Javier Saldívar Flores
Este miércoles 10 de junio de 2026, una nueva marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari avanza desde la Ceja de El Alto hacia el centro neurálgico de La Paz, con destino a las inmediaciones de la Plaza Murillo. La movilización exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y se inscribe en un contexto de más de un mes de bloqueos indefinidos de carreteras que han paralizado gran parte del país, generando desabastecimiento, inflación y pérdidas económicas millonarias.
Desde hace más de 37 días, los bloqueos iniciados por sectores como campesinos, mineros y transportistas han asfixiado el suministro de combustibles, alimentos y mercancías en varias regiones de Bolivia. Las largas filas en las gasolineras y los supermercados de La Paz y el pánico en ciudades como Cochabamba ilustran la aguda crisis humanitaria actual. La Ley de Emergencia Nacional, recientemente aprobada por el Congreso, otorga al Gobierno autorización para utilizar las Fuerzas Armadas en operaciones de desbloqueo, en un marco de posible estado de excepción. Sin embargo, hasta el momento, el Ejecutivo prioriza el diálogo y la contención en lugar de la confrontación.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, ha expresado el temor ante posibles actos de violencia, recordando a la opinión pública los antecedentes de vandalismo en manifestaciones previas. A pesar de ello, Bascopé asegura que el gobierno actuará con “sensatez y prudencia”, denunciando la infiltración de “actores del Chapare” y de “financiamientos oscuros” que buscan impunidad para el exmandatario Evo Morales.
Divulgadores y analistas consideran que las demandas iniciales de carácter social se han visto envenenadas por agendas políticas relacionadas con el evismo, especialmente en torno a una controversia respecto a una orden de aprehensión contra Morales por trata de personas. Este trasfondo complica aún más la clasificación de las protestas, que ahora deben ser vistas como un crisol de diversas demandas legítimas y tácticas más radicalizadas.
Bascopé, en entrevista con EL DEBER, ha reconocido la complejidad del momento: “Estamos tratando de prevenir que las protestas desemboquen en provocaciones violentas”. Aunque el gobierno considera que los sectores con reivindicaciones legítimas han sido instrumentalizados, la línea de “sensatez y prudencia” se ve cuestionada por la aprobación reciente de leyes que permiten la intervención militar, revelando una necesidad de mantener el orden a toda costa.
Esta estrategia refleja el frágil equilibrio que debe mantener el Ejecutivo para evitar un nuevo baño de sangre como en episodios anteriores de la historia boliviana, al mismo tiempo que busca restablecer la libre circulación y la estabilidad económica.
La paralización del país ha derivado en pérdidas millonarias en sectores clave para la economía nacional, como el comercio, la agricultura y la minería. Las escasez de combustible y alimentos ha disparado los precios, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población y erosionando el apoyo social hacia el Gobierno de Paz. Este clima se agrava en un contexto regional incierto, con tensiones en Argentina, Chile y Brasil, que añade más incertidumbre a las cadenas de suministro en los Andes.
La exigencia de la renuncia presidencial intensifica la dinámica política. Un cese forzado del presidente podría abrir un vacío de poder en un país que vive en constante inestabilidad. Al mismo tiempo, la prolongación de los bloqueos profundiza la crisis fiscal y agrava la situación de las reservas internacionales.
El Gobierno identifica al Chapare como el epicentro de la radicalización. La figura de Evo Morales emerge como un catalizador, en un momento en que enfrenta diversos procesos judiciales. Mientras que la COB y las federaciones campesinas sostienen demandas históricas que buscan atención gubernamental, sectores oficialistas advierten que la impunidad de Morales prevalece sobre la búsqueda de soluciones a problemas sociales crónicos.
Esta dinámica refleja las fracturas profundas en el movimiento popular de Bolivia, heredadas de la era de Morales y agravadas por la gestión actual. El resultado es unprotesta híbrida que, aunque legítima en su origen, presenta riesgos desestabilizadores.
La jornada del 10 de junio es un test crítico para el Gobierno. Si la marcha transcurre sin incidentes significativos, habría una oportunidad para la negociación. Sin embargo, si se produce violencia, la implementación del uso de las Fuerzas Armadas se volvería ineludible, lo que podría conducir a una escalada de tensión con costos políticos elevados. Bolivia, con su rica historia de movilizaciones que han llevado a la destitución de presidentes, se encuentra ante un nuevo dilema entre orden y cambio.
Paz, consciente de las lecciones históricas, busca evitar repetir errores del pasado. Sin embargo, las limitaciones de la paciencia popular, marcada por la escasez y la falta de servicios básicos, son evidentes. La resolución de esta crisis no solo definirá la permanencia del actual Gobierno, sino que también establecerá un capítulo decisivo en la estabilidad institucional de Bolivia en un 2026 que ya se anticipa complicado por desafíos económicos y políticos.
La historia de Bolivia nos enseña que las marchas y bloqueos pueden precipitar cambios de gobierno, pero también pueden dejar cicatrices profundas en la economía y la convivencia social. A medida que la COB y sus aliados se dirigen hacia la Plaza Murillo, el Ejecutivo apuesta por la prudencia. El desenlace determinará si esta sensatez triunfa sobre la provocación o si el país entra en un nuevo ciclo de inestabilidad.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
