Franco Parisi ante la megareforma: propone invariabilidad tributaria de 20 años y califica la rebaja corporativa como “una apuesta”

En una extensa entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, el fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, ofreció un análisis matizado del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno. Aunque respaldó los lineamientos centrales de la iniciativa —que incluye una ambiciosa batería de medidas tributarias y de tramitación ambiental—, el economista y político delineó diferencias concretas y propuso ajustes que, a su juicio, podrían fortalecer la atracción de capitales productivos de largo plazo en un Chile que enfrenta el desafío de reactivar su inversión.

El impasse tributario: hacia una comisión mixta con reglas claras para 20 años

El punto más delicado en la tramitación actual gira en torno a la invariabilidad tributaria. Existe un desacuerdo entre el Ejecutivo y senadores del PPD que, según Parisi, terminará resolviéndose en una comisión mixta. Esa instancia, habitual en el Congreso chileno para dirimir diferencias entre Cámara y Senado, sería el espacio donde se concrete un acuerdo que él mismo ha discutido personalmente con el ministro Jorge Quiroz.

La propuesta concreta que Parisi defiende contempla una invariabilidad a 20 años, acompañada de un impuesto corporativo del 23 % más una sobretasa del 1,5 % para quienes opten voluntariamente por ese régimen especial. Esta fórmula, sostiene, otorgaría la certeza que demandan proyectos cuya maduración excede ampliamente los ciclos políticos o presupuestarios habituales.

La lógica detrás de esta postura es sencilla pero profunda: cuando un inversionista decide comprometer cientos o miles de millones de dólares en infraestructura o extracción de recursos, la posibilidad de que las reglas del juego cambien a mitad de camino actúa como un desincentivo poderoso. En un contexto global donde otros países compiten activamente por atraer esos mismos capitales, la estabilidad fiscal se convierte en un factor diferenciador. Parisi lo resume con claridad: “Tenemos que darle certeza tributaria para que esa inversión se quede en casa”.

La rebaja del impuesto corporativo: “es una apuesta”, no una certeza

Respecto de la reducción del Impuesto de Primera Categoría contemplada en la megareforma, Parisi coincide en que aliviar la carga tributaria sobre las empresas forma parte del paquete necesario para dinamizar la economía. Sin embargo, introduce un matiz importante: no existe evidencia concluyente de que una rebaja general, por sí sola, garantice un aumento de la inversión productiva.

El razonamiento del líder del PDG es económico y práctico. Una tasa corporativa más baja incrementa las utilidades disponibles, pero esas utilidades pueden destinarse a dividendos, recompra de acciones o incluso inversiones en el exterior. No existe mecanismo automático que asegure que el ahorro fiscal se traduzca en nuevo capital productivo dentro del país. Por eso prefiere instrumentos más quirúrgicos: incentivos directos ligados a la adquisición de activos fijos, desarrollo de software o mejoras en propiedades productivas.

Esta distinción cobra relevancia cuando se observa el comportamiento histórico de la inversión privada en Chile. Los proyectos de mayor envergadura —especialmente en minería y energía— requieren señales claras de que el marco normativo y tributario permanecerá estable durante toda la vida útil del activo. Una rebaja amplia sin contrapartidas de reinversión puede generar un efecto de “regalo fiscal” más que un verdadero estímulo al crecimiento.

Rebajas tributarias con foco en las personas: el camino complementario

En contraste con la discusión corporativa, Parisi se muestra más convencido de avanzar en alivio tributario dirigido directamente a los hogares. Como ejemplo concreto menciona las iniciativas impulsadas por el PDG para eliminar el IVA a medicamentos y pañales. Estas medidas, argumenta, tienen un impacto inmediato en el poder adquisitivo de las familias y generan un efecto multiplicador más directo sobre el consumo y, por ende, sobre la actividad económica.

La preferencia por este tipo de instrumentos refleja una visión más equilibrada de la política tributaria: no se trata solo de mejorar la competitividad del capital, sino también de aliviar la carga que recae sobre quienes sostienen la demanda interna. En un escenario donde la reactivación requiere tanto oferta como demanda, combinar estabilidad para grandes proyectos con alivio para el bolsillo de la clase media y trabajadora aparece como una estrategia más completa.

Rechazo a la indemnización estatal por permisos ambientales

Uno de los puntos donde Parisi marca mayor distancia con el texto actual de la reforma es la norma que establece que el Estado deberá indemnizar a empresas cuando un proyecto sea paralizado tras un fallo judicial adverso en materia ambiental. Su posición es categórica:

El argumento central es de responsabilidad fiscal y de asignación eficiente de riesgos. Los riesgos regulatorios y judiciales inherentes a proyectos complejos —especialmente aquellos que afectan el medio ambiente— pueden y deben ser cubiertos mediante seguros privados contratados por los propios desarrolladores. Trasladar esa carga al erario público no solo expone recursos fiscales a potenciales litigios millonarios, sino que podría incentivar comportamientos especulativos: proyectos presentados con información incompleta o con la expectativa de que, ante cualquier contratiempo judicial, el Estado pagará la cuenta.

En un país donde la tramitación ambiental ya enfrenta críticas por tiempos excesivos, la solución no pasa por socializar los riesgos de quienes deciden invertir en zonas sensibles, sino por mejorar los procesos de evaluación, otorgar mayor predictibilidad a los permisos y exigir que los inversionistas internalicen adecuadamente los costos de eventuales demoras o rechazos.

El verdadero desafío: acelerar la inversión productiva en minería y construcción

Más allá de los detalles tributarios y ambientales, Parisi identifica el núcleo del problema chileno actual: la lentitud con que avanzan los proyectos de inversión productiva. Sectores como la minería —históricamente motor del crecimiento— y la construcción requieren una coordinación mucho más fluida entre ministerios, servicios públicos y autoridades regionales.

Los plazos que menciona no son casuales: 12 a 15 años para un proyecto minero de envergadura y alrededor de ocho años para una carretera importante. Durante ese lapso, cualquier señal de inestabilidad normativa o tributaria puede hacer que el capital busque destinos alternativos. Por eso insiste en que la política pública debe orientarse decididamente a “destrabar” proyectos estratégicos sin sacrificar estándares ambientales ni fiscales.

Esta visión conecta directamente con la necesidad de que Chile mantenga su posición competitiva en un mundo que demanda más cobre, litio y energías renovables. La transición energética global abre oportunidades, pero solo las aprovechará quien ofrezca reglas claras, procesos ágiles y un marco tributario predecible. La megareforma puede contribuir a ese objetivo si se afina en los puntos que Parisi señala.

El rol del PDG y la negociación política en curso

Las declaraciones de Parisi no ocurren en el vacío. El Partido de la Gente ha participado activamente en las conversaciones sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional desde etapas tempranas. Con una bancada que puede resultar decisiva en votaciones ajustadas, su postura influye en el diseño final de la iniciativa.

El hecho de que Parisi haya mantenido reuniones directas con el ministro Quiroz y que haya conversado sobre fórmulas específicas de invariabilidad tributaria demuestra una disposición pragmática: respaldar el corazón de la reforma siempre que se incorporen elementos que, a juicio del PDG, mejoren sus efectos sobre la inversión real y no solo sobre los balances contables de las empresas.

En la política chilena contemporánea, marcada por la fragmentación parlamentaria, los partidos medianos como el PDG cumplen a menudo el rol de bisagra. Sus propuestas —ya sea la reincorporación de mecanismos como el FUT en discusiones anteriores o la actual énfasis en estabilidad de largo plazo— obligan al oficialismo y a la oposición a refinar sus posiciones. El resultado puede ser una legislación más robusta, siempre que prime el diálogo técnico por sobre la confrontación ideológica.

Implicaciones para el crecimiento y la competitividad de Chile

Lo que subyace en las observaciones de Parisi es una preocupación compartida por buena parte del espectro económico: cómo pasar de una recuperación frágil a un crecimiento sostenido basado en inversión productiva de calidad. La megareforma representa una oportunidad para enviar señales potentes a los mercados internacionales. Una invariabilidad bien diseñada, combinada con incentivos focalizados y una gestión responsable de los riesgos ambientales, puede contribuir a acortar los tiempos de maduración de proyectos y a reducir el costo de capital para quienes invierten en Chile.

Al mismo tiempo, el rechazo a la indemnización estatal por paralizaciones judiciales protege las finanzas públicas y preserva la legitimidad del sistema de evaluación de impacto ambiental. Un Estado que asume riesgos excesivos de proyectos privados termina distorsionando incentivos y generando percepciones de favoritismo. La alternativa —seguros privados y mayor exigencia en la preparación de los proyectos— alinea mejor los intereses de inversionistas serios con el interés general del país.

La entrevista de Parisi en TVN no cierra el debate, pero lo enriquece. Ofrece una hoja de ruta concreta: comisión mixta para resolver el impasse tributario, invariabilidad de 20 años con opción de sobretasa, incentivos dirigidos a inversión real en lugar de rebajas generales indiscriminadas, y protección de los recursos fiscales frente a riesgos que el sector privado puede gestionar. Si estas ideas se incorporan durante la tramitación, la megareforma de Reconstrucción Nacional podría ganar en eficacia y legitimidad. El tiempo, y el Congreso, dirán si esa apuesta se concreta.

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