Victor Manuel Arce Garcia
La figura de Ana Victoria Quintana Olguín, actual subsecretaria de Prevención del Delito del gobierno de José Antonio Kast, se encuentra bajo la luz de los cuestionamientos tras un reportaje de Mega Investiga que desvela su pasado como abogada de un clan criminal. Antes de asumir su cargo público en 2026, Quintana representó a miembros de una organización desarticulada por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente.
La banda, conocida como “Los Emprendedores”, se componía de tres clanes familiares que operaban en el sector poniente de Santiago y otras regiones, involucrándose en robos violentos de vehículos mediante portonazos, así como en delitos como la receptación y lavado de activos. El más destacado de estos clanes era el "Clan Chago", liderado por Santiago Castro Inostroza. Este grupo se dedicaba a acumular camiones y maquinaria robada, desmantelándolos para su posterior venta a compradores conscientes de su origen ilícito. Javier Castro, hijo del líder, fundó la empresa Multitruck Spa con el fin de facilitar esta labor.
Quintana respaldó a Javier y Valentina Castro durante la formalización de cargos. Según un acta judicial, su implicación en el caso fue “exclusivamente circunstancial” y se limitó a solicitar una postergación de la audiencia a solicitud de un colega. “No mantuve ningún otro vínculo, participación o involucramiento con ese juicio”, aseguró en sus declaraciones.
El asunto se complica aún más cuando se revela que, en paralelo, Quintana defendió a un ciudadano extranjero, Benites Santillán, acusado de porte ilegal de armas. En una operación policial realizada el 27 de abril de 2023, los detectives hallaron una pistola modificada que Santillán intentó deshacerse arrojándola por la ventana. Durante la audiencia del 17 de abril de 2024, Quintana argumentó la ilegalidad del operativo, logrando que el tribunal absolviera al acusado.
Con un historial como exfiscal adjunta en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur hasta 2023, Quintana renunció a su puesto para ejercer la abogacía privada y consolidarse como una figura técnica en la lucha contra el delito. Su llegada al gobierno se produjo en un contexto de creciente inseguridad, cuya política de prevención ha sido prioritaria para la administración de Kast.
Desde la Subsecretaría se confirmaron los hechos pero subrayaron que las intervenciones de Quintana fueron puntuales. Este escándalo emerge en un momento en que el Ministerio de Seguridad, dirigido por Trinidad Steinert, enfrenta otros dilemas relacionados con la confianza pública. Expertos en materia de seguridad han señalado que esta situación resalta la delgada línea entre el derecho a defensa y la percepción ciudadana de quienes ocupan altos cargos en el ámbito de la seguridad.
Para muchas familias en el poniente de Santiago, que han padecido la violencia de los portonazos, esta revelación es desconcertante. "Es irónico que quien ahora diseña estrategias de prevención haya estado del otro lado del tribunal", expresó un residente afectado, manteniendo su anonimato.
Quintana no ha ofrecido más declaraciones aparte de su justificación inicial. Su equipo insistió en que todas las acciones se dieron antes de su nombramiento y reafirmaron su compromiso con la seguridad ciudadana. Sin embargo, este incidente revive el debate sobre la transparencia en los perfiles de quienes ocupan cargos públicos y la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de combatir el crimen.
En un país donde la inseguridad figura como la principal preocupación de los chilenos, los eventos recientes obligan a una revisión más rigurosa no solo de las credenciales de los funcionarios, sino también de la credibilidad de las instituciones.
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