Perú en Marcha: Defendiendo la libertad de prensa ante la corrupción

Con motivo del 3 de mayo, la fecha elegida mundialmente para celebrar la libertad de prensa, un conjunto heterogéneo de organizaciones civiles en Perú ha decidido convertir la conmemoración en una acción visible. Convocan a marchas pacíficas en Lima y diversas regiones para poner de relieve el preocupante uso del aparato judicial con el objetivo de obstruir el trabajo de reporteros investigadores que indagan sobre la corrupción.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y diversos colectivos de derechos humanos lideran esta iniciativa. Se trata de una acción que expresa el clamor de los profesionales del periodismo, quienes enfrentan diariamente querellas por difamación, solicitudes de interceptación de comunicaciones, y revisiones administrativas que desgastan recursos y tiempo esencial. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), Perú ha experimentado una caída alarmante en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, situándose en el puesto 130 en 2025, marcando uno de los peores retrocesos regionales.

“Cada vez que un periodista destapa un caso de malversación de fondos, surge una denuncia penal o una medida cautelar que paraliza la investigación”, señala un reportero de un medio limeño que opta por permanecer en el anonimato por temor a represalias. su experiencia se repite en otros casos; en septiembre de 2025, RSF documentó al menos ocho situaciones similares de colegas enfrentados a vigilancia y procedimientos judiciales por exponer presuntos actos de corrupción en altas esferas del poder. Uno de los casos más notorios involucra a Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, quien sigue bajo investigación penal por haber recibido información de fiscales mientras destapaba escándalos significativos.

La reciente promulgación de la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha generado nuevas tensiones. Esta normativa exige la aprobación del Ejecutivo para proyectos financiados con fondos internacionales y restringe su uso en acciones legales contra el Estado. Expertos de Human Rights Watch y la ONU advierten que esta regulación afecta severamente a medios independientes y ONGs que respaldan el periodismo de investigación. “Se trata de un mecanismo disuasivo para quienes buscan rendición de cuentas”, enfatiza el informe anual 2026 de HRW.

El evento del 3 de mayo busca dar rostro a estas preocupaciones. Participarán periodistas de regiones, quienes enfrentan riesgos elevados al cubrir extorsiones y lavado de activos en provincias. Además, se unirán familiares de comunicadores asesinados en 2025, como Gastón Medina y Raúl Célis López, quienes perdieron la vida tras informar sobre la corrupción local. Estas voces recordarán que la impunidad no solo silencia a los periodistas, sino que también deja a familias en duelo. “Defender la prensa no es un lujo; es un derecho fundamental que garantiza la transparencia en el uso de recursos públicos”, afirma un representante de la ANP durante la convocatoria.

La ruta principal de la marcha partirá del Centro de Lima hacia plazas emblemáticas, con réplicas en Arequipa, Trujillo y Cusco. Los organizadores invitan a la ciudadanía a participar de manera pacífica, portando carteles y testimonios sobre casos archivados por razones de presión.

Este esfuerzo se desarrolla en un contexto de inestabilidad política. Tras las elecciones de abril de 2026, persisten denuncias de debilitamiento de las herramientas para combatir la corrupción. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha señalado que ciertas normas aprobadas por el Congreso podrían fomentar la impunidad en delitos graves.

A su vez, UNESCO y la ONU reiteran que la libertad de prensa es un pilar esencial de la paz y la democracia. En Perú, este mensaje cobra un significado urgente: sin un periodismo libre y sin presiones, la corrupción prospera en la oscuridad, erosionando la confianza ciudadana. La convocatoria no busca la confrontación, sino el diálogo, exigiendo al Poder Judicial y al Congreso una revisión de prácticas que convierten el ejercicio informativo en un riesgo. Familias, estudiantes y activistas están listos para unirse a los reporteros, porque, como indican en las redes sociales, “la verdad duele, pero el silencio mata la democracia”.