
Modernización judicial El Poder Judicial de Chile fortalece su formación en derechos LGBTIQ+ junto al Movilh
Victor Manuel Arce Garcia
El acceso equitativo a la justicia y la erradicación de sesgos discriminatorios en las instituciones públicas constituyen pilares fundamentales para el desarrollo democrático. En línea con estos desafíos, el Poder Judicial chileno ha dado un paso significativo en la actualización de sus competencias internas en materias de diversidad y género. A través de una alianza estratégica de colaboración técnico-educativa con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), se ha llevado a cabo una serie de intensas jornadas de sensibilización orientadas a perfeccionar el trato y garantizar el pleno respeto a las garantías fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ dentro de los procesos judiciales del país.
Esta colaboración se enmarca en un despliegue general de capacitaciones que la organización civil ha implementado de forma masiva en el último mes. Estas acciones han alcanzado a múltiples estamentos de la sociedad, abarcando desde organismos pertenecientes a los poderes del Estado y ministerios sectoriales, hasta instituciones de educación superior y fundaciones privadas. El objetivo transversal de la iniciativa es unificar criterios respecto a las normativas antidiscriminatorias vigentes y promover entornos inclusivos en los espacios de atención pública.
Poder Judicial y MOVILH firman acuerdo de capacitación en derechos LGBTIQ+ para 2026
Una de las intervenciones más destacadas de este ciclo formativo se consolidó en la Corte de Apelaciones de San Miguel, un tribunal clave para la administración de justicia en la zona sur de la Región Metropolitana. El encuentro, titulado bajo la premisa de "Promoción de DD.HH. y No discriminación en espacios públicos y servicio judicial a personas LGBTIQ+", contó con la coordinación directa de la ministra Celia Catalán Romero y fue desarrollado de manera presencial el pasado 27 de mayo de 2026.
Balance de convocatoria: La jornada de sensibilización e instrucción legal en la jurisdicción de San Miguel logró convocar a un total exacto de 165 funcionarios judiciales, una cifra que incluyó a jueces, juezas y personal administrativo directo de los tribunales de la zona.
Durante la sesión de trabajo técnico, los expositores especializados del Movilh abordaron una pauta integral de contenidos esenciales para el ejercicio de la magistratura moderna. Entre los ejes conceptuales se discutieron los fundamentos sobre diversidad sexual y de género, identificando de forma precisa las expresiones directas e indirectas de la discriminación institucional. Asimismo, se realizó un exhaustivo repaso por la jurisprudencia local, las normativas nacionales de protección y los diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que resultan plenamente exigibles al Estado de Chile.
Reacciones y valoración del impacto institucional
La apertura de los tribunales de alzada a estas temáticas fue recibida de manera muy positiva por los liderazgos históricos de las organizaciones defensoras de los derechos civiles. Se destacó la importancia de que la formación en inclusión no quede relegada a manuales teóricos, sino que penetre activamente en las estructuras operativas del sistema legal.
"Valoramos profundamente que el Poder Judicial, a través de la Corte de Apelaciones de San Miguel, abra sus puertas para el debate y para ampliar el conocimiento sobre los derechos LGBTIQ+. Es una poderosa señal de un importante poder del Estado para enfrentar y prevenir la discriminación".
Estas precisiones conceptuales reafirman que la capacitación continua opera como una herramienta preventiva y correctiva de alto impacto. Al dotar a los operadores jurídicos de herramientas de análisis con enfoque de género, se disminuye sustancialmente la posibilidad de revictimización en los tribunales y se asegura que las sentencias se dicten con apego estricto a los tratados internacionales vigentes.
Despliegue educativo y sectorial a nivel nacional
El trabajo de sensibilización de la organización no se limitó de forma exclusiva al ámbito de los tribunales. En las últimas semanas, el Movilh ha articulado una red formativa que integró de forma simultánea a sectores estudiantiles, docentes y corporativos del ámbito privado y público:
- Ámbito académico internacional y nacional: El 4 de mayo se impartió formación a estudiantes y docentes de la Universidad de Richmond de Estados Unidos; el 6 de mayo en el Instituto Nacional de Capacitación Profesional (Inacap) dentro de su Feria de Bienestar Estudiantil; y el 12 de mayo en las aulas del Instituto Profesional AIEP.
- Organizaciones de apoyo social: Los equipos técnicos de la Fundación Honra y del Programa de Protección Especializado en la Reparación del Daño Asociado a Maltrato Físico y/o Psicológico y/o Agresión Sexual (PMR Rancagua 1) fueron capacitados el 7 de mayo. Asimismo, el personal del Programa de Familia de Acogida Especializada (FAE) de Pedro Aguirre Cerda, perteneciente a la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), recibió instrucción el 13 de mayo.
- Infraestructura y Ministerios Estatales: El sector técnico de la administración del Estado también formó parte del ciclo, con una jornada dirigida el 20 de mayo a los trabajadores del Departamento de Programas y Proyectos de Vialidad Urbana del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El Movilh, cuya trayectoria en la entrega de charlas de capacitación en derechos y realidad de las minorías sexuales se remonta al año 1991, se consolida con este despliegue como la entidad civil con mayor experiencia en Chile en la materia, consolidando puentes necesarios para una sociedad libre de discriminación.
Conclusión: Hacia una justicia con enfoque de diversidad
El balance del ciclo de capacitaciones de este período deja una lección institucional inequívoca: la erradicación de las barreras de discriminación requiere un compromiso activo y transversal de las agencias del Estado. La incorporación de conceptos clave sobre identidad y jurisprudencia internacional en las cortes chilenas sienta bases sólidas para un sistema normativo más empático y moderno.
Con el avance de estas iniciativas en 2026, Chile se posiciona de forma favorable en el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. La articulación permanente entre el activismo civil con experiencia técnica y los magistrados es el camino idóneo para asegurar que la igualdad ante la ley deje de ser una mera aspiración retórica y se transforme en una práctica cotidiana en favor de cada ciudadano, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.


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