Irmina Herrera
Santiago, Chile – La Corte Suprema ha tomado una decisión controvertida al acoger el recurso de amparo presentado por la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, permitiendo su sustitución de prisión preventiva por arresto domiciliario total. Este fallo, emitido el 19 de mayo de 2025, ha suscitado un torrente de críticas entre los candidatos presidenciales de la oposición, quienes cuestionan la independencia del sistema judicial y la gestión del presidente Gabriel Boric, tras revelarse detalles de sus conversaciones con Monsalve.
Manuel Monsalve, acusado de abuso sexual y violación en contra de una subalterna, se encontraba en prisión preventiva desde el 19 de noviembre de 2024. Durante este tiempo, estuvo recluido en distintas cárceles, incluido el Anexo Capitán Yáber en Santiago. La Corte Suprema justificó la decisión al argumentar que la sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía, que mantuvo a Monsalve en prisión, "no supera el umbral mínimo de fundamentación". A pesar de cambiar la medida cautelar, se impusieron restricciones como arraigo nacional y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
La reacción de la oposición fue inmediata. Candidatos presidenciales de derecha, interpretando el fallo como un signo de impunidad, han utilizado este momento para cuestionar al gobierno de Boric. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, acusó al presidente de encubrir a Monsalve. "Le creyó a Monsalve y no a la víctima", afirmó, en referencia a conversaciones que el expresidente tuvo con el exsubsecretario antes de su renuncia.
En un tono desafiante, Kast añadió: "Gabriel, ¿cuántas cosas más vamos a tener que saber de ti para que las vayas confesando? Esto es una más", sugiriendo que Boric ha evitado asumir su responsabilidad. Asimismo, lamentó el cambio de la medida cautelar, considerando que un informe de la Cámara de Diputados está próximo a emitirse.
Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, se mostró visiblemente indignada, tildando la decisión de la Corte Suprema como "vergonzosa e indignante". La exalcaldesa de Providencia afirmó que "nadie puede entender una decisión como esta" y subrayó que el gobierno ha olvidado a la víctima en este caso.
Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, insinuó un posible favoritismo del sistema judicial hacia el gobierno, al mencionar que "últimamente le va demasiado bien al gobierno en tribunales". Franco Parisi, del Partido de la Gente, describió el fallo como "otro golpe duro a las víctimas, a la sociedad y en particular a las mujeres", sugiriendo que el gobierno ha protegido a Monsalve debido a su cercanía con altos mandos políticos.
La acusación contra Monsalve fue presentada por una subalterna, quien alegó haber sido víctima de violación y abuso sexual el 22 de septiembre de 2024 en un hotel de Santiago. La denuncia llevó a la renuncia de Monsalve el 17 de octubre, dos días después de que Boric recibiera información sobre el caso de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Las declaraciones de Monsalve ante la Fiscalía, donde indicaba que el presidente le pidió minimizar su defensa pública, han intensificado las críticas hacia el gobierno. Un informe de peritajes de la Policía de Investigaciones (PDI) mostró que el exsubsecretario había utilizado aplicaciones como Spotify y Signal la noche del incidente, contradiciendo su versión de haber estado inconsciente.
La madre de la víctima expresó su dolor en redes sociales, pidiendo una condena por parte del presidente Boric y los jueces. "Él es un criminal", declaró. La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, indicó que la víctima está "bastante afectada psicológicamente" tras el fallo de la Corte.
El gobierno, por su parte, ha intentado mantener distancia de la controversia. La ministra vocera (s), Aisén Etcheverry, evitó comentar sobre la decisión judicial, pero mencionó la colaboración del Ejecutivo en las investigaciones.
El fallo de la Corte Suprema en el caso Monsalve no solo cuestiona la solidez del sistema judicial chileno, sino que también revela las profundas fracturas políticas en un año electoral crucial. El cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario ha sido visto por la oposición como un signo de impunidad y debilidad institucional, alimentando la desconfianza hacia las élites políticas y judiciales.
Este caso, junto al escándalo de ProCultura, ha proporcionado a candidatos como Kast, Matthei y Kaiser una plataforma para atacar al gobierno de Boric, al que acusan de proteger a sus aliados. La revelación de que el presidente conoció la denuncia dos días antes de la renuncia de Monsalve ha reforzado la percepción de que Boric priorizó lealtades personales sobre la justicia.
La Corte Suprema, a su vez, enfrenta un renovado escrutinio. Aunque su justificación puede ser jurídicamente válida, el impacto social de la decisión no puede ser ignorado. La percepción de que los poderosos reciben tratos preferenciales se ve reforzada ante este tipo de decisiones, especialmente en un contexto de creciente polarización política.
La oposición, consciente de que la narrativa sobre la impunidad puede ser decisiva en las próximas elecciones, redobla su ofensiva. Sin embargo, esta estrategia también presenta riesgos. Críticas como las de Matthei a la Corte podrían alienar a votantes moderados que valoran la independencia judicial. Para Kast y Kaiser, su discurso de mano dura apela a una base ultraconservadora, pero podría limitar su atractivo en un electorado más amplio.
En conclusión, el caso Monsalve trasciende el ámbito judicial y se convierte en un reflejo de la lucha por el poder en un Chile dividido. Mientras Boric intenta gestionar el daño, la oposición capitaliza la ocasión, conscientes de que la percepción de impunidad puede definir el rumbo de la carrera presidencial. La pregunta que persiste es si este escándalo logrará unir a la derecha o, por el contrario, exacerbará las divisiones internas entre sus figuras destacadas.
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