Victor Manuel Arce Garcia
La tarde del 30 de enero de 2026, un nuevo capítulo del controvertido Caso Convenios se escribió con la detención de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación ProCultura, por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Esta operación, que tuvo lugar en su domicilio en Ñuñoa, responde a una orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago relacionada con el polémico programa de prevención del suicidio “Quédate”. Este caso ha adquirido notoriedad nacional por las acusaciones de fraude y malversación de fondos públicos.
Los medios de comunicación, entre ellos T13 En Vivo, reportaron que Larraín fue llevado esposado, un momento capturado por las cámaras que retrataron su salida del hogar, donde fue registrado junto a miembros de la Brigada Anticorrupción de la PDI. Este arresto se produjo en un contexto más amplio, donde el tribunal también solicitó la detención de otras cuatro personas vinculadas a la fundación: María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno y Gabriel Prado. Estos individuos están bajo investigación por el fiscal Juan Castro Bekios, quien lidera posibles delitos financieros en la ejecución de fondos públicos otorgados a través de convenios con el Gobierno Regional Metropolitano (Gore RM).
La evolución del caso revela un panorama inquietante en la gestión de recursos públicos asignados a organizaciones no gubernamentales. La Fundación ProCultura, recibidora de significativos subsidios del Gore RM, se encontraba bajo la lupa por la supuesta falta de transparencia y *rendición de cuentas en sus actividades financieras. Larraín, un reconocido psiquiatra con una extensa trayectoria en salud mental, ha sido un referente en esta área desde la fundación de ProCultura en 2010, y su implicación en este escándalo resalta la grave problemática de corupción en el sector.
En octubre de 2024, la PDI ya había realizado un allanamiento en su propiedad, confiscanondo varios dispositivos electrónicos. Esta nueva detención reabre preguntas sobre la efectividad de las fiscalizaciones sobre las ONG y pone en entredicho la conexión entre estas organizaciones y las autoridades políticas. Asociaciones periodísticas han insinuado vínculos entre ProCultura y el círculo cercano al Presidente Gabriel Boric, lo que añade una capa adicional de complejidad a la narrativa.
Larraín, al momento de su detención, declaró su "total inocencia", un alegato que se escuchó ante las cámaras presentes. La diligencia no sólo se limitó a su captura; también incluyó la búsqueda de evidencias adicionales en un procedimiento que se extendió durante varias horas. La formalización, programada para el día siguiente, es un hito crucial en la evolución del caso. Los cargos que podrían enfrentar Larraín y los otros acusados incluyen asociación ilícita, fraude y malversación de fondos, lo que podría resultar en la imposición de medidas cautelares severas, según las evaluaciones de expertos en derecho penal.
El Caso Convenios no se limita a la Región Metropolitana, ya que se han revelado irregularidades en regones como Antofagasta y Araucanía, evidenciando la magnitud y el carácter sistémico de los problemas de transparencia en el manejo de fondos estatales. Esta detención de una figura prominente como Alberto Larraín intensifica el llamado a la acción para reformar el sistema de transferencias de recursos a ONG, pidiendo una regulación más estricta y mayor vigilancia sobre el uso de estas asignaciones.
En un contexto donde la sociedad sigue de cerca el desarrollo de estas investigaciones, quedó claro que la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia pública son urgentes y necesarios. La detención de Larraín no solo representa un acontecimiento aislado, sino un símbolo del desafío más grande que enfrenta Chile en su camino hacia la probidad en el uso de los recursos públicos.
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