Victor Manuel Arce Garcia
La Contraloría Regional de Ñuble ha destapado un nuevo escándalo de mal uso de licencias médicas en el sector público. En su Investigación Especial N.° 578, el ente fiscalizador expone que Liselot Jiménez Sepúlveda, directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Pinto, presentó una licencia médica del 6 al 17 de enero de 2025, mientras en realidad se encontraba de viaje en Brasil del 8 al 16 del mismo mes. Jiménez, considerada la "mano derecha" del alcalde Jairo del Pino, militante republicano, recibe un sueldo mensual de $4.034.038. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmó su viaje mediante registros migratorios.
Este incidente se inserta en un contexto más amplio de irregularidades. La contralora general Dorothy Pérez había denunciado que cerca de 25.000 funcionarios públicos hicieron un mal uso de licencias médicas para viajar al extranjero entre 2023 y 2024. Sin embargo, la situación de Jiménez es particularmente relevante, ya que ocurrió durante la gestión actual de Del Pino.
Ante los hallazgos, la Contraloría ordenó la apertura de un sumario administrativo en la Municipalidad de Pinto y remitió los antecedentes al Ministerio Público para una posible investigación penal, además de notificar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe acciones por posible daño al fisco.
Expertos en administración pública advierten que conductas como la de Jiménez erosionan la confianza en las instituciones y pueden conllevar sanciones, como destituciones o multas. "Es un abuso que afecta directamente a los recursos públicos y a la credibilidad de los cargos de confianza", comentó un analista en gobernanza local.
Hasta el momento, la Municipalidad de Pinto no ha emitido declaraciones oficiales. Se especula que el alcalde Del Pino, quien asumió en 2021, podría enfrentar cuestionamientos por su papel en la designación y supervisión de Jiménez.
Este escándalo se suma a otros casos de uso indebido de licencias en municipios chilenos, avivando el debate sobre la necesidad de un mayor control y fiscalización de estas prácticas. En respuesta, la Contraloría ha intensificado sus auditorías en el último año.
El Ministerio Público evaluará posibles delitos, como fraude al fisco o falsificación de documentos, mientras que el CDE podría buscar la devolución de los dineros percibidos durante la ausencia injustificada.
La sociedad civil en Pinto ha reaccionado con indignación, exigiendo transparencia. “No es justo que los vecinos luchan por servicios básicos mientras funcionarios viajan con plata del Estado”, expresó un ciudadano en redes sociales. Este caso resalta la urgente necesidad de reformas en el sistema de licencias médicas, como la implementación de verificaciones digitales y cruces de datos con migraciones para prevenir abusos futuros.
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