Elena Carvajal Gorosábel
En medio de un creciente debate sobre la custodia de vehículos retirados de circulación, el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Policía Local (INJPL) ha emitido un comunicado que busca aclarar su rol y competencias en este contexto. La postura surge tras las recientes declaraciones de Carabineros de Chile, que insinuaban que los juzgados estaban sugiriendo no requisar vehículos infractores. Este pronunciamiento podría tener implicaciones significativas para la seguridad vial en las calles de diversas ciudades chilenas.
Según el INJPL, las municipalidades son las únicas responsables de la gestión de los corralones donde se custodian los vehículos retirados de circulación. Este tema, de acuerdo con el instituto, no sólo es una cuestión legal, sino que representa un servicio esencial para el orden y la seguridad vial. La declaración enfatiza que "la ley no otorga competencias a los JPL para decidir sobre la existencia, características o el tamaño de los corralones municipales". Esto significa que cualquier iniciativa o cambio en la infraestructura relacionada con la custodia de vehículos debe provenir de las municipalidades.
La Contraloría General de la República (CGR) ha respaldado esta postura, subrayando que "los JPL no tienen competencias" sobre la gestión de los corralones y que en situaciones de saturación, los municipios pueden buscar alternativas como asociarse con otras entidades o celebrar convenios. Esta situación plantea un desafío para la coordinación entre Carabineros y los municipios, y el INJPL hace un llamado a que ambos actores trabajen juntos para una mejor gestión.
Uno de los puntos más críticos mencionados en el comunicado del INJPL es la necesidad de una "coordinación efectiva" entre Carabineros y las municipalidades para asegurar que los vehículos infractores sean custodiados de manera adecuada. La falta de una infraestructura de custodia adecuada puede llevar a congestiones y a un ambiente de desorden, algo que contradice el objetivo de mantener las vías públicas "seguras y despejadas".
El INJPL también menciona que las solicitudes de Carabineros dirigidas a los Juzgados de Policía Local para que se pronuncien sobre la custodia de vehículos pueden llevar a confusiones sobre las responsabilidades de cada entidad. En este sentido, se hace un llamado a que Carabineros no insiste en enviar oficios a los JPL, ya que dicha función es únicamente de las municipalidades.
La gestión de vehículos retirados de circulación plantea varios desafíos legales y operativos. La falta de espacio en los corralones puede obligar a los municipios a buscar soluciones alternativas, lo que puede incluir asociaciones con empresas privadas o la creación de instalaciones temporales. Este fenómeno no es exclusivo de Chile; diversas ciudades en el mundo enfrentan el mismo dilema ante un aumento en las normativas de tránsito y un número creciente de vehículos infractores.
Además, la reunión reciente entre entidades locales y Carabineros de Chile indica que es necesario establecer un protocolo claro que defina las responsabilidades y procedimientos que ambas partes deben seguir. La confusión actual puede obstaculizar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencias viales y problemas de seguridad.
Julio Martínez, alcalde de una ciudad del sur de Chile, reaccionó al comunicado del INJPL afirmando que "es crucial que entendamos nuestras competencias para trabajar de manera más eficiente". Aseguró que su municipalidad está dispuesta a colaborar con Carabineros y a revisar las opciones de infraestructura necesarias para garantizar la custodia y seguridad de los vehículos en cuestión.
Por otro lado, las opiniones de los ciudadanos también son un elemento clave en este debate. Muchos automovilistas expresan su preocupación sobre la falta de espacios adecuados para el almacenamiento de vehículos retirados, lo que frecuentemente resulta en congestionamientos en las vías públicas y en una visión desordenada de las ciudades.
A medida que la discusión sobre la custodia de vehículos retirados de circulación avanza, es fundamental que tanto las municipalidades como Carabineros de Chile asuman sus respectivas responsabilidades para garantizar un entorno más seguro y ordenado en las calles.
El INJPL realiza un llamado claro: las municipalidades deben cumplir con sus obligaciones legales, garantizando la existencia y capacidad de los corralones necesarios para el correcto resguardo de vehículos. Esta responsabilidad no solo ayudará a mejorar la seguridad vial, sino que también fomentará una relación más transparente y eficiente entre las distintas entidades involucradas.
Este pronunciamiento es solo el inicio de un diálogo necesario para abordar estos problemas operativos y mejorar la efectividad de la fiscalización del tránsito. Para ello, es esencial que todos los actores involucrados entiendan las implicaciones de sus roles en el marco legal vigente y colaboren en pro de la comunidad.
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