Victor Manuel Arce Garcia
La salud pública en la balanza de la infraestructura: Camila Musante acusa "regresión sanitaria" y advierte que atajos ambientales saturarán la red asistencial
La abogada y magíster en Derecho Ambiental sostiene que suspender o dilatar las exigencias de calidad del aire bajo el pretexto de apurar las obras civiles constituye una infracción jurídica directa a compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el PIDESC. "No se puede construir un futuro habitable a costa de la respiración de sus ciudadanos", sentencia.
La tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional (Expediente 18216-05) en las dependencias del Senado ha encendido intensos debates que exceden los márgenes presupuestarios y de invariabilidad tributaria controlados por el comité político. En la trinchera técnica y regulatoria, las alarmas se concentran sobre los impactos que los mecanismos de aceleración de obras civiles e infraestructura pública podrían infligir en las matrices de protección sanitaria de la población.
Para desglosar estos nudos críticos, The Times Latino conversó en exclusiva con Camila Musante, abogada y magíster en Derecho Ambiental , quien analiza con severidad el costo invisible del diseño estatal, alertando sobre un debilitamiento flagrante de los estándares del aire en los diversos territorios del país.
— En su análisis del Plan de Reconstrucción, usted apunta a una "flexibilización silenciosa" de los estándares sanitarios. ¿Dónde radica el riesgo estructural de este diseño? — La adaptación de la institucionalidad ante escenarios de reconstrucción estructural es un desafío técnico innegable. Sin embargo, cuando la respuesta del Estado ante la catástrofe se traduce en la flexibilización silenciosa de los estándares que protegen la vida y la salud de las personas, entonces estamos retrocediendo en materia de derechos fundamentales. Suspender, modificar o dilatar las exigencias de las normas de calidad del aire y salud ambiental bajo el pretexto de acelerar proyectos de infraestructura no es agilizar el aparato público; es, simplemente, desmantelar los derechos de seguridad sanitaria que protegen la vida.
— Desde los gremios productivos se argumenta con frecuencia que estas mediciones operan como trabas burocráticas o parte de la "permisología" que frena el empleo... — El debate de fondo debe centrarse estrictamente en la gestión regulatoria y en la validez de las herramientas que el Estado despliega en los territorios. La normativa que regula los contaminantes atmosféricos y el material particulado fino no representa meros trámites de "permisología", ni son barreras burocráticas en tiempos de urgencia. Al contrario, son indicadores basados en evidencia científica para blindar la salud pública. Alterar estos umbrales implica que el aparato estatal abandona su rol de protección de la vida como primer mandato.
— Si este debilitamiento normativo avanza en el Congreso, ¿cuáles serían los efectos empíricos en las regiones chilenas? — El impacto es acumulativo y diferencial. Al suspender la rigurosidad de estas mediciones en comunas históricamente vulneradas como Quintero-Puchuncaví o Coronel, el diseño estatal anula el control de efectos sinérgicos, profundizando de manera irreversible el daño en estas macrozonas. De igual forma, en el Valle Central —en ciudades como Santiago, Rancagua o Talca—, omitir la exigencia de mitigación de polvo y emisiones de maquinaria pesada bajo el argumento de la premura constructiva condenará a la población a un estado de confinement respiratorio invernal permanente.
— El panorama en las provincias del sur ya es complejo debido al uso de la leña. ¿Qué proyecta para ese tramo geográfico? — Respecto al sur de nuestro país, desde Chiloé hasta el extremo crítico de Coyhaique, donde la combustión residencial ya mantiene índices epidemiológicos al límite —incluso reconocidos a nivel internacional—, añadir un gramo extra de material particulado sin control quebrantará la base sanitaria de comunidades enteras.
+---------------------------------------------------------------------------------+
| TRATADOS INTERNACIONALES VULNERADOS SEGÚN EL ANÁLISIS |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| • PIDESC: Infracción al Principio de No Regresión Ambiental y Progresividad. |
| • ACUERDO DE ESCAZÚ: Incumplimiento de protección prioritaria a vulnerables. |
| • CORTE IDH (Opinión Consultiva 23/17): Nexo indisoluble entre ambiente y vida. |
| • AGENDA 2030 (ONU): Quiebre de metas en los ODS 3 (Salud) y ODS 11 (Ciudades). |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Fuente: Desglose normativo de la Magíster en Derecho Ambiental, Camila Musante. |
+---------------------------------------------------------------------------------+
— Usted sostiene que esta laxitud normativa constituye una infracción jurídica directa a compromisos internacionales. ¿Cuáles son los tratados que Chile arriesga vulnerar en los tribunales del extranjero? — Desde la perspectiva del derecho ambiental internacional, esta laxitud normativa constituye una infracción jurídica directa a compromisos vinculantes ya ratificados por Chile. Al debilitar las exigencias sanitarias del aire, el Estado quebranta de forma flagrante el Principio de No Regresión Ambiental y Progresividad, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual prohíbe taxativamente dictar medidas que signifiquen un retroceso en los niveles de protección alcanzados.
Asimismo, esta política desatiende las directrices fundamentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al impacto del material particulado en la mortalidad prematura, ignorando la histórica Opinión Consultiva 23/17 de la Corte IDH, que determina el nexo indisoluble entre la degradación ambiental severa y la vulneración al derecho a la vida y a la integridad personal. Bajo el amparo del Acuerdo de Escazú, el Estado chileno está obligado a proteger de manera prioritaria a los grupos en situación de vulnerabilidad. Una reconstrucción centralizada y acelerada que subestime el impacto de la polución atmosférica no solo pasa por encima de este tratado, sino que dinamita sus propias metas de cumplimiento de la Agenda 2030, específicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 11, orientados a garantizar salud, bienestar y ciudades sostenibles.
— Los defensores del actual texto legal argumentan que el ahorro en tiempos de tramitación viabiliza la reactivación de los capitales... — Forzar la marcha de la infraestructura mediante el debilitamiento de la fiscalización ambiental es una alarmante miopía económica. Lo que el diseño actual pretende ahorrar en tiempo de tramitación medioambiental, el aparato público lo terminará pagando en el mediano plazo a través de la saturación de sus redes asistenciales de salud. Exigir el cumplimiento irrestricto de las normas de salud ambiental en cada fase del proyecto de reconstrucción no es obstaculizar el desarrollo, sino asegurar la dignidad de la política pública.
— Con la discusión instalándose en las comisiones del Senado, ¿hacia dónde debería transitar la resiliencia de las instituciones públicas? — Un diseño que recurre a la flexibilización normativa como atajo administrativo despoja al Estado de su carácter de garante. La verdadera resiliencia institucional no radica en la renuncia a los estándares ambientales vigentes, sino en la capacidad técnica de ejecutar las transformaciones que el territorio requiere de manera rápida, responsable y verdaderamente integral. No se puede construir un futuro habitable sobre la base de la ilegalidad convencional y a costa de la respiración de sus ciudadanos.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
