Tras aprobar por la mínima la idea de legislar la denominada Ley de Reconstrucción o megarreforma, el Gobierno de Chile decidió abrir canales de diálogo con la oposición. En La Moneda reconocen que forzar la aprobación con un voto de diferencia podría perjudicar la propia iniciativa y complicar futuros acuerdos legislativos.
Según fuentes de gobierno, existe una convicción creciente de que la ambiciosa megarreforma —que busca impulsar la reconstrucción nacional y el desarrollo económico— necesita un respaldo más amplio que solo los votos oficialistas. Pasar “la aplanadora” en este momento arriesgaría el éxito del proyecto y dinamitaría la posibilidad de alcanzar consensos en otras materias clave con la oposición.
Desde el Senado, el legislador Pedro Araya (PPD) se mostró dispuesto a apoyar la iniciativa, pero con condiciones claras: “Estoy dispuesto a aprobar la megarreforma, pero el Gobierno deberá ceder en aspectos importantes”, afirmó el senador.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la propuesta de estabilidad tributaria. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, defendió esta medida con fuerza: “Si Argentina ofrece estabilidad tributaria por 20 años, es necesario que Chile la tenga”.
La declaración de la subsecretaria Estévez busca posicionar a Chile como un destino competitivo para la inversión extranjera, en un contexto regional donde países vecinos mejoran sus incentivos. Sin embargo, genera cuestionamientos desde sectores opositores y parte de la sociedad civil, que temen un impacto en la recaudación fiscal y en la equidad tributaria.
El Ejecutivo busca ahora negociar modificaciones que permitan ampliar el apoyo parlamentario sin desnaturalizar el núcleo del proyecto. La estrategia marca un giro pragmático tras la ajustada votación en la Cámara, donde la idea de legislar se aprobó por el mínimo margen.
Analistas políticos coinciden en que este viraje hacia el diálogo responde tanto a cálculos legislativos como a la necesidad de otorgar mayor legitimidad a una reforma que pretende ser uno de los pilares del segundo semestre del Gobierno.
La Ley de Reconstrucción incluye medidas de reactivación económica, simplificación de permisos, incentivos a la inversión y reconstrucción tras emergencias climáticas y sociales. Su tramitación será clave para el resto del año legislativo.
