Christian Slater E.
El problema no es solo tributario. Es legal, ético, institucional y de seguridad nacional. Mientras el Congreso debate la regulación de las apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos habilita una ventanilla para que plataformas extranjeras paguen IVA. Una contradicción que pone en jaque el Estado de Derecho y la coherencia del Gobierno.
Chile vuelve a enfrentarse a una de esas contradicciones que la autoridad intenta explicar con lenguaje técnico, pero que la ciudadanía entiende de inmediato con sentido común: si una actividad es ilegal, ¿por qué el Estado le abre una ventanilla para pagar impuestos?
La resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que habilita un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online se inscriban y paguen IVA ha generado una polémica que no puede reducirse a una simple discusión tributaria. El problema es mucho más profundo. Aquí están comprometidos el Estado de Derecho, la autoridad del Congreso, la coherencia del Gobierno, la ética pública, la seguridad nacional y la confianza ciudadana.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido la actuación del SII señalando que su deber es recaudar los impuestos correspondientes a hechos gravados. Desde una mirada estrictamente tributaria, el argumento puede parecer razonable. Pero desde una mirada política, institucional y moral, resulta peligrosamente incompleto.
Porque el deber de un ministro de Hacienda no es solo respaldar la recaudación. Su deber es mucho más alto: cuidar que la política fiscal del Estado no termine chocando con la legalidad vigente, con los fallos de los tribunales, con las atribuciones del Congreso y con el deber ser que debe orientar a una República seria.
Nadie discute que el SII tenga facultades para aplicar y fiscalizar impuestos. El problema es que una resolución administrativa no puede producir, aunque sea indirectamente, el efecto político de otorgar apariencia de normalidad a una actividad que sigue sin autorización legal.
Mientras la Corte Suprema ha señalado que solo empresas autorizadas por ley pueden desarrollar apuestas deportivas, y mientras el Congreso todavía discute el marco regulatorio de esta industria, el SII aparece habilitando un camino administrativo para que esas mismas plataformas se incorporen al sistema tributario.
El Gobierno podrá decir que pagar impuestos no legaliza una actividad. Formalmente puede ser cierto. Pero políticamente la señal es otra: una actividad ilegal recibe una ventanilla del Estado antes de recibir una ley de la República.
Este no es un asunto meramente contable. Aquí están comprometidas normas básicas de la institucionalidad: la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley de Procedimientos Administrativos, el Código Tributario y la propia Ley Orgánica del SII.
Pero hay una pregunta todavía más importante que el IVA: ¿quiénes están realmente detrás de estas plataformas de apuestas online?
Porque el problema no es solo saber si pagan o no pagan impuestos. El problema es saber quiénes son sus dueños reales, quiénes son sus beneficiarios finales, dónde están domiciliadas sus sociedades, quién controla sus capitales, qué intermediarios operan en Chile, qué agencias negocian sus auspicios, qué medios reciben su publicidad, qué clubes deportivos firman con ellas y por qué canales entra y sale el dinero.
En una actividad que mueve grandes sumas, opera desde el extranjero, usa publicidad masiva, se vincula con el fútbol profesional, llega a miles de jóvenes y puede ser utilizada para lavado de activos, no basta con recibir una declaración de impuestos. Primero hay que levantar el velo.
El reciente caso de la Operación Tokyo contra el Tren de Aragua, donde fue detenido un ejecutivo del Banco Santander por presunta participación en lavado de activos, debería encender todas las alarmas. El crimen organizado ya busca infiltrarse en el sistema financiero formal.
Las apuestas online no son una industria inocua. Mueven dinero, usuarios, datos personales, publicidad y flujos internacionales. Cuando el Estado no sabe con claridad quién está detrás, no está fiscalizando: está actuando a ciegas.
El debate tampoco se agota en lo jurídico. Las apuestas online plantean desafíos graves de salud pública: ludopatía, endeudamiento de hogares —especialmente entre jóvenes—, publicidad agresiva y explotación de vulnerabilidades. Una República seria no puede mirar solo la recaudación; debe ponderar el costo social de esta industria.
El presidente José Antonio Kast ha construido un relato público basado en el respeto a la ley, el orden, la familia, las buenas costumbres y la unidad nacional. Ese relato superior debe iluminar todas las acciones de su administración.
Cuando una autoridad técnica habilita una ventanilla tributaria para una actividad aún ilegal, se genera una disociación peligrosa entre el discurso presidencial y la acción concreta del Gobierno.
Gobernar no es solo administrar normas. Gobernar es conducir. Y conducir exige coherencia ética e institucional. Como recordaba Peter Drucker: “Administrar es hacer bien las cosas; liderar es hacer las cosas correctas”.
En este caso, lo correcto es priorizar la transparencia total, la trazabilidad de los capitales y el respeto al orden constitucional. Recaudar sin saber quién está detrás no fortalece el Estado: lo expone.
Antes de abrir cualquier ventanilla tributaria a las plataformas de apuestas online, Chile debe exigir claridad absoluta sobre sus dueños reales y garantizar que no se conviertan en un nuevo canal para el lavado de activos o la explotación de vulnerabilidades sociales.
La ciudadanía espera coherencia. El Congreso merece que sus atribuciones no sean adelantadas por resoluciones administrativas. Y el Estado de Derecho requiere que, en materias sensibles, prime el deber ser por sobre el apuro recaudatorio.
Por Christian Slater E.
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