Victor Manuel Arce Garcia
Santiago, Chile – La adjudicación a Marta Lagos, directora de MORI ( Market & Opinion Research International), para desarrollar 16 preguntas a un costo de aproximadamente 13 millones de pesos ha encendido alarmas en el sistema de compras públicas de Chile, conocido como ChileCompra. Críticos señalan que este trabajo podría ser realizado por un sociólogo con formación básica a un costo mucho menor, lo que levanta sospechas de posibles irregularidades y favoritismos políticos. Este debate sobre la transparencia en las licitaciones y el uso de fondos fiscales ha cobrado relevancia en redes sociales y medios locales.
La controversia fue inicialmente denunciada por el usuario @jgalemparte en una publicación en X el 15 de mayo de 2025. En dicha publicación, se menciona que Marta Lagos, una encuestadora reconocida y fundadora de MORI ( Market & Opinion Research International), recibió un contrato para desarrollar 16 preguntas para un estudio para el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Según la denuncia, el monto de casi 13 millones de pesos pagados por el Estado es excesivo, dado que un sociólogo de la Universidad de Chile podría ejecutar el mismo trabajo por aproximadamente 2 millones más IVA. La denuncia sugiere que esta adjudicación podría ser un retorno a favores políticos, dado el historial de Lagos y sus conexiones en círculos gubernamentales y académicos.
Con más de cuatro décadas de experiencia en encuestas y estudios de opinión pública, Marta Lagos ha sido una figura influyente en el ámbito. Es fundadora de Latinobarómetro y ha colaborado con gobiernos de la Concertación y organizaciones internacionales. Sin embargo, su reputación no la exime de críticas; en 2021, reconoció en una entrevista que en Chile "las encuestas a veces son manipuladas" para reflejar intereses de la élite, lo que alimenta la percepción sobre su cercanía al poder.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la falta de información sobre el proceso de licitación. La Ley de Compras Públicas (N° 19.886), modificada en diciembre de 2023, establece la obligación de publicar las licitaciones superiores a 1.000 UTM en Mercado Público. En 2024, el Observatorio ChileCompra revisó más de 4,500 procesos de compra y detectó irregularidades, como en los casos del Hospital Sótero del Río y la Municipalidad de Alto del Carmen. Estos antecedentes revelan la vigilancia activa del sistema frente a posibles abusos.
La crítica principal se centra en el costo del servicio. Expertos han señalado que diseñar 16 preguntas para una encuesta no debería ser tan costoso, especialmente si no incluye trabajo de campo ni análisis de resultados. Un académico y funcionario público que prefirió permanecer en el anonimato indicó que "cualquier sociólogo con experiencia en metodología podría realizar este trabajo a una fracción del costo, sin comprometer la calidad". Esta afirmación refuerza la idea de que los 13 millones de pesos adjudicados a MORI Chile podrían considerarse desproporcionados.
A pesar de las críticas, defensores de Marta Lagos argumentan que su experiencia justifica el costo. Elaborar preguntas para encuestas de opinión pública conlleva un entendimiento profundo de la metodología estadística y la validación técnica, especialmente si el estudio tiene implicaciones gubernamentales o internacionales. Un consultor en investigación de mercados resalta que "MORI Chile no solo vende preguntas, sino un producto respaldado por décadas de experiencia y prestigio". Sin embargo, la falta de información accesible dificulta verificar si el costo incluye servicios adicionales como diseño muestral o análisis preliminar.
El Observatorio ChileCompra, creado para monitorizar la transparencia en las compras, ha seguido de cerca casos de sobreprecios. En 2024, remitió 47 informes a la Contraloría General de la República y 10 al Ministerio Público, lo que demuestra un enfoque proactivo ante irregularidades. Sin embargo, la carencia de información sobre las bases de la licitación hace difícil evaluar si se ha violado alguna norma.
Las acusaciones de favoritismo en el proceso de licitación no son nuevas en el contexto chileno. Casos previos, como el de OHL, vinculado al cuñado del expresidente Ricardo Lagos, han generado un clima de desconfianza respecto a las licitaciones. Aunque no se ha hallado evidencia directa de clientelismo en este caso, el historial profesional de Marta Lagos la sitúa en una posición delicada.
Hasta el momento, Marta Lagos y MORI Chile no han emitido declaraciones oficiales sobre la controversia. La Dirección de Compras y Contratación Pública tampoco ha confirmado si se está llevando a cabo una investigación. No obstante, el Observatorio ChileCompra podría incluir la licitación en su monitoreo continuo.
Por otro lado, la Contraloría General de la República, que se encarga de supervisar contratos superiores a 15,000 UTM, podría intervenir si se encuentran evidencias de irregularidades. La opinión pública espera con interés más claridad sobre los detalles del contrato y los motivos detrás de la adjudicación.
La controversia en torno a la licitación de Marta Lagos revela un problema estructural en el sistema de compras públicas chileno: la percepción de opacidad y favoritismo. A pesar de los avances hacia la transparencia tras reformas recientes, episodios como este alimentan la desconfianza en las instituciones.
Según un informe de Chile Transparente, es esencial la rendición de cuentas para fortalecer la confianza en el sector público. Sin embargo, la falta de información clara sigue siendo un obstáculo que alimenta la sospecha de corrupción.
Políticamente, esta controversia podría tener repercusiones serias para el gobierno actual. La creciente desigualdad y el descontento social —intensificados desde el estallido social de 2019— hacen que cualquier sospecha de mal uso de fondos públicos sea un tema sensible. Como apuntó Marta Lagos en 2023, "la gente no entiende cuál es el norte del Gobierno", una frase que resuena en medio de este clima de cuestionamientos a la gestión pública.
La oposición, liderada por figuras como José Antonio Kast, puede utilizar este escándalo para reforzar su narrativa de austeridad fiscal, lo que podría traducirse en un impacto significativo en la próxima contienda electoral.
En conclusión, este caso no solo pone en tela de juicio la adjudicación a Marta Lagos, sino que también examina la efectividad del sistema de compras públicas en garantizar transparencia y competencia. Abordar estas inquietudes es crucial para evitar que la percepción de corrupción siga erosionando la confianza en las instituciones.
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