Javier Saldívar Flores
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue categórico al descartar cualquier posibilidad de rebajar el impuesto específico a los combustibles como moneda de cambio para destrabar las negociaciones en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, conocido como megarreforma. La respuesta llegó pocas horas después de que el senador Pedro Araya (PPD) planteara públicamente su disposición a construir un nuevo acuerdo sobre dos pilares concretos: mantener la invariabilidad tributaria ya conversada y aplicar “una rebaja sustancial” a ese tributo que incide directamente en el precio de la bencina y el diésel.
Consultado tras la sesión en que la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto a la Sala, Quiroz no dejó margen para interpretaciones. “El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa y es un tema muy serio, fiscal, que por lo menos desde este ministerio no lo hemos considerado tocar”, señaló. El secretario de Estado añadió que la responsabilidad fiscal y la seriedad en el manejo de las cuentas públicas “está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiere una cosa, quiere otra”. Y remató: “Esto no es algo poco serio y, por lo tanto, el tema fiscal no es transable, nunca lo va a ser”.
La frase “nunca ha estado arriba de la mesa” resonó con fuerza porque resume la postura del Ejecutivo frente a cualquier intento de vincular la discusión tributaria estructural con medidas de alivio inmediato al bolsillo de los chilenos. Para el gobierno del presidente José Antonio Kast, la megarreforma no es un paquete negociable a trozos, sino un instrumento de política de Estado orientado al crecimiento de largo plazo.
Ingresada al Congreso el 22 de abril de 2026, la iniciativa busca modernizar el sistema tributario chileno como palanca para la reconstrucción económica y el desarrollo. Entre sus pilares principales destaca la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27 % actual al 23 % hacia 2029, la reintegración del sistema y una serie de incentivos orientados a la inversión productiva. El proyecto también contempla un mecanismo de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes proyectos de inversión —superiores a 50 millones de dólares— en sectores como minería, energía, infraestructura y manufactura. Este mecanismo, inspirado en experiencias previas como el DL 600 y la ley del royalty minero, busca entregar certeza jurídica a inversionistas nacionales y extranjeros en un contexto de alta incertidumbre global.
La iniciativa ya superó la idea de legislar en la Sala del Senado con una ajustada votación de 26 a favor y 23 en contra, y ahora enfrenta su análisis en particular en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. El despacho desde la Comisión de Hacienda a la Sala marca un hito en el trámite, pero también expone las fracturas políticas que rodean al proyecto.
El senador Pedro Araya no habló a título personal en el vacío. Tras el colapso de un acuerdo previo entre senadores del PPD y el Ejecutivo sobre la invariabilidad tributaria —que se rompió cuando el gobierno presentó indicaciones que los parlamentarios consideraron un cambio de reglas en medio de la negociación—, Araya ofreció públicamente retomar el diálogo. Sus dos condiciones fueron claras: respetar lo ya conversado sobre invariabilidad y avanzar en una rebaja significativa del impuesto específico a los combustibles, “para escuchar lo que nos están diciendo miles de familias chilenas”, especialmente en regiones donde el costo del transporte encarece la vida cotidiana, como Antofagasta.
La oferta de Araya llegó en un momento delicado. El proyecto ya había generado divisiones dentro del PPD. Algunos senadores del partido habían explorado caminos de acuerdo con el gobierno, mientras otros mantenían una postura más dura. La intervención de Araya buscaba reposicionar al PPD como actor relevante en la discusión, ofreciendo un puente posible entre la necesidad fiscal del Ejecutivo y las demandas ciudadanas por alivio en el precio de los combustibles.
El impuesto específico a los combustibles no es un tributo menor. Se trata de un impuesto por litro que grava la gasolina, el diésel y otros derivados, y constituye una fuente relevante de ingresos fiscales. Al mismo tiempo, su impacto se siente de inmediato en el precio final que pagan los consumidores, en los costos del transporte de carga y, por extensión, en la inflación y en la competitividad de las regiones más alejadas de los centros de producción. Una rebaja “sustancial”, como la planteada por Araya, tendría efectos directos sobre el erario y sobre las expectativas de recaudación que sustentan el resto de la reforma.
Para el Ministerio de Hacienda, tocar este impuesto en medio de la tramitación de la megarreforma equivaldría a abrir una caja de Pandora. Cualquier modificación significativa alteraría los cálculos de ingresos que respaldan la rebaja del IDPC y las medidas de contención de gasto público que acompañan al proyecto. Quiroz dejó claro que la seriedad fiscal no se negocia por piezas ni por presiones coyunturales.
La exministra del Interior y militante PPD Carolina Tohá se apresuró a marcar distancia. En declaraciones radiales, sostuvo que la oferta de Araya “tiene una posición personal” y que “no está como postura de partido”. La calificó además de “súper populista” y advirtió que “a todo el mundo nos encantaría que nos bajara el impuesto a los combustibles”, pero que esa no era la forma de construir acuerdos serios. Tohá también cuestionó la credibilidad del ministro Quiroz como interlocutor tras los vaivenes de las últimas semanas, aunque su crítica principal apuntó a la fragmentación que el proyecto ha generado en las fuerzas políticas.
El episodio revela las tensiones internas del PPD y la dificultad de mantener una línea unitaria frente a un gobierno que ha mostrado disposición a negociar, pero que mantiene líneas rojas claras en materia fiscal.
El rechazo de Quiroz complica el escenario para quienes esperaban que una concesión en el impuesto a los combustibles pudiera sumar apoyos suficientes en la Sala. El proyecto necesita votos para avanzar en particular y, eventualmente, para su despacho final. La postura del Ejecutivo refuerza la idea de que la megarreforma se tramitará con el texto que el gobierno considera coherente con sus objetivos de crecimiento y disciplina fiscal, sin incorporar rebajas adicionales que alteren el equilibrio de ingresos y gastos.
Al mismo tiempo, la negativa deja en evidencia que el gobierno prioriza la coherencia de mediano y largo plazo por sobre acuerdos puntuales que podrían facilitar la aprobación inmediata. “Nunca hay que perderse con los objetivos a largo plazo”, resumió Quiroz.
La discusión trasciende el caso específico de Araya y Quiroz. Chile mantiene una tradición de responsabilidad fiscal que ha sido pilar de su estabilidad macroeconómica durante décadas. La invariabilidad tributaria para grandes proyectos busca atraer capital en un momento en que la inversión privada es clave para la reconstrucción y el desarrollo. Al mismo tiempo, el alto precio de los combustibles —influido por factores internacionales y por la estructura impositiva interna— sigue siendo una preocupación real para millones de hogares y para la economía de las regiones extremas.
El ministro Quiroz optó por defender el perímetro de lo que considera no negociable. El senador Araya intentó tender un puente. Por ahora, el puente no se construirá sobre el impuesto específico a los combustibles. El debate sobre cómo compatibilizar alivio al costo de la vida con sostenibilidad fiscal y atracción de inversión continúa abierto en el Senado, donde la megarreforma enfrenta su prueba más exigente en las próximas semanas.
La pelota está ahora en la cancha de la Sala del Senado. El gobierno ha dejado claro que su línea roja en materia fiscal permanece intacta.
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