Victor Manuel Arce Garcia
La Contraloría General de la República ha iniciado una fiscalización de oficio en La Moneda para examinar los gastos operacionales de la Oficina del Presidente Electo (OPE) y la ceremonia de cambio de mando presidencial. Este jueves, dos funcionarias de la entidad, lideradas por Dorothy Pérez, se presentaron en la Dirección Administrativa de la Presidencia alrededor de las 10:00 horas con el objetivo de verificar si los recursos utilizados por José Antonio Kast y su equipo entre enero y marzo de 2026 se ajustan a la glosa presupuestaria establecida por el gobierno de Gabriel Boric.
La indagatoria se centra en corroborar que los desembolsos en la denominada “Moneda chica” correspondan exclusivamente a lo autorizado. Entre los aspectos que se encuentran bajo escrutinio destacan posibles arriendos de oficinas financiados con partidas no adecuadas y gastos adicionales no contemplados. Además, se revisan los sueldos de 11 funcionarios de la OPE, que fueron pagados con recursos del Ejecutivo.
Fuentes de Palacio han afirmado que las remuneraciones se ejecutaron de acuerdo con la práctica habitual durante los procesos de traspaso de mando, asegurando que no existen irregularidades. "No hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo", enfatizó la Presidencia en un comunicado tras la llegada de las auditoras.
El texto oficial aclara que los pagos al personal se enmarcaron en el programa de cambio de mando, práctica recurrente en transiciones anteriores. "Respecto a los gastos en personal consignados en el Diario La Segunda ayer, estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando, gastos que se han hecho en todos los cambios de mando recientes", precisó.
En un contraste significativo, la Presidencia recordó que en 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso fue de 19, incluyendo a las entonces ministras Izkia Siches y Antonia Orellana, quienes desempeñaron funciones durante enero, febrero y marzo. Para 2026, el número se redujo a 11 personas.
Esta auditoría es de oficio, sin que haya mediado denuncia externa, y su plazo de ejecución se estima en varias semanas, según fuentes del organismo fiscalizador. La Dirección Administrativa de la Presidencia se ha comprometido a proporcionar toda la información solicitada "para el buen resultado de este cometido".
Esta fiscalización se produce en un contexto de alta sensibilidad política, a pocas semanas del cambio de mando del 11 de marzo, y pone la lupa sobre el uso de recursos fiscales durante el período de transición. Hasta el momento, ni la Contraloría ni Palacio han proporcionado detalles sobre posibles hallazgos preliminares.
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