Irmina Herrera
El juez Daniel Urrutia justificó con detalle su decisión de mantener en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León. En la resolución entregada este jueves, el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sostuvo que la libertad del imputado genera un peligro concreto para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de los hechos, la posible sanción elevada y la existencia de una red sistemática de fraude al fisco.
Según la resolución judicial a la que tuvo acceso esta redacción, Urrutia describió un esquema organizado que habría desviado recursos públicos mediante facturas falsas rendidas al Congreso. El magistrado destacó que Lavín León habría transformado su rol de representante popular en un mecanismo de captación de fondos para fines partidarios y electorales, configurando lo que calificó como una “red de corrupción” con uso de estructura estatal.
Entre los argumentos centrales figuran el riesgo de fuga, derivado de la posición económica y los contactos internacionales del imputado, y el peligro de obstrucción a la investigación, ante la posibilidad de que se destruyan o alteren pruebas documentales y digitales aún pendientes de peritaje. El juez también valoró la reiteración delictiva, ya que los hechos se habrían extendido por varios años y comprometido montos significativos de asignaciones parlamentarias.
Documentos del tribunal consultados confirman que la Fiscalía presentó evidencia de un call center operado desde instalaciones de la UDI con fondos supuestamente legislativos. Urrutia consideró que estos antecedentes configuran un delito de alta lesividad social, por lo que la medida cautelar resulta proporcional y necesaria para resguardar el proceso.
La resolución se inscribe en una tendencia observable en los últimos años: los tribunales han endurecido las medidas cautelares en investigaciones por mal uso de recursos públicos. Tras la ola de formalizaciones a exparlamentarios, los jueces exigen mayores garantías cuando los imputados ocuparon cargos de representación popular y los hechos involucran fondos fiscales. El caso Lavín León, vinculado a una familia con trayectoria política, pone a prueba esa línea jurisprudencial.
Voceros del caso señalan que el magistrado ponderó también la ausencia de colaboración efectiva del imputado en etapas previas de la indagatoria, lo que reforzó la percepción de riesgo procesal. La defensa había argumentado falta de peligro y proporcionalidad, pero el juez estimó que las cautelares alternativas no bastaban para neutralizar los riesgos identificados.
Con esta prisión preventiva confirmada, la causa entra en una fase clave. Los próximos meses definirán si el tribunal acoge las peticiones de la Fiscalía para ampliar la investigación o si la defensa logra revertir la medida en alzada. El precedente que marque este caso influirá directamente en otras pesquisas abiertas contra exlegisladores, porque establece el estándar que los jueces aplicarán ante hechos similares de desvío de fondos públicos. La decisión de Urrutia envía una señal clara: en causas de fraude al fisco con connotación política, la prisión preventiva no es excepcional, sino una herramienta legítima cuando concurren riesgos graves.
Síguenos en nuestras Redes Sociales
