Elena Carvajal Gorosábel
El Gobierno francés anunció el 9 de junio de 2026 la negación de ingreso al ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, una figura clave del ala ultranacionalista del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu. Según informó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, esta prohibición forma parte de un paquete de sanciones que también incluye a cuatro responsables de organizaciones de colonos y a 21 colonos acusados de violencia en Cisjordania. Francia señala a Smotrich como un promotor activo de la anexión de Cisjordania y la recolonización de Gaza.
Esta medida se inscribe en un esfuerzo internacional que abarca a países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega, todos presionando al Gobierno israelí ante el incremento de la violencia de colonos contra comunidades palestinas. La acción se produce en un momento crítico, con el conflicto en Gaza aún sin resolución y nuevas tensiones en Cisjordania que han generado preocupación en la comunidad internacional.
Nacido en 1980 en un asentamiento en los Altos del Golán, Smotrich lidera el partido Sionismo Religioso. Como abogado y cofundador de Regavim, ha sido un firme opositor a cualquier forma de estado palestino. Desde que asumió el cargo de ministro de Finanzas en 2022, ha impulsado políticas que favorecen la expansión de asentamientos, dificultando la posibilidad de una solución de dos estados.
El ministro Barrot dejó claro que Smotrich promueve abiertamente la anexión y la expansión de asentamientos, debilitando la economía de la Autoridad Palestina. Francia sostiene que estas acciones infringen el consenso global, que considera los asentamientos en territorios ocupados como violaciones de la Convención de Ginebra.
Las sanciones también incluyen a colonos y organizaciones responsables de agresiones contra palestinos, en un contexto de creciente violencia desde octubre de 2023. Los seis países involucrados exigen a Israel que investigue y desmantele asentamientos ilegales.
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a los gobiernos involucrados de antisemitismo, argumentando que las sanciones resultan de su incapacidad para abordar el prejuicio en sus propios países. Tanto el gobierno de Netanyahu como Smotrich consideran la expansión de asentamientos como una necesidad demográfica y de seguridad.
Desde los Acuerdos de Oslo de 1993, que prometieron avanzar hacia dos estados, la expansión de asentamientos ha complicado cualquier solución viable. Smotrich representa un sector que ve la anexión como la única respuesta realista, mientras Francia adopta una postura más firme contra la política de hechos consumados en la región.
La decisión de Francia es parte de una tendencia de sanciones selectivas que buscan influir en elementos radicales de la política israelí sin deteriorar las relaciones bilaterales. Este enfoque podría limitar el margen de maniobra internacional de Israel en un contexto de creciente aislamiento.
Este episodio pone de relieve la polarización del conflicto. Existe una división entre quienes defienden el derecho de Israel a la seguridad y quienes hacen hincapié en las obligaciones bajo el derecho internacional. Expertos advierten que acciones como esta podrían radicalizar las posiciones en Israel y disminuir los incentivos para el compromiso.
La prohibición de Smotrich refleja el creciente costo diplomático de políticas vistas como obstáculos a la paz, planteando un dilema a la comunidad internacional: presionar o arriesgar un estancamiento mayor en el conflicto. Mientras tanto, la expansión de asentamientos y la violencia siguen afectando la realidad en el terreno.
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