Irmina Herrera
El Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) ha informado que la violencia contra la prensa en Chile ha aumentado un 69,4% entre 2022 y 2025, según su reciente monitoreo que documentó 424 incidentes de agresiones dirigidas a periodistas y medios. Este alarmante incremento revela una agresión promedio cada tres días, destacando un cambio en las dinámicas de violencia que se están diversificando hacia conductas más sofisticadas y digitalizadas. La evolución de estos incidentes, que pasaron de 85 casos en 2022 a 144 en 2025, pone de relieve una problemática que no solo afecta a los profesionales de la información, sino que también amenaza la libertad de expresión en el país.
El ODC señala un notable traslado de la violencia física hacia formas de hostigamiento digital y judicial. Mientras las agresiones físicas disminuyeron de 40 en 2024 a solo 17 en 2025, los discursos estigmatizantes y las agresiones verbales alcanzaron cifras récord de 46 y 45, respectivamente. Este cambio estructural responde a una mayor coordinación entre los agresores, que ahora utilizan estrategias de ataque más sutiles y prolongadas.
Con un énfasis en el contexto digital, el informe destaca que los usuarios anónimos de redes sociales fueron responsables de 113 agresiones en 2025, consolidándose como el principal tipo de agresor no estatal. En este marco, el presidente del ODC, Javier García, alertó sobre la sofisticación de las agresiones que buscan desgastar e intimidar a los periodistas, promoviendo la autocensura, especialmente en medios locales e independientes.
El estudio del ODC revela una transformación en las técnicas de hostigamiento contra la prensa. Aunque las agresiones físicas continúan siendo significativas, su disminución contrasta con un aumento notable en la violencia digital y judicial. Las mujeres periodistas, en particular, enfrentan un nivel desproporcionado de hostilidad en el entorno digital, lo que agrava aún más el impacto psicológico y profesional.
Javier García afirma que estos hallazgos son cruciales para mejorar la visibilidad de las vulneraciones y que sin datos no es posible abordar políticas públicas efectivas para la protección de la prensa.
La alarma que generan estos datos plantea serias preguntas sobre la salud de la democracia en Chile. La creciente estimulación de intimidación física o digital no solo cuestiona la libertad de expresión, sino que también plantea riesgos para la integridad de la información pública. El trabajo del ODC es fundamental para traducir estos datos en acciones concretas, contribuyendo a la discusión sobre las condiciones necesarias para un ejercicio periodístico seguro y efectivo.
Las cifras del informe ODC nos instan a reflexionar: ¿Qué tan lejos puede llegar una sociedad tolerante hacia la violencia sistemática sin que afecte a sus principios democráticos? La respuesta dependerá del compromiso de las instituciones y la sociedad civil para abordar este desafío de manera efectiva.
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