Victor Manuel Arce Garcia
En medio de la conmoción por el asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo, el Presidente José Antonio Kast reitera su compromiso con la institucionalidad policial, rechazando la propuesta de desplegar Fuerzas Armadas en las calles. Durante su intervención en el Encuentro Empresarial de La Araucanía, Kast enfatizó que el refuerzo debe ser para Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), no para el ejército.
25 de junio de 2026 • Por Redacción The Times Latino • Temuco / Santiago
El presidente Kast descalificó la idea de enviar Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia, ante la creciente presión de alcaldes y parlamentarios luego del trágico homicidio en San Bernardo. “La solución fácil y populista es pedir Fuerzas Armadas en cualquier lugar,” afirmó, clarificando que el control del orden público recae en las instituciones policiales.
“El estado de excepción no es la meta; es precisamente eso, un estado de excepción. Podríamos decretarlo en diversas zonas del país, pero esto no es la solución institucional que Chile necesita,” subrayó el mandatario.
Kast también recordó el caso del conscripto Carlos Robledo, quien se encuentra cumpliendo una condena de 10 años en La Serena tras el fatal desenlace de un altercado durante el estallido social de 2019. “¿Quién asume la responsabilidad por ese joven conscripto? Fue convocado con 17 años a controlar el orden, pero el resultado fue trágico,” se preguntó, enfatizando la complicación ética de enviar al ejército a la calle.
“Es fácil proponer que los militares salgan, pero ¿quién se hace responsable después?” cuestionó.
El presidente anunció un proyecto de ley que otorgaría a las Fuerzas Armadas, cuando estén en espacios determinados, la capacidad de controlar identidades, registrar y detener en caso de flagrancia. Sin embargo, reiteró que la clave está en fortalecer la institucionalidad policial.
Las declaraciones de Kast coinciden con las del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien aclaró que la presencia militar en el control del orden público solo se justifica bajo un estado de excepción constitucional. Este rechazo presidencial se produce en un marco de inquietud ciudadana creciente por la delincuencia, particularmente tras el asesinato del niño en San Bernardo, lo que ha avivado el debate sobre medidas excepcionales de seguridad.
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