Javier Saldívar Flores
La diputada Sofía Cid, del Partido Republicano, ha puesto en el centro del debate la situación carcelaria en la Región de Atacama, tras la remoción del director regional de Gendarmería por las erróneas liberaciones de presos, entre ellos un condenado por narcotráfico en Copiapó. La parlamentaria considera que esta decisión es solo el primer paso ante una problemática que afecta directamente la seguridad de las familias locales.
La situación ha desatado una ola de preocupación en la comunidad, y Cid no dejó pasar la oportunidad de manifestar su descontento. "Un liberado por error es una falla que no podemos aceptar. Esto no es un detalle administrativo, es un riesgo para nuestras familias", enfatizó. Sus palabras reflejan la angustia que sienten muchos ciudadanos en un contexto donde las cárceles están ubicadas en zonas urbanas, próximas a hogares y escuelas. “¿Qué pasaría si no se recaptura a tiempo? Es un escenario que no podemos permitirnos”, añadió, subrayando la gravedad de la situación.
Durante su intervención, la diputada Cid destacó la necesidad de modernizar los procesos dentro del sistema penitenciario y judicial. “Hoy más que nunca necesitamos digitalizar las órdenes judiciales, automatizar controles y revisar los protocolos de Gendarmería”, expuso. Criticó abiertamente la ineficacia atribuida a un aparato público que, a su juicio, actúa “sin coordinación ni responsabilidad”, y afirmó: “No puede seguir fallando lo más básico”.
Además, Cid condenó la decisión de construir una nueva cárcel en El Arenal, subrayando que fue tomada sin la consulta previa de la comunidad. “Una vez más, desde Santiago deciden por nosotros. ¿Y la opinión de las personas que viven aquí? ¿Dónde quedó el respeto?”, cuestionó. Este tema ha suscitado un fuerte descontento entre los residentes, quienes sienten que se ignoran sus necesidades e inquietudes. “No aceptaremos que se imponga una cárcel en una zona con proyección urbana, sin participación de la comunidad”, sentenció.
Finalmente, la diputada Cid hizo un llamado directo a los ministerios de Seguridad y Justicia para que actúen con urgencia. “Exijo medidas concretas. No basta con identificar los errores; hay que cambiar el sistema de raíz. Vamos a empujar una ley que exija planificación territorial para futuras cárceles y una reforma penitenciaria que incluya mejor infraestructura, funcionarios capacitados y gestión moderna”, concluyó.
Este enfoque es crucial en un contexto donde la percepción de inseguridad es creciente y donde el rol del gobierno es fundamental para garantizar la protección de la comunidad.
La situación en Atacama no es un problema aislado; refleja lo que muchas regiones del país enfrentan respecto a la gestión del sistema penitenciario y la seguridad pública. La voz de Sofía Cid puede ser solo una de muchas que claman por una revisión integral de un sistema que, en su opinión, no está funcionando adecuadamente. La comunidad espera respuestas y cambios que aseguren la protección de sus familias y la integridad del tejido social.
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