Irmina Herrera
El Juzgado de Garantía de Temuco visó la acción legal por prevaricación imprudente interpuesta por tres oficiales sancionados en la causa del Regimiento Húsares de Angol. La defensa acusa un patrón sistemático de fallos que omiten la conducta individual de los procesados basándose únicamente en su pertenencia institucional. "Sancionar el horror no autoriza a abandonar la norma", advierte la abogada Carla Fernández.
Las fronteras técnicas entre el rigor de la justicia transicional y las garantías fundamentales del debido proceso han entrado en una fase de profunda revisión en los tribunales del sur del país. El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella por prevaricación imprudente en contra del ministro en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre. La acción judicial, deducida formalmente por tres oficiales en retiro sancionados en el marco de la emblemática causa del Regimiento Húsares de Angol, acusa la existencia de fallos viciados por la ausencia de descripción de conductas delictivas individuales.
El reproche central articulado por los querellantes apunta de forma directa a la regularidad de la matriz interpretativa utilizada por el magistrado. De acuerdo con el texto ingresado, las tres víctimas de la resolución judicial recibieron condenas en calidad de autores ejecutivos —quienes intervienen en el hecho de manera inmediata y directa— sin que el dictamen del ministro describiera de forma científica qué conducta fáctica realizó específicamente cada uno de ellos en el sitio del suceso.
El sustento técnico de la querella desnuda una severa contradicción material entre los hechos validados y las coartadas temporales y geográficas de los procesados. Los descargos de los oficiales en retiro —que no registran contradicciones en los expedientes de control— confirman que uno de ellos se había retirado antes de que se ejecutara el fusilamiento, otro arribó al recinto militar cuando el acto ya había concluido, y el tercero se hallaba en la comuna de Lota, a cientos de kilómetros de distancia del lugar de los hechos al momento de la comisión del crimen.
Para encuadrar legalmente la sanción penal, el fallo del ministro Mesa Latorre invoca la reputada teoría del dominio del hecho diseñada por el jurista alemán Claus Roxin. Sin embargo, la abogada penalista impulsora de la tesis de la querella, Carla Andrea Fernández Montero, advierte una alteración conceptual grave en el uso de dicha herramienta dogmática:
"La teoría de Roxin fue concebida precisamente para impedir que lo punitivo derive en responsabilidad colectiva. Aquí se emplea al revés: el reproche nace de la mera pertenencia a una unidad militar. Cuando la defensa pidió que se precisara la conducta de cada acusado, la contestación fue un aforismo: 'iura novit curia', el tribunal conoce el derecho ".
La defensa corporativa de los recurrentes enfatiza que el caso del Regimiento Húsares no constituye una resolución opinable o un error aislado de la magistratura, sino una matriz que se repite en al menos veintiséis causas tramitadas bajo la conducción del mismo ministro en visita en la macrozona sur. Las estadísticas del control judicial confirman la profundidad del desajuste: nueve de estas sentencias ya han sido dejadas sin efecto por la Corte Suprema de Justicia al constatar la vulneración de las reglas mínimas del debido proceso.
El factor del retardo procesal ha impreso además una dramática arista humana a la controversia. Cinco de los acusados originales nunca tendrán revisión judicial de sus condenas, toda vez que fallecieron en condición de ancianos y enfermos antes de que sus recursos lograran ser tipificados por el máximo tribunal. La gravedad del conflicto competencial forzó a que seis jueces de letras de Temuco y la totalidad de los miembros de su Corte de Apelaciones debieran apartarse formalmente de los procesos e investigaciones seguidos en contra de este ministro.
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| BALANCE DEL CONTROL JUDICIAL SOBRE CAUSAS DE EXCEPCIÓN |
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| • Total de causas del ministro con matriz punitiva idéntica: 26 procesos. |
| • Sentencias y resoluciones dejadas sin efecto por la Corte Suprema: 9 fallos. |
| • Imposibilidad de revisión: 5 procesados fallecieron ancianos o enfermos. |
| • Recusaciones y desvinculaciones: 6 jueces y toda la Corte de Temuco apartados.|
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| Fuente: Datos consolidados del Expediente de Garantía de Temuco, 2026. |
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La admisibilidad de esta querella por prevaricación se instala en la antesala de la Cuenta Pública del 1 de junio, obligando a los comités de la alta dirección pública a evaluar los estándares de fiscalización de los tribunales de DD.HH. Para los analistas del circuito penal, el caso plantea una interrogante epistemológica ineludible respecto a los límites del poder sancionatorio del Estado chileno: ¿cabe perseguir los crímenes más graves con procedimientos que reproducen su misma lógica autoritaria de responsabilidad grupal?. Como concluye de forma tajante la abogada Fernández Montero, el resguardo de la regularidad republicana exige recordar que sancionar el horror no autoriza a abandonar la norma que separa de forma perentoria al juez del justiciero en todo el territorio de las Américas.
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