Elena Carvajal Gorosábel
El desafío más apremiante que enfrenta el gobierno de José Antonio Kast en el ámbito de la salud no radica únicamente en heredar una red hospitalaria tensionada, sino en transformar un sistema que, a pesar de ciertos avances recientes, sigue sin ofrecer atención oportuna a millones de chilenos. En declaraciones a The Times en Español, Natalia Yankovic , , experta en economía de la salud y académica de la Escuela de Negocios ESE de la Universidad de los Andes (Uandes) señala la necesidad imperativa de ir más allá del "más cemento". En un contexto de alta demanda post-pandemia y restricciones fiscales, la clave está en la gestión eficiente de la capacidad existente, que puede proporcionar resultados equivalentes a los de nuevos hospitales, pero en plazos mucho más cortos.
Los Centros Regionales de Resolución (CRR) son un ejemplo tangible de esta estrategia: lograron aumentar en cerca de un 47% la resolución quirúrgica utilizando los mismos recursos, contribuyendo a la notable disminución de los tiempos de espera No GES reportados por el Minsal en 2025, con una mediana de 251 días en cirugías, el mínimo desde 2016. Este modelo de eficiencia operativa debe ser el eje central de cualquier plan serio en salud.
Sin embargo, persiste un problema estructural. La infraestructura prometida —como el Hospital del Salvador (avanzando al 98% pero con retrasos crónicos), el Instituto Nacional de Geriatría, y otros hospitales en Buin-Paine, Melipilla, Sótero del Río, Ñuble, y Red Maule—, aunque representa un alivio necesario, evidencia retrasos sistemáticos que son una vergüenza nacional. Los cambios en diseño, los interminables permisos y la absurda separación entre el ministerio que concesiona (Obras Públicas) y el que opera (Salud) crean ineficiencias que afectan directamente a los pacientes. El Hospital del Salvador, en particular, simboliza la parálisis burocrática que exacerba las listas de espera.
Las concesiones hospitalarias han sido útiles para construir y mantener infraestructura, pero, como advierte Yankovic, no garantizan productividad clínica ni control de costos operacionales. La propuesta de avanzar hacia concesiones de gestión clínica completa —donde el sector privado asumiría la responsabilidad de la productividad, resultados clínicos y listas de espera— es interesante, pero arriesgada. Las experiencias internacionales han sido mixtas: algunos modelos logran mejorar la eficiencia, mientras que otros pueden generar inequidades o costos ocultos. Lo más prudente es iniciar con pilotos acotados, medir rigurosamente, y escalar únicamente con evidencia sólida.
El gobierno de Kast llega con promesas ambiciosas, como el Plan Zero, orientado a eliminar listas de espera a través de derivaciones masivas al sector privado, con una inversión aproximada de 770 millones de dólares vía ajuste fiscal. Este enfoque resuena con la necesidad de una gestión ágil y un uso intensivo del sector privado bajo convenio Fonasa. Sin embargo, el éxito dependerá de la ejecución. Si se reduce a simples derivaciones sin reformar los incentivos internos del sistema público, el alivio será temporal. Kast deberá fusionar lo mejor de ambos mundos: potenciar los CRR y promover la gestión eficiente en el sector público, acelerar la infraestructura sin excusas burocráticas, y explorar, con cautela, modelos mixtos que evalúen resultados en listas de espera, calidad clínica y equidad.
La salud no admite más excusas ni demoras. Los chilenos no pueden seguir esperando años por una cirugía o consulta. El gobierno entrante cuenta con una ventana estrecha para demostrar que la eficiencia, el mérito y la coordinación pueden superar la inercia estatal. Si lo logra, no solo reducirá listas de espera: también restaurará la confianza en un derecho básico que hoy se siente vulnerado. Si falla, el diagnóstico será el mismo: más promesas incumplidas en un sistema que requiere una cirugía mayor.
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