Irmina Herrera
Santiago, Chile - El 34° Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido sobreseer al sacerdote Felipe Berríos en la investigación por abuso sexual tras determinar que los hechos denunciados, ocurridos el 17 de agosto de 2000, han prescrito. La denunciante, que en ese momento tenía 15 años, había presentado su testimonio constando que sufrió una agresión al interior del Santuario de Schoenstatt durante un retiro espiritual.
El juez Eduardo Gutiérrez argumentó que “el testimonio entregado por la víctima en el presente proceso fue consistente a través del tiempo”, destacando que no hubo contradicciones significativas en las declaraciones dadas en distintas instancias del proceso. A pesar de la robustez del relato de la víctima, la normativa chilena establece plazos para la prescripción de delitos sexuales, que han llevado a la decisión de sobreseimiento en este caso.
El contexto de la denuncia es particularmente relevante. Las acusaciones contra Berríos surgieron en 2022, periodo que marcaría el inicio de una serie de acusaciones por hechos de índole sexual hacia siete mujeres, quienes en ese entonces tenían entre 14 y 23 años. La Compañía de Jesús tomó cartas en el asunto y en mayo de 2024, decidió expulsar al religioso de la congregación, tras determinar su culpabilidad de delitos contra el sexto mandamiento, así como delitos de solicitación a pecar durante la confesión.
Según un comunicado de la orden jesuita, se estableció que Berríos había abusado de su posición de poder como sacerdote. El contenido de este comunicado ha encendido una serie de reacciones en la sociedad chilena, donde los movimientos en defensa de derechos humanos han exigido un examen minucioso de estos casos a la luz de la #MeToo y la mayor visibilidad de las problemáticas relacionadas con el abuso sexual.
Si bien la prescripción del delito ha llevado al sobreseimiento del caso judicialmente, es importante destacar que el impacto psicológico sobre la víctima no se extingue con el paso del tiempo. Desde el momento de la denuncia, la víctima ha pasado por un proceso de revictimización y enfrentamiento con un sistema judicial que, en ocasiones, puede parecer indiferente a su sufrimiento.
Es importante recordar que muchos casos de abuso sexual no se denuncian debido a la estigmatización y el miedo al juicio público. La resolución del tribunal ha generado una serie de críticas en redes sociales. Grupos de apoyo a víctimas de abuso han criticado abiertamente el rol de la institución eclesiástica y del propio sistema judicial chileno en la gestión de estos casos.
El relato de la víctima ha sido considerado al menos “coherente, tanto interna como externamente”, según el fallo. Aunque el juez ha dejado claro que su testimonio estuvo bien fundamentado y era verosímil, esto ha sido insuficiente para llevar a un juicio que pueda conducir a una condena penal.
La historia de Felipe Berríos es, en este sentido, representativa de un contexto más amplio, donde múltiples casos de abuso sexual dentro de instituciones religiosas han salido a la luz, planteando un urgente cuestionamiento sobre cómo estas organizaciones manejan las denuncias y la protección de sus feligreses.
Este caso subraya un dilema que trasciende lo judicial y es un reflejo de crisis de confianza en las instituciones que han historiado un patrón de encubrimiento de abusos. Desde un punto de vista político, la decisión del tribunal subraya la necesidad de una revisión legislativa que contemple la nulidad de la prescripción en casos de abuso sexual, al menos, cuando las denuncias provengan de menores de edad.
Chile se encuentra en un momento crítico en cuanto a su desarrollo social y político. La falta de confianza hacia instituciones como la Iglesia y el sistema judicial está empujando a movimientos sociales a exigir cambios legales y culturales que protejan mejor a las víctimas de abuso.
Las reformas deben abordar la forma en que el país ve, trata y apoya a las víctimas de abuso sexual, especialmente en contextos vinculados a autoridades religiosas. Si bien el tribunal ha actuado de acuerdo a la ley, la percepción social de justicia y la necesidad de una respuesta adecuada a estos delitos claman por un nuevo enfoque legislativo y cultural.
La decisión de sobreseer a Felipe Berríos en este caso específico no debe verse simplemente como un cierre judicial, sino más bien como un recordatorio de las profundas heridas que permanecen abiertas dentro de la sociedad chilena. La necesidad de abordar la cuestión del abuso sexual con seriedad y responsabilidad es más urgente que nunca, y la sociedad chilena debe seguir exigiendo respuestas y justicia.
Esto se traduce no solo en reflexiones sobre las instituciones y su legado, sino también en un llamado a la acción: para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y respetadas, y que ninguna denuncia de abuso sexual se minimice o ignore.
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