones se basan en órdenes tanto administrativas como judiciales, y varios de los migrantes tenían antecedentes penales por delitos graves, incluyendo tráfico de drogas, robo con violencia, hurto y porte ilegal de armas.
El gobierno ha enmarcado esta acción como el inicio de una política migratoria más rigurosa, alineada con las promesas de campaña de Kast, quien ha hecho énfasis en la necesidad de reforzar el control fronterizo y acelerar los procesos de expulsión para abordar la situación de cientos de miles de migrantes en condiciones irregulares en Chile. No obstante, analistas políticos y miembros de la oposición han señalado que este vuelo fue previamente programado y presupuestado durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Funcionarios involucrados en etapas iniciales del proceso afirmaron que "la operación venía siendo preparada desde el gobierno anterior; solo se concretó ahora."
Durante la gestión de Boric, se realizaron vuelos de expulsión de menor escala, acumulando numerosas órdenes que ahora se están ejecutando. El Servicio Nacional de Migraciones había anticipado que abril sería un mes clave para reiniciar estos operativos masivos, lo que indica que el vuelo representa más una continuidad administrativa que una decisión exclusiva del nuevo gobierno.
La situación ha generado un intenso debate político. Mientras sectores oficialistas celebran esta acción como un avance hacia una política migratoria más firme, críticos argumentan que se trata de una herencia de procesos previos, subrayando que la cifra de 40 expulsados es todavía insuficiente ante el gran desafío migratorio que enfrenta el país.
El gobierno ha anunciado que proporcionará reportes quincenales sobre los avances en las expulsiones y planea realizar estos vuelos de manera regular. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por los procedimientos, exigiendo la garantía del debido proceso y las garantías constitucionales en cada caso.
Esta primera expulsión masiva se inserta en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, que también contempla la revisión y suspensión de regularizaciones masivas establecidas en la administración anterior. Fuentes gubernamentales han confirmado que se anticipa un aumento en el número de operaciones en los próximos meses.
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