La aprobación del Presidente José Antonio Kast retrocedió al 34% en la encuesta Criteria publicada el 2 de agosto de 2026, dos puntos menos que la medición anterior. La desaprobación alcanzó el 55% y el proyecto de ley de reconstrucción sigue generando percepción mayoritaria de beneficio a grandes empresas.
Nueva baja en el respaldo presidencial
El estudio, aplicado el 31 de julio mediante panel online, confirma una tendencia de debilitamiento que se arrastra desde junio. En ese mes la aprobación superaba el 40%. Desde entonces el indicador ha perdido terreno de forma sostenida hasta ubicarse en el nivel actual.
La pregunta central del sondeo fue directa: “Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como José Antonio Kast está conduciendo su gobierno?”. El 11% de los consultados optó por no responder o declaró no saber.
La desaprobación, que en los últimos dos meses osciló entre 51% y 55%, volvió a tocar su techo reciente. El margen entre quienes rechazan y quienes respaldan la gestión se amplió a 21 puntos porcentuales.
Evolución reciente del indicador
Los números de Criteria muestran una curva descendente clara. A comienzos de junio el respaldo rozaba el 40%. En mediciones intermedias de julio llegó a marcar 32% en una de las cifras más bajas del período, para luego recuperar parcialmente y volver a caer.
El descenso de dos puntos registrado ahora no es un hecho aislado. Forma parte de un proceso de erosión gradual que coincide con la tramitación de iniciativas legislativas de alto impacto y con la percepción ciudadana sobre el manejo de situaciones de emergencia.
Otras encuestas publicadas en la misma fecha, como Pulso Ciudadano, muestran cifras aún más débiles para el Ejecutivo, con aprobación en torno al 25,6% y desaprobación cercana al 59%. La diferencia metodológica entre sondeos no elimina el diagnóstico compartido: el capital político inicial se ha reducido de manera consistente.
El proyecto de reconstrucción bajo la lupa
La misma encuesta incorporó preguntas específicas sobre el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, una de las banderas del gobierno. Los resultados revelan una lectura crítica mayoritaria sobre quiénes serían los principales beneficiarios.
El 50% de los encuestados considera que la iniciativa favorece principalmente a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos. Solo el 33% cree que su objetivo central es la generación de empleo. El 17% restante no se identifica con ninguna de las dos opciones o prefiere no definir posición.
Esa percepción de sesgo hacia el capital se ha mantenido dominante desde abril, con registros que han fluctuado entre 45% y 51%. Quienes ven prioridad en el empleo, en cambio, han perdido terreno desde el máximo de 38% registrado en junio.
Impacto esperado en el país
Sobre las consecuencias de la ley, la ciudadanía aparece dividida, aunque con inclinación negativa. El 38% estima que el efecto será más bien negativo para el país. Esa cifra, sin embargo, representa una mejora respecto del 45% que se registraba a mediados de junio.
El 33% anticipa un impacto más bien positivo, porcentaje que se ha mantenido relativamente estable a lo largo del año. El 29% restante declara no tener claridad sobre las consecuencias que podría generar la legislación.
El contraste entre la percepción de beneficiarios y la evaluación del impacto deja en evidencia un problema de comunicación política. Mientras el gobierno presenta la iniciativa como motor de reactivación y empleo, una proporción significativa de la opinión pública la lee como un instrumento orientado a sectores de altos ingresos.
Contexto político y fiscalización del poder
La caída en la aprobación ocurre en un momento en que el Ejecutivo enfrenta el escrutinio permanente sobre su capacidad de entrega. La distancia entre las promesas de campaña y los resultados percibidos en materia económica y de reconstrucción comienza a traducirse en números concretos.
La estabilidad relativa de la desaprobación en torno al 55% indica que el rechazo no es volátil. Se ha consolidado un piso crítico que no cede con facilidad. Al mismo tiempo, el segmento de indecisos o no respondientes se mantiene en torno al 11%, lo que limita el margen de recuperación rápida.
En el análisis de mercados y expectativas, estos indicadores de aprobación no son meros datos de opinión. Influyen en la percepción de riesgo político, en la capacidad de negociación legislativa y en la confianza de agentes económicos. Un gobierno con respaldo en el tercio bajo enfrenta mayores dificultades para impulsar reformas estructurales o para sostener coaliciones amplias.
Lectura de los datos duros
Los números de Criteria del 2 de agosto no admiten interpretaciones complacientes. La aprobación del 34% ubica al Presidente José Antonio Kast en un terreno de debilidad relativa dentro de su propio período. La desaprobación del 55% consolida una mayoría crítica.
El proyecto de reconstrucción, lejos de funcionar como ancla de respaldo, aparece asociado a la idea de privilegio para grandes capitales en la mitad de los consultados. Esa percepción, sostenida durante meses, constituye un lastre comunicacional y político.
La tendencia desde junio es inequívoca: pérdida de seis puntos de aprobación en poco más de dos meses. El Ejecutivo tiene por delante el desafío de revertir esa curva con resultados medibles, no con narrativas. Los sondeos registran hechos de percepción. Los hechos de gestión son los que, eventualmente, pueden modificarlos.
