Irmina Herrera
El diputado del Partido Republicano Alejandro Riquelme salió a aclarar públicamente los “antecedentes falsos” que, según él, se han difundido tras la denuncia por el subsidio habitacional otorgado a su pareja Susan Chicuy Godoy. El parlamentario aseguró que al momento de la postulación en 2022 estaban separados y sin convivencia, y que el proyecto fue aprobado en 2021, antes de su ingreso a la política. El caso es investigado por la Fiscalía Regional de Magallanes y el Consejo de Defensa del Estado.
El caso se enmarca en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) presentó una denuncia por posibles irregularidades en la obtención de un subsidio habitacional en el proyecto “Estepa Austral I”, destinado al 40% más vulnerable de la población. Desde las oficinas del Congreso Nacional en Valparaíso hasta las dependencias regionales en Punta Arenas, el episodio pone en tensión la fiscalización de recursos públicos y la presunción de inocencia en un año marcado por mayor escrutinio a asignaciones habitacionales.
El historial de los actores revela que Alejandro Riquelme, militante republicano y exconsejero regional, enfrenta su primer gran cuestionamiento público desde que asumió como diputado. Fuentes cercanas al proceso que pidieron estricta reserva indican que la denuncia se originó tras una fiscalización impulsada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha enfatizado la igualdad ante la ley en el uso de subsidios. La revisión de los antecedentes muestra que el vínculo de más de 18 años entre Riquelme y Chicuy Godoy, con tres hijos en común y sociedades comerciales vigentes, ha sido central en las dudas planteadas sobre la declaración socioeconómica al momento de postular.
Según la declaración pública del diputado Riquelme difundida el 29 de mayo de 2026, el proyecto habitacional cuestionado surge de un convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda aprobado en 2021, antes de su participación como consejero regional y su posterior elección como diputado. Respecto al subsidio accedido por su pareja en 2022, el parlamentario afirmó que en ese momento estaban separados y sin convivencia, y que la evaluación fue realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu.
La información disponible indica que el Serviu de Magallanes presentó la denuncia ante la Fiscalía, que ya inició diligencias, con participación del Consejo de Defensa del Estado. Riquelme reafirmó su disposición a colaborar con la justicia y descartó cualquier irregularidad o delito. El ministro Poduje, por su parte, ha señalado que la fiscalización aplica por igual a todos los ciudadanos, sin excepciones.
Versión del diputado Riquelme: Proyecto aprobado en 2021 previo a su carrera política. Subsidio postulado en 2022 durante separación y sin convivencia. Colaborará plenamente con la investigación y respeta presunción de inocencia.
Elementos bajo investigación: Posible omisión de vínculo y situación socioeconómica en postulación al subsidio para el 40% más vulnerable en proyecto Estepa Austral I. Denuncia de Serviu Magallanes.
Datos procedentes de declaración del diputado Alejandro Riquelme, denuncia Serviu y reportes de Fiscalía Regional de Magallanes, 29 de mayo de 2026.
El sistema de subsidios habitacionales opera bajo estrictos criterios de vulnerabilidad evaluados por asistentes sociales y Serviu, con fiscalizaciones crecientes para evitar mal uso de recursos fiscales. En la fase actual del debate, el caso Riquelme ilustra las tensiones entre control de gasto público y presunción de inocencia, especialmente en un contexto donde el Ministerio de Vivienda ha intensificado revisiones ante denuncias de irregularidades. De acuerdo con los registros institucionales, este tipo de subsidios busca priorizar a familias del 40% más vulnerable, por lo que cualquier duda sobre la veracidad de declaraciones socioeconómicas activa protocolos de investigación.
Fuentes del sector consultadas bajo reserva señalan que el vínculo familiar y comercial entre Riquelme y su pareja añade complejidad al análisis, aunque el diputado insiste en la separación temporal al momento de la postulación. La revisión de los estados institucionales evidencia que casos como este suelen generar debate sobre la aplicación uniforme de la ley, tal como ha enfatizado el ministro Poduje. Tras los datos disponibles, el episodio llega en un momento sensible para el Partido Republicano, que ha hecho de la transparencia y el orden fiscal banderas centrales de su agenda.
En términos políticos, la reacción de Riquelme busca acotar el daño reputacional y reafirmar principios como la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Analistas observan que el desenlace de la investigación podría tener repercusiones en la percepción pública sobre fiscalización y probidad en Magallanes y a nivel nacional.
El recorrido comienza en 2021 con la aprobación del convenio GORE-MINVU para el proyecto Estepa Austral I. En 2022, durante el período que Riquelme califica de separación, su pareja postula y accede al subsidio tras evaluación de Serviu. En mayo de 2026, tras fiscalizaciones impulsadas por el actual gobierno, Serviu presenta denuncia ante Fiscalía. El 28 y 29 de mayo el caso gana visibilidad pública y el diputado emite su declaración desmintiendo irregularidades y aclarando el estado civil al momento de la postulación.
La secuencia temporal revela cómo un subsidio otorgado hace cuatro años resurge en medio de mayor escrutinio habitacional, convirtiéndose en foco de debate sobre transparencia en el uso de recursos públicos. Entre ambos hitos, el cambio de administración ha endurecido los controles, según declaraciones del ministro Poduje.
Queda por verse el avance de la investigación en la Fiscalía Regional de Magallanes y el resultado de las diligencias del Consejo de Defensa del Estado. La eventual responsabilidad de determinar irregularidades dependerá del análisis detallado de las declaraciones socioeconómicas y el estado civil al momento de la postulación. Fuentes cercanas al proceso advierten que, independientemente del resultado, el caso ya genera costos reputacionales que el diputado buscará mitigar mediante colaboración plena.
En la fase actual del debate, parlamentarios y autoridades regionales observan con atención el manejo del expediente. Para el sector público y operadores políticos, la predictibilidad en materia de probidad resulta clave para mantener confianza ciudadana. El historial sugiere que episodios de esta naturaleza tienden a reavivar demandas de mayor fiscalización transversal.
La estabilidad del sistema dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones para investigar con rigor técnico y respetar garantías procesales. Analistas del ecosistema político monitorean los próximos pasos, conscientes de que cada caso, por acotado que parezca, forma parte de un patrón más amplio que afecta la percepción sobre el uso de recursos fiscales en Magallanes y a lo largo del territorio nacional. La información disponible sugiere que, más allá del esclarecimiento puntual, el debate sobre subsidios habitacionales y probidad seguirá configurando la agenda pública en las próximas semanas.
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