La encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la primera semana de agosto de 2026 midió un respaldo ciudadano mayoritario a las medidas del plan de seguridad anunciado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. El 88% apoya aumentar penas a quienes recluten menores para delitos y el 84% favorece el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos. Los datos revelan diferencias claras entre medidas punitivas y restricciones de libertades, con impacto directo en la agenda legislativa chilena y posibles lecturas regionales sobre el combate al crimen organizado.
Resultados principales de la medición Cadem
La encuesta Plaza Pública de Cadem registró que el 40% aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, dos puntos más que en la medición previa, mientras el 56% la desaprueba. El sondeo se centró en las propuestas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT, presentada días antes en cadena nacional.
El 88% de los consultados respaldó aumentar las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.
El 84% se mostró a favor de mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país. El 82% apoyó considerar delito con penas agravadas la pertenencia a una organización criminal. El 79% coincidió en establecer explícitamente en la Constitución que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado.
Estas cuatro medidas concentran el mayor consenso. En contraste, la creación de un nuevo estado de excepción obtuvo 49% de acuerdo y 44% de desacuerdo. Dentro de ese marco, el 76% aceptó que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros en operaciones contra el crimen organizado, el 70% avaló interceptar telecomunicaciones en los sectores definidos, el 49% aceptó restringir temporalmente la libertad de tránsito en determinados barrios y solo el 41% apoyó limitar la libertad de reunión.
Contexto del anuncio y cifras oficiales de seguridad
El gobierno presentó la ACOT tras la aprobación de la ley de reconstrucción nacional. El plan contempla más de 30 proyectos de ley, entre iniciativas ya en trámite y nuevas propuestas, con la meta de despacharlas antes de Navidad. Incluye ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, régimen penitenciario especial para líderes que operen desde la cárcel, creación de una agencia de decomiso de bienes ilícitos y una nómina de organizaciones criminales.
El presidente citó cifras del Ministerio de Seguridad Pública al 26 de julio de 2026: los homicidios bajaron 18,7%, equivalentes a 112 víctimas menos que en el mismo período del año anterior; los secuestros confirmados por la Policía de Investigaciones cayeron 45%; los robos violentos disminuyeron en más de 7.000 casos; los ingresos irregulares por fronteras se redujeron 86,5%; la violencia en la Macrozona Sur bajó 18,8% y las incautaciones de droga aumentaron 60%.
El 73% de los encuestados declaró haber visto o informarse sobre la cadena nacional, el nivel más alto desde 2019, y el 45% la evaluó bien o muy bien.
Comparación entre medidas de alto y bajo consenso
La diferencia de apoyo entre las medidas punitivas (88% a 79%) y las que restringen libertades individuales (49% a 41%) marca un patrón claro. Mientras el endurecimiento de sanciones y la presencia policial permanente generan amplias mayorías, las herramientas de control territorial más invasivas dividen a la opinión pública. Esta brecha se observa también al contrastar con mediciones anteriores de Cadem, donde la percepción de falta de un plan concreto de seguridad superaba el 60% en mayo de 2026.
El respaldo actual a la ACOT supera el nivel de aprobación personal del mandatario. Esa distancia sugiere que la ciudadanía distingue entre la figura presidencial y las herramientas específicas contra el crimen organizado.
Impacto económico, social y regional para el lector latinoamericano
En Chile, la delincuencia y el crimen organizado han concentrado la preocupación ciudadana durante años. Un plan con respaldo mayoritario en sus ejes centrales aumenta las probabilidades de tramitación legislativa rápida, lo que podría acelerar la recuperación del control territorial en barrios críticos y reducir costos asociados a la inseguridad: menor gasto en seguridad privada, mayor circulación comercial y recuperación de valor inmobiliario en zonas afectadas.
Para el resto de América Latina, los datos ofrecen un referente concreto. Países que enfrentan estructuras similares, como el avance de organizaciones transnacionales en Ecuador, Colombia o el norte de México, observan con atención modelos que combinan endurecimiento penal, presencia policial permanente y reformas constitucionales que priorizan la seguridad como deber estatal.
La comparación temporal dentro de Chile muestra que, tras meses de evaluación negativa de la gestión en seguridad, el anuncio de medidas específicas elevó el apoyo a acciones puntuales por encima del 80% en varios ítems. El efecto inmediato es político: el gobierno gana margen para priorizar la agenda de seguridad sobre otras discusiones.
El riesgo identificado en la propia encuesta es el menor respaldo a restricciones de tránsito y reunión. Una implementación que no respete proporciones claras podría generar rechazos judiciales o movilizaciones, afectando la sostenibilidad del plan.
Trámite legislativo y escenarios posibles
El Ejecutivo instruyó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, a gestionar la aprobación de la ACOT antes de fin de año. Varios de los 19 proyectos ya ingresados se encuentran en distintas etapas de tramitación, incluyendo comisiones mixtas. La reforma constitucional que consagra la seguridad como deber del Estado requiere quórums más altos y concentrará el debate.
Si el Congreso despacha las iniciativas centrales, el gobierno podrá mostrar resultados operativos en los 50 barrios prioritarios durante 2027. Un escenario de dilación, en cambio, mantendría la presión ciudadana sobre la aprobación presidencial, que permanece por debajo del 50%.
La medición de Cadem publicada el 9 de agosto también evaluó el Plan de Reconstrucción Nacional: 49% de acuerdo y 39% en desacuerdo. El 52% lo consideró un logro muy importante del gobierno.
El contraste entre el alto apoyo a medidas de seguridad en Chile y la evaluación general del Ejecutivo indica que la ciudadanía responde con mayor favorabilidad a propuestas concretas que a la gestión global.
En el ámbito regional, el modelo chileno de priorizar listados de organizaciones criminales, decomiso acelerado de bienes y colaboración de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía civil puede servir de referencia para coordinaciones fronterizas ya ensayadas entre Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador.
Los datos de Cadem confirman una demanda sostenida de respuestas efectivas contra el reclutamiento de menores y el control territorial. El gobierno cuenta ahora con un respaldo cuantificado para impulsar la tramitación, mientras la opinión pública mantiene reservas claras sobre el alcance de las restricciones a las libertades individuales.
La evolución de los indicadores de homicidios, secuestros e incautaciones en los próximos meses permitirá medir si el apoyo se traduce en percepción de mayor seguridad en las calles.
El próximo paso depende del Congreso y de la capacidad del Ejecutivo para mantener el foco operativo en los barrios críticos sin diluir el consenso alcanzado en las medidas de mayor respaldo.
