Victor Manuel Arce Garcia
La titular de Ciencia intervino vía videollamada desde Estados Unidos, a pesar de encontrarse haciendo uso de un permiso administrativo regular. Juristas y parlamentarios advierten que, al estar con sus facultades formalmente suspendidas por el Estatuto Administrativo, a causa del permiso en asunto, la representación del ramo correspondía legalmente a la subsecretaria Carolina Rossi.
El Palacio Presidencial de Cerro Castillo fue el epicentro del cuarto Consejo de Gabinete convocado por el presidente José Antonio Kast, una cita de carácter estratégico diseñada para alinear las directrices de la "segunda fase" de la administración, tras el traumático ajuste ministerial que dejó fuera del esquema a Mara Sedini y Trinidad Steinert. Sin embargo, el cónclave —que exigió la asistencia física y presencial de la totalidad de los secretarios de Estado en la región de Valparaíso— quedó envuelto en una agria controversia jurídica y administrativa debido a la singular comparecencia telemática de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, desde el extranjero.
En este conclave de ministros, Lincolao fue la única jefa de cartera que no ocupó su lugar físico en la mesa presidencial de Viña del Mar, conectándose de forma remota desde los Estados Unidos. La anomalía de su participación no dice relación con la asistencia virtual a la cita, sino radica en que la secretaria de Estado se encuentra actualmente haciendo uso de un permiso administrativo formal, un estatus regulado por ley que, según diversos especialistas en derecho público, y en específico en derecho administrativo, la inhabilitaba temporalmente para ejercer las potestades del cargo y conducir la representación de su ministerio en instancias oficiales del Ejecutivo, mientras dure el permiso.
La controversia escaló rápidamente en los círculos de la alta dirección pública y las plataformas digitales. En la red social X, la cuenta de nuestro medio The Times Latino instaló el foco analítico de la jornada al advertir una vulneración conceptual a la arquitectura del Estado chileno: "cuando un ministro tiene permiso administrativo, el subrogante asume por el solo ministerio de la ley para garantizar la continuidad del Estado, no para que la ministra trabaje a distancia en su día libre".
La estructura del aparato estatal no opera bajo las lógicas informales de una corporación privada, sino bajo el estricto principio de legalidad que rige a los órganos de la administración pública. El análisis de esta crisis institucional se cimenta sobre tres pilares del Estatuto Administrativo (DFL N° 29 de 2004):
La suspensión de la competencia: Al decretarse formalmente un permiso administrativo, el titular se desprende temporalmente del ejercicio efectivo de su cargo. Sus potestades públicas quedan suspendidas durante el goce del beneficio, por lo que cualquier acto de gestión o representación que ejecute adolece de vicios de regularidad legal.
El imperio de la subrogación automática: Los artículos 79 y 80 de la Ley N.º 18.834 estipulan que, ante la ausencia o impedimento del titular, la subrogación opera por el solo ministerio de la ley para resguardar la continuidad del Estado.
El rol de Carolina Rossi: Tras la dimisión del exsubsecretario Rafael Araos a mediados de mayo, el propio Gobierno designó como subsecretaria a Carolina Rossi. Conforme al ordenamiento legal, era Rossi quien debió sentarse de forma presencial en Cerro Castillo para ejercer la subrogación institucional de la cartera de Ciencia, encontrándose Lincolao legalmente inhabilitada para intervenir.
El desajuste administrativo de la cartera de Ciencia empañó el esfuerzo desplegado por el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, y el subsecretario Máximo Pávez, quienes pretendían utilizar el cónclave de Cerro Castillo como una demostración de fuerza, orden estructural y disciplina de bloque ante la opinión pública antes de encarar la Cuenta Pública del 1 de junio. No obstante, debido a este error no forzado, la administración del Presidente Kast continúa cayendo en vicios por falta de conocimiento del ámbito público.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Palacio de La Moneda ni el Ministerio de Ciencia han emitido una declaración técnica que aclare el marco regulatorio bajo el cual se autorizó la conexión remota de Lincolao. La falta de vocerías institucionales sobre este flanco acrecienta la presión de las comisiones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, cuyos miembros ya adelantan que solicitarán un dictamen pronunciado de la Contraloría General de la República, para determinar la regularidad de la sesión y establecer si la obstinación de la ministra por conservar el control de la cartera desde el extranjero vulneró las leyes de subrogancia que sostienen la transparencia y la estabilidad de la administración del Estado.
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