El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago separó la arista Fundamenta de la denominada trama bielorrusa, según informaron los querellantes. La investigación incorpora una acción judicial que busca esclarecer eventuales pagos relacionados con una sentencia favorable al proyecto Eco Egaña, en Ñuñoa.
Un nuevo avance judicial se registró en el caso Fundamenta, investigación relacionada con presuntas irregularidades en la tramitación de una causa ante la Corte Suprema. Según un comunicado difundido este jueves 12 de noviembre, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud del Ministerio Público para separar esta arista de la denominada trama bielorrusa.
Durante la misma audiencia, la Fiscalía acumuló a la investigación una querella presentada por el abogado Gabriel Muñoz en representación de Patricio Herman, Alejandro Jiménez Michaelis y Rodolfo Acha. La acción busca determinar si existieron pagos destinados a acelerar una sentencia que favoreció al proyecto inmobiliario Eco Egaña, desarrollado por Fundamenta en la comuna de Ñuñoa.
La causa original corresponde al RIT O-11340-2024, mientras que la querella de los particulares fue identificada con el RIT O-12963-2026. De acuerdo con los antecedentes entregados por los denunciantes, esta última acción fue admitida a tramitación el 28 de octubre de 2026.
La investigación apunta a posibles pagos relacionados con una sentencia judicial
Uno de los antecedentes que los querellantes solicitan esclarecer es un depósito de $13 millones realizado el 28 de febrero de 2023 en una cuenta de Gonzalo Migueles, entonces pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
La investigación deberá establecer el origen, destino y eventual relación de esos recursos con las actuaciones judiciales vinculadas al proyecto Eco Egaña. La existencia de una transferencia, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito ni permite atribuir responsabilidad penal a quienes aparecen mencionados.
Los denunciantes consideran relevante examinar la oportunidad en que se dictó la sentencia, debido a que los honorarios acordados con los abogados que prestaban servicios a la inmobiliaria habrían estado relacionados con los resultados y plazos de la gestión judicial.
El Consejo de Defensa del Estado amplió su querella
El 4 de noviembre de 2026, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó oficialmente que había ampliado su querella en la arista Fundamenta, atribuyendo presuntos delitos de cohecho y prevaricación a Ángela Vivanco.
La acción también se dirige contra Víctor Gonzalo Migueles por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, y contra los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber por eventuales delitos de soborno y lavado de activos.
Según el CDE, los abogados habrían efectuado pagos ilícitos a la exmagistrada a través de Migueles con el propósito de obtener actuaciones y resoluciones favorables a la inmobiliaria. El organismo también sostiene que determinadas operaciones financieras habrían sido utilizadas para ocultar el movimiento de recursos.
Estas imputaciones forman parte de una investigación penal y deberán ser acreditadas ante los tribunales. La presentación de una querella no constituye una sentencia condenatoria.
Los antecedentes de la recusación del exministro Sergio Muñoz
La controversia también involucra la salida del entonces ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz Gajardo de la causa relacionada con Eco Egaña. Antes de la resolución favorable al proyecto, la inmobiliaria consiguió que el magistrado fuera apartado del conocimiento del litigio.
Una investigación periodística de CIPER, basada en antecedentes contables entregados por el Servicio de Impuestos Internos a la Fiscalía, documentó pagos por aproximadamente $410 millones asociados a asesorías jurídicas que incluían la estrategia para recusar al magistrado.
Los antecedentes sobre esa recusación adquirieron posteriormente relevancia política. Una declaración jurada de una ejecutiva de la inmobiliaria fue utilizada entre los elementos relacionados con la acusación constitucional presentada contra Muñoz.
El Senado confirmó oficialmente que el 16 de octubre de 2024 aprobó los dos capítulos de la acusación constitucional contra el magistrado, lo que significó su destitución y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante cinco años.
La destitución fue consecuencia de una decisión constitucional del Congreso. No debe confundirse con una condena penal por los hechos que actualmente se investigan en la arista Fundamenta.
Querellantes piden esclarecer quién financió los eventuales pagos
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad y uno de los querellantes, recordó que había cuestionado públicamente los cambios de criterio judicial observados durante la tramitación del caso.
Herman sostuvo que los vecinos afectados tienen derecho a conocer si la resolución que terminó favoreciendo al proyecto inmobiliario estuvo influida por conductas ilícitas.
Por su parte, el abogado Gabriel Muñoz señaló que la querella busca seguir el recorrido de los recursos e identificar a quienes eventualmente pudieron haber financiado pagos indebidos.
“Pedimos seguir ese depósito de dinero hasta su origen y esclarecer qué sabían quienes contrataron a los mencionados abogados. Si hubo un soborno, la investigación debe alcanzar a quien lo financió”.
El abogado también manifestó que, si se acreditan delitos relacionados con la obtención de la sentencia, los querellantes buscarán que la Corte Suprema examine la resolución y evaluarán acciones destinadas a obtener su nulidad.
La eventual revisión del fallo dependerá de los resultados judiciales
La Fundación Defendamos la Ciudad anunció que solicitará la anulación del fallo favorable a Fundamenta si se acreditan los delitos denunciados. Sin embargo, una eventual condena penal no implica necesariamente la nulidad automática de una sentencia anterior.
Cualquier solicitud de revisión deberá ajustarse a los mecanismos procesales aplicables y ser resuelta por el tribunal competente. Por ahora, el objetivo inmediato de la investigación consiste en determinar si existieron pagos ilícitos, quiénes participaron y qué relación pudieron tener con las decisiones judiciales.
Una investigación con consecuencias para la confianza en la justicia
La separación de la arista Fundamenta permite que los antecedentes vinculados al proyecto Eco Egaña sean examinados dentro de una investigación diferenciada. La incorporación de la querella de los vecinos amplía la participación de quienes cuestionaron las decisiones relacionadas con el desarrollo inmobiliario.
El caso también plantea interrogantes sobre la transparencia de las asesorías jurídicas, la trazabilidad de los pagos y los mecanismos destinados a prevenir conflictos de interés en los tribunales superiores.
El Ministerio Público deberá determinar si los antecedentes reunidos permiten establecer responsabilidades penales. Hasta que exista una resolución judicial definitiva, las personas investigadas mantienen su presunción de inocencia.
Para los querellantes, el objetivo es esclarecer si la sentencia favorable a Fundamenta respondió exclusivamente a criterios jurídicos o si existieron actuaciones irregulares que pudieron afectar la independencia del proceso.
La investigación entra así en una nueva etapa, con una causa separada, una querella incorporada y preguntas pendientes sobre el origen de los recursos y la actuación de quienes intervinieron en el litigio.
