Irmina Herrera
El Ejecutivo del presidente José Antonio Kast decidió poner urgencia a una antigua moción parlamentaria que busca regular los contratos de trabajo por horas, en un intento por dar mayor flexibilidad al mercado laboral ante una tasa de desempleo que se mantiene por encima del 8% y alcanzó el 9,1% en el último trimestre móvil.
La iniciativa, presentada originalmente en 2018 por senadores de derecha, define el empleo a jornada parcial como aquel que no supera las 30 horas semanales o 120 horas mensuales. El Gobierno busca incorporar una modalidad específica de “contrato por horas” que otorgue protección laboral y previsional a trabajadores que realizan prestaciones de corta duración.
La decisión se produce mientras el país enfrenta uno de los peores momentos del mercado del trabajo en años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación nacional llegó al 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, el nivel más alto desde la pandemia. En la Región Metropolitana alcanzó el 9,7%, el desempleo femenino se situó en 10,5% y el juvenil supera el 22%.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado citó para mañana al ministro del Trabajo, Tomás Rau, para iniciar la discusión formal del proyecto. El presidente de la instancia, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), valoró la reactivación: “Es positivo que se reactive el trámite. Hay espacio para avanzar con seriedad técnica y sin prejuicios ideológicos”.
El proyecto busca crear un marco legal que permita a empleadores y trabajadores acordar jornadas de corta duración con plenas garantías previsionales, de seguridad social y derechos laborales. Sus impulsores argumentan que esta regulación sacaría de la informalidad a miles de personas que hoy prestan servicios esporádicos sin contrato ni cotizaciones.
Para el Ejecutivo, esta medida forma parte de un paquete más amplio de reactivación laboral que incluye mayor flexibilidad, impulso al trabajo remoto y adaptaciones para estudiantes, madres, cuidadores y adultos mayores.
Desde el oficialismo se destaca que, en un contexto de bajo crecimiento y alta desocupación, la rigidez laboral actual desincentiva la contratación, especialmente en sectores como el comercio, turismo, servicios y agricultura estacional.
La oposición, por su parte, ha advertido que este tipo de contratos podría precarizar el empleo y debilitar derechos adquiridos. Sin embargo, Cruz-Coke ha llamado a un debate “técnico” que permita perfeccionar la iniciativa sin caer en trincheras ideológicas.
Desde que asumió en marzo de 2026, el Gobierno ha puesto el foco en la creación de empleo como prioridad. El ministro Rau, economista con vasta experiencia académica, ha participado en mesas técnicas y consejos de gabinete dedicados a la reactivación. La reactivación de este proyecto de 2018 se enmarca en esa estrategia.
Analistas coinciden en que, si bien la ley de 40 horas sigue avanzando en su implementación gradual, el Ejecutivo busca equilibrar la protección laboral con mayor adaptabilidad para enfrentar la actual crisis de empleo.
El debate que inicia mañana en el Senado será clave para determinar si Chile logra modernizar su legislación laboral o si las diferencias políticas frenan una herramienta que, según sus defensores, podría ayudar a miles de chilenos a reinsertarse formalmente en el mercado del trabajo.
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