Irmina Herrera
Ante el dolor que siguen generando los siniestros viales, cada gesto de apoyo es esencial. La Ley Jacinta, en honor a una pequeña víctima, avanza hacia una implementación más cercana y respetuosa con quienes más sufren. Esta normativa llega a una fase decisiva, enfocándose en el trato humano.
Junto a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) y el sector sanitario, se desarrollan protocolos de cobranza hospitalaria con un enfoque empático, especialmente sensibles cuando se trata del fallecimiento de menores. El objetivo es evitar que las familias enfrenten una segunda victimización durante su duelo. Las medidas incluyen un período de gracia de al menos 90 días antes de cualquier gestión de cobro, y capacitación en contención emocional para los equipos de cobranza.
El primer contacto con los deudos se caracterizará por un lenguaje cálido, reconociendo la pérdida y entregando información clara sobre los beneficios que otorga la ley. Las familias podrán elegir cómo y cuándo recibir las cuentas, priorizando su tranquilidad en momentos críticos.
Este esfuerzo se basa en la experiencia de centros asistenciales que ya implementaban enfoques más compasivos, buscando un protocolo práctico y realista. A su vez, se asegura el pago de indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) en un plazo máximo de siete días, un desafío asumido por las compañías aseguradoras que se supervisa de cerca.
Alberto Escobar, director ejecutivo de Conaset, destacó: “Estamos comprometidos a sensibilizar y ampliar la resonancia de esta ley. Sabemos que aborda situaciones complejas, pero contribuirá a mejorar la calidad de vida y fortalecer la protección de futuras víctimas”.
La Ley Jacinta representa un cambio estructural, duplicando las coberturas para fallecidos y lesionados graves, y elevando los estándares de responsabilidad al volante, fortaleciendo la protección social de quienes padecen las secuelas de un accidente.
Max Schnitzer, abuelo de Jacinta y uno de los impulsores de esta iniciativa, subrayó su importancia: “La Ley Jacinta no solo potencia la protección, sino que eleva los estándares de responsabilidad, permitiéndonos avanzar hacia un sistema más justo y seguro para todos”.
Este proceso se caracteriza por un trabajo colaborativo entre autoridades y prestadores de salud, con la intención de replicar esta metodología en otros ámbitos clínicos. Además, se están elaborando orientaciones para médicos sobre la aptitud de conductores con condiciones de salud que afecten su capacidad para conducir, buscando criterios uniformes a nivel nacional.
De este modo, la Ley Jacinta se transforma en más que una serie de normas; se erige como una política pública centrada en la dignidad de las personas y en ofrecer un apoyo tangible durante los momentos más vulnerables.
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