Javier Saldívar Flores
En una declamación contundente que resonó en el Teatro Nacional el pasado domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó que le tiene "sin cuidado" ser calificado de dictador. Estas declaraciones se produjeron en un marco de críticas crecientes por la represión de activistas de derechos humanos y la persecución de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Según Bukele, se trata de un ataque coordinado por organizaciones internacionales y prensa que, a su juicio, buscan desestabilizar su gobierno.
Bukele llegó al poder en 2019 prometiendo un enfoque innovador para combatir la violencia pandillera que ha asolado a El Salvador durante décadas. Su estrategia de mano dura, que incluye detenciones masivas y un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, ha sido aclamada por muchos salvadoreños como una solución a la inseguridad. Sin embargo, también ha suscitado fuertes críticas de grupos de derechos humanos, quienes argumentan que se está erosionando el estado de derecho y que la represión de disidentes es una realidad creciente.
En medio del clamor y la movilización internacional por los derechos humanos, Bukele mantuvo su postura enérgica. “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles,” aseveró, recordando el incremento de la violencia que se había registrado en el país antes de su administración. Esta perspectiva resuena especialmente en un país que ha padecido más de 200,000 asesinatos vinculados a pandillas en los últimos 30 años. Aunque cifras han mostrado una disminución en la violencia durante su gobierno, han surgido cuestionamientos sobre el costo a la libertad personal y a los derechos humanos.
La situación se ha agudizado, tal como lo evidencia la reciente detención de Ruth López, una abogada de una ONG dedicada a la defensa de derechos humanos y la asistencia a víctimas de violaciones estatales. López, según la Fiscalía, supuestamente cometió fraude en su anterior trabajo, pero organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado su arresto como parte de una estrategia más amplia para acallar las voces críticas.
En un contexto en el que la oposición y las ONG locales y extranjeras expresan su rechazo ante las tácticas autoritarias de Bukele, el presidente ha aprovechado para remodelar la narrativa en torno a su gestión. “Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...) No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político," ironizó el mandatario, cargando las tintas sobre el discurso de defensa de los derechos humanos, que considera, en muchos casos, como cortina de humo para encubrir actividades ilícitas por parte de algunos de sus opositores.
El régimen de excepción, que se activó en marzo de 2022 tras un repunte en los homicidios, ha permitido la detención de más de 86,000 personas, con miles bajo condiciones precarias en las prisiones del país, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Críticos afirman que muchas de estas detenciones han sido arbitrarias, afectando a personas inocentes en un sistema que traza la línea entre criminalidad y crítica al gobierno de manera difusa.
Bukele, en su discurso, también abordó su alianza con la administración de Donald Trump en lo que refiere a la política de inmigración dura y la deportación de salvadoreños y otros centroamericanos. En lo que algunos podrían interpretar como un intento de escenificación mediática, el presidente mostró a 252 venezolanos y 36 salvadoreños deportados por Estados Unidos, presentándolos como "delincuentes" que no merecen protección legal. La relación entre el país y el gobierno estadounidense se ha polarizado, y la entrada en prisión de estos deportados ha generado reacciones mixtas tanto dentro como fuera del país.
Bukele criticó a los congresistas estadounidenses que han visitado El Salvador para exigir garantías en el trato a los detenidos, aduciendo que, “siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia.” Este tipo de retórica busca reforzar su narrativa de resistencia ante lo que él considera interferencia inapropiada en los asuntos internos de El Salvador.
Con una reelección que muchos han calificado como inconstitucional tras un fallo de jueces en su favor, Bukele enfrenta una creciente presión interna y externa. Según analistas y críticos, su gobierno se encuentra en una escalada autoritaria que desviaría aún más a El Salvador de los ideales democráticos. La directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, señaló que el actual contexto subraya la "consolidación de la dictadura", definiendo así el primer año del segundo mandato como uno marcado por la represión.
El discurso de Nayib Bukele, quien combinó elementos de populismo y autoritarismo, resuena en un país donde la lucha contra la violencia es inminente, pero el costo de la estabilidad podría ser la erosión de los derechos civiles y políticos. La comunidad internacional sigue observando de cerca el desenlace de un gobierno que, a pesar de su alta popularidad, enfrenta sospechas de estar construyendo un régimen que prioriza la seguridad sobre la libertad.
El discurso de Nayib Bukele refleja la dualidad compleja que caracteriza a muchos gobiernos actuales en la región: la lucha entre el orden y la seguridad frente a la defensa de los derechos humanos. Su estrategia de mano dura ha reducido los índices de criminalidad, pero a expensas de un creciente autoritarismo que amenaza la democracia y el respeto por las libertades individuales. En este sentido, es crucial observar las reacciones tanto a nivel nacional como internacional, ya que estas influirán en futuras decisiones políticas y estrategias de gobernanza.
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