Elena Carvajal Gorosábel
Santiago, Chile En un giro significativo que sacude la política chilena, el diputado Joaquín Lavín León, esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se encuentra en el centro de una investigación judicial por un presunto fraude al fisco que superaría los $33.000 millones durante la gestión de Barriga entre 2016 y 2021. Esta situación ha puesto a Lavín bajo un intenso escrutinio por su posible papel como "alcalde en las sombras", y su carrera política podría enfrentar un punto de quiebre si se confirma un eventual desafuero.
La reciente declaración de Lavín ante la Fiscalía Metropolitana Oriente ha revelado su profunda implicación en la gestión de Barriga, quien actualmente cumple prisión preventiva en el Centro Penitenciario de San Miguel. Barriga está formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos. Lavín manifestó: "Yo quería que a Cathy le fuera bien en su administración", referenciando los obstáculos que enfrentó durante su mandato. Sin embargo, esta intención ha sido cuestionada en el marco de una investigación que cuenta con antecedentes serios por parte de la fiscal Constanza Encina.
Uno de los hallazgos más alarmantes en la investigación fueron varios correos electrónicos enviados por Lavín a funcionarios de la Municipalidad de Maipú. Estos mensajes incluían órdenes específicas para desvincular y contratar personal, lo que la Fiscalía interpreta como injerencia indebida en la gestión municipal. En un correo en particular, Lavín proporcionó un listado de 496 personas que deberían ser despedidas, muchas de las cuales estaban asociadas con la administración anterior.
Lavín defendió su accionar al afirmar: "Eran personas que querían colaborar con la gestión de Cathy Barriga", pero expertos en probidad administrativa consideran que su intervención es cuestionable y que un diputado no tiene atribuciones para influir en la gestión de un municipio, especialmente cuando su cónyuge es la autoridad en cuestión. El actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha presentado una querella contra Lavín, acusándolo de tráfico de influencias y fraude al fisco.
Otro aspecto crítico de la investigación se centra en la presunta emisión de facturas falsas destinadas a financiar campañas políticas. Según las indagaciones, la empresa MMG S.A., especializada en material gráfico, habría recibido pagos por servicios inexistentes. El dueño de la imprenta, Juan Alberto Silva, declaró que Lavín le solicitó emitir facturas ideológicamente falsas, que habrían sido utilizadas para compensar deudas de campañas electorales.
Lavín intentó distanciarse de la situación al señalar a su exasesor, Arnaldo Domínguez, como responsable de gestionar estos pagos. Sin embargo, las evidencias recopiladas por la Fiscalía sugieren que Lavín desempeñó un papel más activo en la gestión de recursos. Durante un allanamiento a su oficina en el Congreso en octubre de 2024, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos que podrían complicar su situación legal.
El escándalo que rodea a Barriga y Lavín no solo ha captado la atención pública, sino que también ha puesto a una de las familias políticas más reconocibles de Chile bajo un inmenso estrés. Barriga, quien enfrenta una reformalización de cargos el próximo 15 de abril de 2025 por malversación reiterada de caudales públicos, ha estado en prisión preventiva por más de 100 días. Su suegro, el exalcalde Joaquín Lavín Infante, ha criticado la situación, calificándola de "incomprensible".
Mientras tanto, Lavín ha mantenido un perfil bajo, limitándose a realizar visitas semanales a su esposa y a hacer declaraciones esporádicas a la prensa. Su renuncia a la UDI en noviembre de 2024, tras el allanamiento de su oficina, fue interpretada como un intento de mitigar el daño al partido por los efectos del escándalo. Sin embargo, el tiempo no ha aligerado la presión que enfrenta, y la posible solicitud de desafuero lo deja en una posición vulnerable.
La querella presentada por Vodanovic, con un informe de 44 páginas, ha intensificado la atención sobre Lavín. En su esfuerzo por combatir la corrupción en Maipú, Vodanovic declaró en su cuenta de X: "Hemos interpuesto una querella criminal contra el diputado Joaquín Lavín León, por eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco." El alcalde argumenta que es su deber perseguir a quienes contribuyeron a la crisis de corrupción en la comuna.
Lavín ha rechazado las acusaciones, afirmando que esta querella representa una "judicialización de la política" y argumentando que Vodanovic busca "réditos políticos" a costa de los recursos municipales. Este conflicto destaca la creciente polarización en la política chilena, donde cada partido busca maximizar su beneficioso.
El escándalo de Joaquín Lavín y Cathy Barriga plantea preguntas profundas sobre la transparencia y la ética en la política chilena. Desde The Times en Español, consideramos que este caso no solo destaca la vulnerabilidad de las instituciones, sino también las dinámicas complejas entre relaciones familiares y responsabilidad pública.
Los correos comprometedores que demuestran la injerencia de Lavín en la administración municipal indican cómo las fronteras entre el deber público y los vínculos personales pueden ser perjudiciales para la confianza en el sistema. Como señala El Mostrador, Lavín podría haber ejercido una influencia significativa en la administración municipal de Barriga, a pesar de no poseer un cargo formal.
El impacto político de este caso va más allá de Maipú. La renuncia de Lavín a la UDI y la posible solicitud de desafuero marcan un momento delicado para el sector conservador, que se esfuerza por sobrevivir tras recientes derrotas electorales. Según La Tercera, la Fiscalía está evaluando solicitar el desafuero de Lavín, lo que podría desencadenar un efecto en cadena dentro del ámbito político chileno.
Además, la estrategia de Vodanovic, que se presenta como un cruzado contra la corrupción, aunque efectiva, no está exenta de críticas. Lavín ha señalado que esos gastos provienen de una estrategia para mantener al tema en el centro de la atención, destacando la polarización de las narrativas en juego.
En conclusión, el escándalo Lavín-Barriga es un recordatorio potente de la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar la rendición de cuentas en la administración pública chilena. Con la justicia chilena ante el reto de esclarecer los hechos sin caer en la politización, la ciudadanía observa atentamente este caso que podría redefinir el futuro político de una de las comunas más grandes de Chile.
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