Victor Manuel Arce Garcia
En un giro que podría destrabar parte de la discusión legislativa, el Gobierno anunció este miércoles 8 de julio de 2026 un acuerdo con los senadores del Partido por la Democracia (PPD) respecto a la invariabilidad tributaria contemplada en la denominada megarreforma de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. El entendimiento, que reduce los plazos de protección normativa según el tamaño de la inversión, llevó al PPD a descartar un recurso ante el Tribunal Constitucional por este punto específico.
Según detalló el senador Ricardo Celis, jefe de bancada del PPD, el cambio central consiste en rebajar el plazo general de invariabilidad de 25 a 10 años para proyectos de inversión de hasta 100 millones de dólares. Las iniciativas de hasta 350 millones de dólares accederán a 15 años, mientras que aquellas superiores a 500 millones mantendrán el máximo de 25 años. Esta graduación busca equilibrar la atracción de capital con mayores exigencias y controles para montos más modestos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el diálogo multipartidario que permitió llegar a esta fórmula. “Es una propuesta que pone a Chile por delante, que pone la relevancia de la invariabilidad como certeza para las inversiones, es una certeza que va a ser mucho más potente por ser producto de un consenso mayor”, señaló. Quiroz destacó que se incorpora también una prima de 1,5 veces en la tasa corporativa para quienes se acojan al beneficio, además de mayores requisitos sobre origen de fondos y comportamiento de las inversiones al suscribir el contrato de ley.
La invariabilidad tributaria es uno de los pilares de la iniciativa gubernamental destinada a impulsar la reconstrucción tras emergencias y a reactivar la economía mediante incentivos a la inversión. Originalmente contemplaba plazos más extensos y uniformes, lo que generó reparos en sectores de la oposición y dentro de algunas bancadas oficialistas o aliadas, preocupados por posibles pérdidas fiscales y falta de contrapartidas claras en generación de empleo o desarrollo regional.
El PPD había condicionado su apoyo a ajustes en este mecanismo, argumentando que plazos excesivamente largos podrían limitar la flexibilidad futura del Estado en materia tributaria. El acuerdo alcanzado representa una cesión del Ejecutivo para avanzar en la tramitación, especialmente de cara a la votación prevista en el Senado. Quiroz agradeció además el aporte de otros legisladores, como los senadores Iván Moreira y Rodolfo Carter, en el proceso de negociación.
No toda la oposición celebra el pacto. La senadora Beatriz Sánchez (Frente Amplio) lamentó el acuerdo y anunció que su sector continuará evaluando acciones, incluyendo un posible requerimiento al Tribunal Constitucional por vicios de inconstitucionalidad en el proyecto que se votará el 15 de julio. “Lamento mucho que el PPD haya llegado a un acuerdo con el ministro Quiroz”, expresó, cuestionando además el contraste entre el endeudamiento solicitado por el Gobierno y los beneficios tributarios para grandes inversionistas.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) calificó la reforma como una “vergüenza” y una “mala reforma para Chile” que beneficiaría principalmente a los más ricos. Incluso comparó las condiciones actuales con las de la invariabilidad de la época del dictador Pinochet, sugiriendo que ofrecía mayores garantías en su visión. Estos reparos indican que, aunque el PPD se aleja del TC en este punto, el debate legislativo y judicial sobre la megarreforma dista de estar cerrado.
La invariabilidad tributaria busca entregar certeza jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros, protegiéndolos de cambios normativos posteriores que alteren las condiciones fiscales pactadas. En un país que compite por capital en una región marcada por la incertidumbre, este tipo de instrumentos se presenta como herramienta para mejorar el clima de negocios. El escalonamiento acordado intenta responder a críticas de que un plazo único de 25 años beneficiaría desproporcionadamente a mega-proyectos, dejando a inversiones medianas con menor atractivo relativo.
Desde el Gobierno, se enfatiza que los nuevos requisitos —mayor fiscalización sobre fondos y comportamiento— blindan el interés público y evitan abusos. Para el PPD, el acuerdo representa un logro en la negociación que permite apoyar la reforma sin sacrificar del todo sus posiciones iniciales. El resultado final dependerá de cómo se concrete en el texto legal y de si genera el impulso inversor esperado en sectores clave como infraestructura, energía y reconstrucción de zonas afectadas.
En un contexto económico donde la reactivación sigue siendo prioritaria, este acuerdo legislativo ilustra la dinámica de concesiones mutuas que caracteriza la tramitación de grandes iniciativas en el Congreso. Queda por ver si el consenso alcanzado con el PPD se amplía a otras bancadas y si las modificaciones logran equilibrar atracción de inversión con resguardo de la recaudación fiscal a largo plazo.
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