Javier Saldívar Flores
Tras semanas de rechazo a un mayor endeudamiento, la Primera Ministra ordena al Ministerio de Finanzas estructurar un fondo suplementario para reactivar los costosos subsidios energéticos familiares y contener una inflación mayorista que toca máximos de tres años.
TOKIO — La realidad geopolítica en las rutas de suministro de combustibles ha terminado por doblegar el ala dura de la ortodoxia fiscal en Japón. En un drástico giro político, la primera ministra Sanae Takaichi confirmó este lunes ante los líderes de la coalición de gobierno que ha instruido a la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, para que comience la elaboración de un presupuesto adicional para el año fiscal 2026. La medida busca levantar un dique de contención financiero ante el encarecimiento global del petróleo y las materias primas, espoleado por la prolongación de las hostilidades militares en Oriente Medio.
Este anuncio dinamita la promesa inicial de la administración de Takaichi, que llegó al poder con el compromiso de limitar la dependencia estructural de los paquetes económicos complementarios y no emitir nueva deuda soberana. Sin embargo, el encarecimiento de los costos de importación —agravado por la debilidad crónica del yen— llevó a la inflación mayorista a un máximo del 4,9% en el mes de abril. Con las reservas estatales destinadas a subsidiar las gasolineras proyectadas para agotarse a finales de junio, el Ejecutivo se vio forzado a intervenir para evitar un encarecimiento generalizado que amenace el consumo interno durante el verano.
El nuevo diseño presupuestario, que de acuerdo con las propuestas de la oposición podría fijar un suelo de referencia de 3 billones de yenes (unos 18.900 millones de dólares), no se utilizará como un estímulo expansivo tradicional, sino como un fondo de alivio logístico de emergencia. El destino prioritario de los recursos contempla dos ejes asistenciales:
Subsidios a los mayoristas petroleros: Financiamiento para sostener el tope artificial del precio de la gasolina en los surtidores en torno a los 170 yenes por litro, un programa activo desde mediados de marzo que consume cientos de miles de millones de yenes mensuales.
Retorno del subsidio eléctrico y de gas: Reactivación de los descuentos directos en las facturas energéticas de los hogares entre julio y septiembre, los meses de mayor demanda eléctrica debido al uso residencial de aire acondicionado.
No obstante, el verdadero nudo gordiano para La Moneda japonesa radica en el origen de los recursos. Fuentes gubernamentales con conocimiento directo de las deliberaciones han confirmado que el fisco tendrá que recurrir a la emisión de nueva deuda. Esta perspectiva ha desatado un terremoto inmediato en el mercado de renta fija: el rendimiento de los bonos del Estado japonés a 10 años (JGB) escaló hasta el 2,8%, registrando su cota más alta desde octubre de 1996, ante el temor de los inversionistas a un deterioro severo de la sostenibilidad fiscal nipona.
El giro expansivo de Takaichi añade una capa extra de complejidad a la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón (BOJ) programada para junio. El emisor central, dirigido por Kazuo Ueda, se encuentra bajo una intensa presión para normalizar sus tipos de interés e incrementarlos hacia el umbral del 1% para frenar las presiones importadas.
La coincidencia de un estímulo fiscal financiado con deuda junto con un endurecimiento monetario de la banca central arriesga generar el temido escenario de una "triple venta" coordinada en los mercados de Tokio: una caída simultánea en los precios de las acciones, el valor de los bonos y la cotización de la divisa. Entidades internacionales como la OCDE han instado reiteradamente a Japón a preservar sus amortiguadores fiscales, advirtiendo que los paliativos temporales a los precios de la energía dilatan las reformas estructurales que la economía del archipiélago necesita para recuperar competitividad global en un entorno global hostil y volátil.
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