Javier Saldívar Flores
La cuenta regresiva para un nuevo cambio de mando en el Palacio de Pizarro ha comenzado, y con ella, el intento definitivo por clausurar una de las décadas más convulsas en la historia republicana de la nación andina. Tres semanas después de un balotaje de infarto, y a la espera de la ratificación formal por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori ya ejerce de facto como la presidenta electa de Perú. Heredera de un capital político tan inmenso como polarizador, la lideresa de Fuerza Popular se enfrenta a una misión titánica: gobernar un país fracturado que ha devorado a ocho presidentes en los últimos diez años. Para lograrlo, su equipo de transferencia ha diseñado un agresivo plan de gobierno de Keiko Fujimori estructurado en 100 medidas ejecutivas, delineando un mapa de ruta que prioriza la disciplina fiscal y la "mano dura" frente a la criminalidad.
Si hay un eje que definió la narrativa electoral de Fujimori y que ahora encabeza sus prioridades de gestión, es la erradicación de la violencia urbana. La propuesta de Fuerza Popular en materia de seguridad ciudadana no escatima en simbolismos de fuerza. El plan contempla 25 medidas que apuntan a una reestructuración punitiva del Estado, comenzando con una política de shock: la militarización temporal de las prisiones y de las fronteras críticas, una respuesta directa al ingreso descontrolado de redes del crimen organizado transnacional que han importado delitos como el sicariato y la extorsión a gran escala.
El enfoque fujimorista busca asfixiar la logística criminal desde sus bases operativas. Para ello, se ha anunciado la construcción acelerada de cuatro megacárceles de máxima seguridad ubicadas en zonas geográficamente aisladas, emulando los modelos de reclusión más estrictos de la región. En paralelo, se impondrá un bloqueo tecnológico absoluto —señal móvil y Wi-Fi— en la totalidad del sistema penitenciario peruano, neutralizando los "call centers" de la extorsión que operan desde las celdas.
A nivel institucional, las reformas policiales son profundas. La futura administración promete duplicar progresivamente la escala salarial de la Policía Nacional del Perú (PNP), eliminar el ineficiente régimen laboral de "24 por 24" para exigir dedicación exclusiva, y saldar la deuda histórica del 2% a las fuerzas del orden. Sin embargo, la medida más audaz es la depuración inmediata de los malos elementos policiales y la reinstitución de la histórica Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Esta resurrección institucional, sumada a la integración obligatoria de los aparatos de inteligencia de la PNP y las Fuerzas Armadas en una nueva Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito, marca un retorno a las doctrinas de seguridad estatal de alta centralización.
En el frente financiero, el programa traza un retorno innegociable a la ortodoxia macroeconómica. La reactivación económica se plantea bajo la premisa de devolver la confianza al gran capital, severamente erosionada por la crisis política peruana reciente. El objetivo fiscal es draconiano: reducir el déficit al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2031, una meta que exigirá una disciplina de gasto milimétrica.
Para encender los motores del crecimiento, Fujimori apuesta por una desregulación masiva. Su plan promete dinamitar la burocracia mediante la eliminación de más de 500 trámites administrativos que asfixian al sector privado, acortando en un 40% los plazos legales para la aprobación de proyectos. El objetivo declarado es captar flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que oscilen entre los 5.000 y 7.000 millones de dólares anuales, blindando este capital mediante la intangibilidad de los "contratos ley".
El cobre y el oro vuelven a ser los salvavidas del erario nacional. El equipo de la presidenta electa no ha dudado en poner nombre y apellido a sus urgencias mineras: destrabar el megaproyecto Zafranal, viabilizar social y ambientalmente el eternamente conflictivo proyecto Tía María, y garantizar la expansión operativa de Cerro Verde. Este agresivo impulso extractivista se complementará con la creación de modernos parques industriales en los ejes norte, centro y sur del país, buscando añadir valor a una matriz históricamente dependiente de la exportación de materias primas crudas.
La viabilidad de este shock de inversiones depende de la infraestructura que lo soporte. En materia energética, el gobierno entrante tomará una decisión políticamente espinosa: el saneamiento financiero de la estatal Petroperú mediante la venta de sus activos no estratégicos. Paralelamente, se impulsará una transición pragmática, elevando las energías renovables al 20% de la matriz eléctrica y masificando el gas natural domiciliario a través de subsidios directos a los estratos de menores ingresos, una deuda social histórica en un país exportador de gas.
El mundo rural, terreno donde Fujimori consolidó gran parte de su caudal electoral, recibirá un paquete de estímulos contundentes. Las medidas incluyen el financiamiento estatal para maquinaria agrícola, la expansión de riego tecnificado subsidiado y la construcción de 5.000 kilómetros de vías departamentales para conectar los valles productivos con los puertos. Además, la creación de un seguro agrario catastrófico de desembolso automático ante anomalías climáticas como heladas o el Fenómeno de El Niño, busca blindar la economía de subsistencia de cientos de miles de familias campesinas.
Consciente de que el crecimiento macroeconómico sin distribución es el caldo de cultivo de los estallidos sociales, las propuestas de gobierno de Keiko Fujimori incorporan una fuerte agenda asistencial. En el sector salud, el plan promete superar las crónicas deficiencias de infraestructura con la construcción de 15 hospitales estratégicos provinciales y la descentralización de la atención oncológica. La innovación tecnológica también tendrá su espacio, proyectando el abastecimiento de farmacias públicas mediante inteligencia artificial y la expansión masiva de la telemedicina en comisarías y postas rurales.
El desarrollo social pone su foco en la primera infancia. La creación de guarderías públicas productivas en zonas urbano-marginales busca insertar a las madres en el mercado laboral formal, mientras que un programa integral para los primeros 1.000 días de vida del infante tiene como meta la erradicación definitiva de la desnutrición crónica y la anemia, utilizando a los comedores populares como la principal red de distribución de alimentos fortificados.
Finalmente, la educación enfrentará una modernización de choque. La promesa abarca la renovación de 3.000 colegios públicos, la implementación de aulas interconectadas y laboratorios de robótica regional. En un guiño a las nuevas generaciones, se forjarán alianzas con gigantes tecnológicos para certificar gratuitamente a escolares, se entregarán dispositivos con contenido offline y se ejecutará una ampliación sin precedentes de becas universitarias y técnicas para sectores vulnerables.
El documento de 100 medidas presentado por el equipo de Keiko Fujimori no es solo un plan de gobierno; es una declaración de intenciones de un Estado que busca recuperar su autoridad perdida. El desafío monumental no residirá únicamente en la viabilidad técnica y financiera de estas promesas, sino en la capacidad política de la futura mandataria para tejer alianzas en un Congreso fragmentado y gobernar para una sociedad que, tras una década de desencantos, le ha otorgado al fujimorismo su última oportunidad histórica para demostrar que puede ser sinónimo de estabilidad y desarrollo en democracia.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
