Elena Carvajal Gorosábel
Este domingo 7 de junio de 2026, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez al que será el noveno presidente del país en apenas diez años. La segunda vuelta electoral refleja como pocas veces la profunda inestabilidad política que vive Perú, un país con una democracia formal pero con instituciones debilitadas, fragmentación extrema y una ciudadanía que expresa creciente desconfianza hacia la clase política.
Nueve presidentes en diez años. Esa cifra resume mejor que cualquier otra el estado de la política peruana. Desde 2016, el país ha vivido una sucesión de destituciones presidenciales, vacancias, renuncias y gobiernos interinos que han erosionado la estabilidad democrática. El próximo mandatario enfrentará no solo los desafíos económicos y de seguridad, sino la tarea titánica de reconstruir legitimidad en un sistema que muchos peruanos perciben como agotado.
La primera vuelta, celebrada en abril, dejó al descubierto la magnitud de la crisis de representación. Con 35 candidatos en liza, Keiko Fujimori avanzó con apenas alrededor del 17% de los votos válidos y Roberto Sánchez con cerca del 12%. Ninguno de los dos llega al balotaje con un respaldo mayoritario claro, lo que anticipa un mandato complejo independientemente de quién triunfe.
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, vuelve a ser protagonista central de la política peruana. Su candidatura polariza como pocas: para sus seguidores representa orden, experiencia y defensa del modelo económico de mercado; para sus detractores encarna el autoritarismo heredado y la contribución al debilitamiento institucional de los últimos años.
La heredera del fujimorismo ya ha disputado y perdido tres balotajes anteriores. Su permanencia en el centro del escenario político durante más de quince años es un fenómeno único en la región. Analistas destacan que el fujimorismo sigue siendo la fuerza política más organizada y con mayor capacidad de movilización, pero también la que genera mayor resistencia.
En esta campaña, Fujimori ha enfatizado la lucha contra la inseguridad, la defensa de la inversión privada y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre posibles derivas iliberales y el riesgo de concentración de poder en instituciones clave. Si resulta elegida, contaría probablemente con una bancada sólida en el Congreso, pero nacería con una legitimidad acotada y una oposición ya consolidada.
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, representa una izquierda que ha moderado significativamente su discurso durante la segunda vuelta. Exministro y figura menos conocida a nivel internacional, Sánchez inició su campaña con propuestas más intervencionistas, cuestionando el modelo neoliberal y abogando por una nueva Constitución. En el balotaje ha pivotado hacia posiciones pragmáticas que enfatizan la estabilidad económica, la independencia del Banco Central y la atracción de inversión.
Expertos comparan su posible trayectoria con la de Ollanta Humala, quien evolucionó hacia el centro una vez en el poder. Sin embargo, gobernar sería extremadamente complejo para Sánchez: enfrentaría un Congreso donde el fujimorismo y fuerzas conservadoras mantienen peso relevante, lo que podría convertirlo en un presidente débil obligado a tejer alianzas constantes para sobrevivir políticamente.
La fragmentación extrema del sistema político peruano no es casual. Profesores como Alonso Cárdenas, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, hablan de un “desprestigio generalizado de la clase gobernante” que abarca Congreso, Presidencia y Poder Judicial. Se trata de un proceso de implosión de la representación política que se arrastra desde hace años.
Investigadores del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), como Johanna Pieper, coinciden en que la población peruana muestra profunda insatisfacción con la política tradicional. Existe además una brecha marcada entre Lima y las regiones andinas históricamente relegadas, que alimenta tensiones sociales latentes.
Más allá de la polarización ideológica, los temas que realmente movilizan al electorado son la inseguridad, el crimen organizado, las extorsiones y el sicariato. El Estado peruano muestra presencia limitada en amplias zonas del territorio, mientras fenómenos como la minería ilegal y el narcotráfico ganan terreno.
Tanto Fujimoricomo Sánchez han colocado la lucha contra la delincuencia como prioridad. Sin embargo, analistas advierten que sin reformas profundas en el aparato de justicia y fuerzas del orden, cualquier promesa electoral corre el riesgo de diluirse rápidamente.
Perú mantiene fundamentos macroeconómicos relativamente sólidos en comparación con otros países de la región, pero enfrenta desafíos estructurales: deterioro de servicios básicos como salud y educación, dependencia de commodities y necesidad urgente de diversificar su matriz productiva.
Keiko Fujimori defiende con convicción el modelo de economía de mercado y la atracción de inversión extranjera. Roberto Sánchez, en su versión moderada para el balotaje, también prioriza la estabilidad y la inversión privada, aunque con mayor énfasis en inclusión social y presencia estatal en zonas rezagadas.
El resultado del balotaje tendrá repercusiones más allá de las fronteras peruanas. Una victoria de Fujimori probablemente fortalecería la alineación con gobiernos conservadores de la región —como los de Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador— y una relación más fluida con Washington.
Por su parte, un gobierno de Sánchez buscaría mayor cercanía con administraciones progresistas como las de Lula da Silva en Brasil o Claudia Sheinbaum en México, lo que podría generar reajustes en el tablero geopolítico sudamericano.
Independientemente del ganador, pocos observadores creen que esta elección resuelva de inmediato los problemas estructurales de Perú Los partidos políticos siguen siendo débiles y volátiles. Si la frustración social continúa creciendo, el riesgo de aparición de figuras antisistema más radicales es real.
El desafío principal del noveno presidente en una década será reconstruir la confianza en las instituciones. Deberá demostrar que la democracia puede ofrecer respuestas concretas a problemas cotidianos: empleo, seguridad, servicios públicos y cohesión social.
La historia reciente de Perú muestra que los mandatos débiles y los enfrentamientos constantes entre Ejecutivo y Legislativo pueden llevar a parálisis o nuevas crisis. Tanto Fujimori como Sánchez llegan con legitimidad limitada y un Congreso fragmentado, lo que anticipa negociaciones permanentes y posibles escenarios de inestabilidad.
La figura de Alberto Fujimori sigue marcando profundamente la política peruana. Su gobierno de los noventa combinó estabilización económica y mano dura con autoritarismo y graves violaciones a los derechos humanos. La polarización entre fujimoristas y antifujimoristas ha estructurado el debate político durante más de un cuarto de siglo.
Tras la caída del fujimorato, Perú vivió periodos de relativa estabilidad bajo gobiernos como los de Toledo, García y Humala, pero la crisis se aceleró en la última década con presidentes como Kuczynski, Vizcarra, Sagasti, Castillo, Boluarte y otros interinos. Cada vacancia o renuncia profundizó la desconfianza ciudadana.
Perú es un país de contrastes: una economía que ha crecido significativamente en las últimas décadas, pero con desigualdad persistente y brechas territoriales enormes. Las regiones andinas y amazónicas reclaman mayor atención y distribución de recursos.
La próxima administración deberá enfrentar también el deterioro de servicios esenciales. Educación y salud públicas muestran debilidades crónicas que la pandemia agravó y que la inestabilidad política impide resolver.
En el plano democrático, la clave estará en la capacidad del nuevo presidente para tender puentes, respetar la independencia de poderes y evitar el uso de mecanismos de confrontación que han caracterizado los últimos años.
Si Keiko Fujimori triunfa, es probable que impulse una agenda de orden y reactivación económica, pero enfrentará protestas y oposición dura en regiones tradicionales antifujimoristas. Si gana Roberto Sánchez, deberá demostrar capacidad de gestión pragmática ante un Congreso hostil y expectativas altas desde la izquierda.
En ambos casos, la gobernabilidad dependerá de la habilidad para construir coaliciones y evitar la parálisis institucional. El tiempo apremia: Perú no puede permitirse otro periodo de inestabilidad prolongada sin poner en riesgo su desarrollo futuro.
Este balotaje no es solo una elección presidencial. Es un referéndum sobre la capacidad del sistema político peruano para regenerarse y responder a las demandas de una sociedad cansada de crisis recurrentes. El 7 de junio marcará el inicio de un nuevo capítulo, pero la verdadera prueba comenzará el día siguiente, cuando el elegido asuma el desafío de liderar un país fracturado pero con enorme potencial.
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