Irmina Herrera
Un avance significativo para los derechos LGBTIQ+: Chile ha firmado la declaración de la Coalición por la Igualdad de Derechos (CID), un compromiso internacional que exige la derogación de leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, y promueve el apoyo a la comunidad LGBTIQ+. Este es el primer gesto positivo del gobierno de José Antonio Kast hacia la diversidad sexual.
La CID, que desde 2016 agrupa a 44 Estados, es clara en su rechazo a la criminalización de las relaciones homosexuales. Su pronunciamiento, respaldado por Chile, ha sido elogiado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Rolando Jiménez, fundador del Movilh, enfatizó la importancia de este compromiso en un contexto donde las últimas acciones de la Cancillería chilena habían sido percibidas como negativas para los derechos LGBTIQ+.
El manifiesto ha sido respaldado por 30 países de la CID, quienes expresaron su profunda preocupación por el creciente patrón de criminalización de la homosexualidad. Desde 2023, la promulgación de leyes en varios países ha intensificado las sanciones basadas en la orientación sexual, violando derechos humanos fundamentales preceptuados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La declaración sostiene que la criminalización vulnerada el principio de igualdad y exacerba la violencia y la exclusión social contra las personas LGBTIQ+. Este contexto no solo limita** el acceso a servicios esenciales**, como la salud y la justicia, sino que también contribuye a un clima de hostigamiento y discriminación.
La CID insta a todos los Estados a reconsiderar cualquier legislación que aumente las penas para relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, promoviendo así la descriminalización y el respeto pleno de los derechos humanos. La cooperación internacional también es clave para dar apoyo y protección a las personas LGBTIQ+ en riesgo, así como para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.
El compromiso de Chile, junto con el respaldo de otros Estados como Alemania, Australia, Bélgica, y España, entre otros, representa una esperanza para aquellos que luchan contra la discriminación, promoviendo un mundo donde los derechos humanos se respeten sin excepción.
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