The Times Latino
La reciente presentación del plan de ampliación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, que implica una inversión colosal de 4.000 millones de dólares, ha encendido alarmas en distintas esferas, especialmente entre organizaciones que defienden los derechos de las personas en situación de discapacidad. A pesar de las promesas de modernización y eficiencia del proyecto, la falta de medidas concretas sobre accesibilidad universal plantea un escenario preocupante.
La Diputada Carla Morales (RN) se ha convertido en una de las principales voces en esta causa, oficiando al Ministerio de Obras Públicas para que proporcione información detallada acerca de las medidas que se incluirán en el diseño del nuevo aeropuerto. En el documento enviado, se señalan aspectos fundamentales como la participación de organizaciones de personas con discapacidad, la implementación de señalética inclusiva, la accesibilidad digital, y protocolos de evacuación adaptados. Morales enfatiza que "la inversión pública de esta magnitud no puede enfocarse solo en eficiencia financiera. Debe garantizar el respeto a los derechos de quienes históricamente han sido excluidos del acceso equitativo a la infraestructura."
Por su parte, la diputada Catalina del Real (Rep) se unió a la petición, advirtiendo que "la accesibilidad debe estar presente desde el diseño del proyecto." Resaltó que no se trata de una cuestión de privilegios, sino de derechos: "Las personas con discapacidad no pueden seguir enfrentando barreras físicas o comunicacionales en espacios públicos. Esto no es un privilegio, es un derecho consagrado por ley y por tratados internacionales suscritos por Chile."
Desde la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, presidente de la organización, hizo eco de estas preocupaciones, advirtiendo que "no basta con cumplir los estándares mínimos que exige la ley." Aseguró que el mega proyecto debe asegurar el desplazamiento autónomo y seguro de todas las personas, además de eliminar las brechas de acceso a la información. "Es fundamental abordar la comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes, así como facilitar la información para las personas con discapacidad visual", agregó.
Se calcula que el desarrollo de este mega proyecto se extenderá en varias fases hasta el año 2050. Durante este tiempo, se espera que el Ministerio de Obras Públicas responda a las inquietudes planteadas por las diputadas y considere incluir formalmente a organizaciones de la sociedad civil en las etapas de diseño y evaluación del plan.
Uno de los puntos críticos planteados es la accesibilidad como un aspecto integral y no como un añadido posterior. Los aeropuertos son espacios donde la movilidad es crucial, y cada detalle cuenta para garantizar una experiencia de viaje positiva. La infraestructura que no contempla a todos, en especial a personas con discapacidad, perpetúa la exclusión.
La accesibilidad va más allá de la simple construcción de rampas o baños adaptados. Involucra un enfoque holístico que contemple desde la señalética visiblemente clara hasta la formación del personal encargado de la atención al público. Con una inversión de esta magnitud, es imperativo que todos los componentes sean revisados bajo el prisma de la inclusión.
Por lo tanto, es esencial que las autoridades no solo cumplan con los requisitos legales, sino que adopten un enfoque proactivo. Según se estima, Chile tiene el desafío de reformar su infraestructura para garantizar el acceso universal, alineándose con los principios de igualdad y dignidad que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país en 2008.
Las diputadas y organizaciones como la FCHD exigen un compromiso firme para establecer un espacio inclusivo. Esto significa asegurar que las voces de las personas con discapacidad no solo sean escuchadas, sino que también sean integradas en la toma de decisiones desde el principio.
Desde la perspectiva política, lo que está en juego no es solo la forma en que se diseñará el nuevo aeropuerto, sino una conversación más amplia sobre los derechos de las personas con discapacidad en Chile. La presión que ejercen diputadas como Carla Morales y Catalina del Real puede influir significativamente en el futuro de la planificación urbana, así como en la percepción pública respecto de la inclusión.
El hecho de que estas discusiones surjan en un contexto de expansión de infraestructura tan significativa es un indicador del cambio de paradigma en la forma en que la administración pública aborda estas cuestiones. Además, la participación activa de la sociedad civil es vital para crear un futuro más inclusivo. Las lecciones aprendidas de este proceso podrían servir de modelo para otros proyectos en América Latina, impulsando una cultura de diseño inclusivo que trascienda fronteras.
El relato de la ampliación del aeropuerto es mucho más que una simple cuestión de logística y eficiencia. Es un momento definitorio que puede establecer un camino hacia una sociedad más equitativa y solidaria para todos. Las voces que claman por mejor accesibilidad marcan el inicio de una nueva era en la que deberíamos ver un cambio significativo hacia la inclusión real.
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