Victor Manuel Arce Garcia
La Dirección de Presupuestos (DIPRES) aclaró este lunes el alcance de un polémico oficio circular enviado a los ministerios en el marco de la elaboración del Presupuesto 2027. Este documento había generado alarma al sugerir la revisión de 142 iniciativas estatales y la disminución de fondos para otras 260, con un impacto potencial de 5,4 billones de pesos.
El subdirector de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá, reconoció durante un seminario en la Pontificia Universidad Católica que la redacción del texto pudo haber sido imprecisa. “Quizás la palabra descontinuar es más bien reformular”, explicó. Aseguró que no se trata de suprimir políticas públicas, sino de replantear la ejecución de programas que presentan deficiencias, con el objetivo de alcanzar los mismos resultados de manera más eficaz.
“Nadie dice que hay que eliminar programas, sino que pueden ejecutarse de otra manera”, insistió Llodrá. Como ejemplo, citó el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que busca garantizar la nutrición de miles de niños y niñas. El objetivo se mantendría, pero se buscaría una herramienta más eficiente y adaptada a las necesidades actuales.
El oficio forma parte del proceso habitual de preparación presupuestaria y cada año, la DIPRES envía orientaciones a las carteras para priorizar recursos en un contexto de estrechez fiscal. Esta vez, el llamado a evaluar 142 programas dependientes de 22 ministerios desató un debate inmediato en el Congreso y en redes sociales. Organizaciones sociales y parlamentarios de diversos sectores advirtieron sobre posibles afectaciones en áreas sensibles como salud mental, prevención del suicidio, educación y protección social.
Sin embargo, desde la DIPRES se enfatiza que se encuentra en una etapa preliminar. Los ministerios aún deben responder y proponer alternativas. Ninguna decisión final ha sido tomada, y el documento no constituye un decreto de recortes. “Es una orientación para que los servicios se centren en aquellos programas que, según nuestras evaluaciones, requieren ajustes”, detalló Llodrá.
Para las familias que dependen de estas iniciativas, este matiz resulta clave. Una madre de Puente Alto que recibe apoyo del PAE para sus dos hijos expresó su alivio al conocer la aclaración: “No es lo mismo que te quiten la comida que te digan que van a mejorar cómo la entregan”. Su testimonio refleja la preocupación ciudadana que despertó la filtración del oficio.
Especialistas en políticas públicas valoran el ejercicio de racionalización, pero advierten sobre la necesidad de transparencia. “Reformular no es recortar a ciegas. Debe hacerse con evidencia y sin afectar derechos adquiridos”, señaló un analista del Centro de Estudios Públicos consultado por este medio.
El ajuste responde a un escenario fiscal marcado por menor recaudación y mayores obligaciones legales. El Gobierno busca equilibrar las cuentas sin sacrificar el núcleo de las políticas sociales. La aclaración de la DIPRES busca cerrar un capítulo de confusión y abrir uno de diálogo técnico.
Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha emitido un pronunciamiento adicional, pero fuentes cercanas indican que el proceso continuará con reuniones bilaterales para definir las propuestas definitivas que se presentarán al Congreso en los próximos meses.
En un año electoral, el manejo del gasto público vuelve a ser foco de atención. La ciudadanía espera que las decisiones, más allá de las palabras, se traduzcan en servicios públicos de mejor calidad y sin retrocesos para quienes más los necesitan.
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